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SIETE VOTOS A FAVOR DE LA CORRUPCIÓN EN LA CORTE SUPREMA

September 1, 2019

 

 

VOXPRESS-CL.- Es de conocimiento el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que decidió la remoción de dos, ahora, ex ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Emilio Elgueta fue removido por la unanimidad de los 17 votos de los ‘supremos’ presentes, en tanto Marcelo Vásquez fue depuesto por 10 contra 7.

 

Elgueta fue  formalizado por prevaricación y por haber formado una sala “a su pinta” para sobreseer a Sebastián Dávalos Bachelet, en tanto el segundo fue acusado de colocar como jueza a una hija, de tráfico de influencia y de enriquecimiento indebido.

 

Un tercer juez, como se recuerda, Marcelo Albornos se suicidó antes de enfrentar esta instancia definitiva de la investigación. Se hallaba formalizado.

 

Hacía 19 años que la Corte Suprema no se veía enfrentada a la encrucijada de remover del Poder Judicial a un ministro de Corte. Fue éste, revelado a fines de 2018, el episodio más escabroso y escandaloso de todos, porque también impactó a  la masonería, al senador socialista Juan Pablo Letelier e hirió de muerte a los dos fiscales más importantes de la Región de O’Higgins, Emiliano Arias y Juan Moya.

 

Cuando se hizo público el cúmulo de irregularidades en la Corte rancagüina, la Suprema designó a la ministra María Rosa Maggi para que investigara las denuncias, y mientras avanzaban sus indagaciones fue conociendo más ilícitos. Cinco titulares del máximo tribunal solicitaron de inmediato que a los tres ministros involucrados  se les excluyera de la magistratura, a lo que una mayoría de sus colegas respondió que, primero, debían ser llevados a un debido proceso.

 

En medio del crispado juicio de la ciudadanía hacia sus instituciones públicas, y más aún contra los políticos y la Justicia, le resultó imposible a la Suprema actuar -como regularmente- ceñido a sus redes solidarias que hace años transformaron al Poder Judicial en una sociedad de socorros mutuos gracias a identidades ideológicas, de credo y de sexo.

 

En esta oportunidad fueron de tal dimensión y repercusión los hechos, que los ‘supremos’ tuvieron que hacer de tripas corazón para expulsar a antiguos hermanos, camaradas y queridos compañeros de carrera.

No obstante, las votaciones de destitución tuvieron variaciones que, una vez más, ponen en entredicho la transparencia de la Justicia. En el caso de Emilio Elgueta, los 17 votos del Pleno fueron para condenarlo, en tanto en el caso del ministro Vásquez, la percepción se dividió, con sólo 10 por su salida y 7 por su permanencia. El porcentaje de apoyo se atribuye a su abogado defensor Isidro Solís –cercano a varios de los ministros-, quien con gran perspicacia hizo dudar a algunos de su culpabilidad, llegando a decir que “en 3 mil causas falladas por él,  todas fueron sin reparo”. Algunos de los sufragantes en su favor sugirieron que continuase como juez en alguna ciudad de provincia o que fuese fiscal…

 

Dado el juramento de todo quien ingresa al Poder Judicial, se compromete -por la naturaleza de su rol a ser imparcial y, siempre, fallar por quien  tiene la razón jurídica. Parece un facilismo, y hasta una candidez, acoger como un mérito el que un juez dicte sentencia sin que ésta origine reparos jurídicos.

Una sentencia, solo una, que no se rija con estrictez a lo que establece la ley y obliga la norma, ya es una contravención, una prevaricación y, por ende, un caso típico de falta de transparencia.

 

El que falte un pago en la larga lista de fiados en el cuaderno de un almacén periférico podría ser considerado falta menor. Pero mal intencionadas decisiones de ministros del Poder Judicial chorrean hacia abajo y terminan contaminando a jueces de tribunales, fiscales y todos los funcionarios de menor rango.

 

Si no hay ejemplos cabales en las jefaturas, la consecuencia natural es que la perversa tendencia se extienda y termine replicándose en el sistema en general. Esto, solamente esto, es lo que tiene al Poder Judicial en los peldaños más bajos de la escalera de evaluación popular de las instituciones públicas.

 

Sólo basta con recordar uno de los casos emblemáticos que convulsionaron a la Corte de Rancagua: una descarada ayuda a la ex Presidenta de la República fue posible gracias a que el ministro Elgueta modificó la integración de la sala que tenía la vista del caso de su hijo Sebastián.

 

A raíz de lo rápidos acontecimientos de índole económico que resultan de prioridad para el país, pasó a un segundo orden el proyecto gubernamental, también muy necesario, de la modernización de las instituciones públicas, dentro de cuyo conjunto cae el Poder Judicial. Aunque desde ya no se percibe que se trata de una empresa fácil, dado su histórico ocultismo, Lo primero que tendrá que asumirse, a cualquier costo, es la eliminación inmediata de los jueces prevaricadores –aplicar un fallo a sabiendas de que no es el justo-; de los traficantes de influencias; de los receptores de dineros y prebendas –coimeros-; de los ‘apitutadores’ de familiares, amigos y de camaradas de partidos o hermanos de credo; de los dilatadores de audiencias e intercedores  en sentencias de otros magistrados y tribunales.

 

El método más directo para aminorar el convencimiento de la población de que la Justicia no hace justicia, es la limpieza total de los profesionales y funcionarios que huelan a sospechas. Si la Corte Suprema se quiere redimir de todas sus faltas, tiene que partir por una renovación del juramento, asumir la abstinencia de favores ideológicos, de credos u otros  y renunciar a las abundantes y atractivas tentaciones materiales.

 

De partida, y a raíz de las características de las votaciones en el Pleno de la Suprema, no sólo sus colegas, sino la población en general, tendrán que seguir muy de cerca los casos y las sentencias de los 7 ministros con votos de minoría que estuvieron a favor del exonerado por corrupto ministro Marcelo Vásquez.

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