MÁS ACELERANTES A LAS LLAMAS ENTRE EL GOBIERNO Y OPOSICIÓN
VOXPRESS.CL.- El siniestro procedimiento utilizado por la izquierda, incitada por el Partido Comunista, en su proyecto laboral de las 40 horas semanales, originó una impensada voltereta en la, hasta ahora, tormentosa ‘política de los acuerdos’ del Gobierno. A ese mal rato, en La Moneda se vivió otro igual de irritante, con la acusación constitucional en contra de su ministra de Educación, Marcela Cubillos, considerada “la joya” del Gabinete.
El proyecto de la comunista Vallejo, de apenas tres artículos –algo realmente descabellado- salió aprobado por la Comisión del Trabajo, con mayoría izquierdista de diputados, en cosa de horas, en tanto las iniciativas del Gobierno deben esperar semanas o meses, si es que la oposición tiene la generosidad de ponerlos en discusión. En un año y medio de confrontación Ejecutivo-Legislativo, el obstruccionismo opositor parece haber gozado con el no respeto y la omisión de las urgencias que el Gobierno pone a sus proyectos de ley.
Siendo el chileno un sistema Presidencial, en rigor, quien ha manejado los tiempos y los ritmos de las leyes ha sido el Congreso Nacional en virtud de su mayoría. Muchas de las iniciativas gubernamentales, por no decir casi todas, salieron del Parlamento con indicaciones ajenas o ignoradas en el texto original, pero sí del gusto opositor.
Es tragicómica la postura asumida por la izquierda, en particular el PS, que se opone con terquedad a cualquiera mejora o corrección de las leyes promulgadas por Bachelet, algunas de ellas, aberrantes, pero atosiga con modificaciones los textos del Gobierno.
Así como Vallejo desempolvó su proyecto archivado durante dos años por “irremediablemente inaplicable”, ahora la izquierda puso en tabla otro no presentado ni respaldado por La Moneda, el del matrimonio homoparental. De acuerdo a las advertencias de organizaciones y Fundaciones homosexuales, si el Ejecutivo no lo respalda será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por no respetar un compromiso de Michelle Bachelet” en tal sentido.
Al margen de que se trata de regímenes y programas totalmente distintos y no vinculantes, está fuera de toda lógica que se lleve al Gobierno ante la CIDH por este motivo, conociéndose el enorme paquete de leyes y normas que en este país favorecen al mundo gay. Independiente de contravenir el derecho natural del hombre, tal como se defiende y protege el de la tierra, el del agua, el del aire y el de los animales, parece urgente abrir un debate –entre inteligente, eso sí, no entre políticos- acaso el acto matrimonial es un derecho humano…
Como si este escenario desafiante no fuese suficiente para trabar más a un país que necesita salir rápido de las turbulencias, ahora se le añade el descubrimiento del Gobierno de que la mayoría de los proyectos engendrados por la oposición, antiguos y nuevos, tienen elementos de “inadmisibilidad”, motivo por el cual está analizando enviarlos al Tribunal Constitucional (TC) para que chequee si están dentro de los márgenes de la institucionalidad.
Aunque ha recurrido a él, y dicho tribunal se pronunció por primera vez -créase o no- durante el Gobierno de Salvador Allende-, la izquierda no cree ni quiere al TC, por considerar que es un segundo Parlamento .
Dicha instancia resolutiva e inapelable tiene por objetivo cautelar que ninguna ley sea aprobada sin ceñimiento irrestricto a la Constitución. Pero en un país, como éste, en el cual un 48% de la población no entiende lo que lee, el TC –integrado sólo por profesionales expertos constitucionalistas- es un indispensable ente fiscalizador de lo que visan quienes no están en el rango más alto de lucidez intelectual.
Esta opción del Ejecutivo de enviar un paquete de proyectos ‘cojos’ al TC, alentó todavía más la permanente conducta obstruccionista de la oposición, porque, como está dicho, rechaza este proceso de revisión adicional a las leyes aprobadas, y sabe que en estos momentos, el TC tiene mayoría de abogados proclives a la democracia y enemigos del totalitarismo, por lo que, desde ya, tal opción gubernamental la califican de “abuso”.
Volvemos a lo mismo: para la oposición no fue un abuso, sino un triunfo, el prepotente atropello en la Comisión de Trabajo de la Cámara para sacar adelante el mini proyecto laboral del comunismo. Se desentiende que tan básica y arbitraria idea es condenada sin contemplaciones por todo el mundo académico, por los pequeños, medianos y grandes empresarios, por las diferentes Cámaras de comercio y, de modo unánime, por los economistas, entre ellos dos socialistas, Mario Marcel, presidente del Banco Central, y Manuel Marfán, y un PPD, nada menos que el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. No por nada, ya está estipulada la “reserva constitucional” para éste, uno de los mayores exabruptos legislativos de que haya memoria.
Con este tipo de procedimientos totalitarios de la izquierda, resulta estéril imaginar que más temprano que tarde se presenten las condiciones para apaciguar las llamas de este fuego activo que va a cumplir dos años. Por el contrario, así como se encuentra de crispado el enfrentamiento, las brasas parecen estar pidiendo más acelerante.