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EL GRAN ZARPAZO AL BOLSILLO DE LA CIUDADANÍA

September 14, 2019

 

VOXPRESS.CL.- Con desaliento e incomprensión habrá que asumir la indolencia de las  autoridades –antiguas y actuales- frente al fallo de la Justicia que condenó al Estado a pagarle US$1.200 millones a una empresa española por no ser la responsable de las fallas de construcción del icónico puente bascular Cau Cau, en Valdivia, pero cuyas básculas no funcionan…

 

Dicho viaducto fue ideado para facilitar la intercomunicación en la capital de la Región de Los Ríos, y  con brazos levadizos para permitir el paso de navíos desde y hacia el astillero fluvial.

 

Después de cuatro años de conflictivos trabajos, en 2015 (Gobierno de Bachelet), el MOP puso término anticipado al contrato con  la empresa española que se adjudicó la licitación para construir este primer puente bascular del país. Pese a que en ese lapso, el ministerio detectó graves irregularidades, como  la intervención de un falso topógrafo –con sexto básico falsificó un título de geomensura- y constató una diferencia en la alineación de los pilotes, igual siguió adelante como si nada. En 2015, culpándola de todos los errores, el ministro Alberto Undurraga cesó unilateralmente a la empresa fiscalizadora de las faenas, la que se querelló en su contra por “presiones” para hacerla responsable de la desastrosa obra.

 

El MOP, con Undurraga (DC) a la cabeza, gastó, entre abril de 2015 y marzo de 2016, $348.912.614 millones ($1 millón diario) para mantener en pie el puente y no echarlo abajo, como se lo sugirieron dos informes técnicos. Un programa televisivo de difusión mundial de Discovery Channel, calificó el fallido Cau Cau como “la peor obra de ingeniería del planeta”, ironizando sobre gestores y ejecutores.

 

El tribunal de garantía que obliga a una compensación de más de un millón de dólares a la empresa española, llegó a la conclusión, en su fallo, que todos los problemas que impidieron la normal operación del puente “se debieron a errores de ingeniería” en su fase de estudio, labor que le compitió al MOP.

 

Luego de dos intentos fallidos, 2002 y 2005, el 2010 (Gobierno de Bachelet) se realizaron los estudios de ingeniería y de costos, tras lo cual se incluyó el gasto en el Presupuesto Anual de la nación para el 2011. A raíz del 27/F, el primer Gobierno de Piñera aplazó la inversión y, por tanto, la ejecución de la obra.

 

Estos detalles son indispensables para esclarecer que la responsabilidad de la decisión de construir Cau Cau, de los estudios y su deficitaria construcción fue de los dos Gobiernos socialistas. Por ello, no es de extrañar que los políticos y ex autoridades sectoriales de la (ex) Concertación y de la (ex) Nueva Mayoría guarden silencio, aunque se han escuchado voces desvergonzadas, intentando culpar a Azvi “porque debió haberse dado cuenta” de que los estudios de ingeniería estaban malos”…

 

La izquierda opositora no le deja pasar un solo tropiezo al Gobierno, sea actual o del pasado, algo que no tiene reciprocidad por parte del Ejecutivo, dada su reverencial conducta de lo ‘correctamente político’, y que tan pocos dividendos le ha dado.

 

El responsable del fracaso del Cau Cau es el MOP. Era la (ex) Concertación  la que estaba a su cabeza cuando en 2010 hizo los estudios de ingeniería.  Su culpabilidad es independiente de quiénes  hayan sido sus autores, si profesionales del propio ministerio o una empresa externa encargada por éste, que parece ser lo ocurrido. Es una frivolidad desentenderse de este estrepitoso fracaso de una obra pública, que le ha costado tantos recursos  al Fisco y que, ahora, para peor, debe pagar una indemnización por orden judicial.

 

Es más, las pérdidas millonarias que fueron originadas por una cadena de errores e ineptitudes  que tiene al viaducto imposibilitado de cumplir las funciones para las cuales fue concebido, no pueden quedar sin sanciones. El perjuicio es directo al bolsillo de todos los chilenos.

 

El Consejo de Defensa del Estado debiera demandar a todos quienes han tenido cuotas de culpabilidad en este estrepitoso fracaso. Resulta inaceptable, y hasta poco valiente, que desde el MOP se esté tratando de bajarle el perfil a un hecho que tuvo una amarga repercusión internacional y un costo inverosímil para los intereses, mayoritariamente precarios,  de los ciudadanos.

 

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