OXÍGENO PARA LA AGONÍA DEL INSTITUTO NACIONAL
VOXPRESS.CL.- El macabro trance por el cual atraviesa el Instituto Nacional (IN) es el resultado de una falla multidisciplinaria de todos los entes involucrados en el problema. Es de cobardes atribuir la ola de inusitada violencia a su sostenedor, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Éste ha sido el único que, solitariamente, se animó a tomar decisiones, tal como lo hizo tras el incendio intencional de instalaciones del Barros Borgoño. Es decepcionante que todo el sistema de seguridad pública, Interior, los políticos, el Ministerio Público e incluso los profesionales docentes del establecimiento, pagados por el municipio, se desentendieran de un delito colectivo, muy contagioso, que afecta a toda una comunidad escolar.
No es, como se supone, el IN la única víctima del anarquismo y del extremismo juvenil: en las últimas semanas, acciones similares de los ‘overoles blancos’ –subversivos adolescentes- originaron disturbios en otros liceos, como el de Aplicación y el INBA. El nivel etario en que opera este tipo de terrorismo es como hacer una fogata sobre pasto seco: las llamas se expanden con asombrosa rapidez.
La inusitada violencia al interior y exterior del IN recuerda la realidad rural en La Araucanía, donde, también para apaciguar el terrorismo de comuneros comunistas, fallaron absolutamente todas las instancias encargadas de extinguirlo. El colapso definitivo fue el incalificable engaño sobre Inteligencia en que incurrió Carabineros con su ficticia operación ‘Antorcha’, y la caída del telón fue la cancelación de la Consulta Indígena por ser alterada por comuneros extremistas. El hecho de que, posteriormente, se haya indemnizado a las víctimas de saqueos, robos, incendios, asaltos y asesinatos, no exime de su inoperancia a todos los involucrados en la abortada solución del conflicto. Incluso, fracasaron quienes, enceguecidos por su ideología, proclamaron como héroes y mártires a los subversivos, y prueba de ello es la formalización judicial, por robo de vehículo, a la joven ‘víctima’ que acompañaba en el tractor a Camilo Catrillanca al momento de ser baleado.
Tras una votación libre e informada, el 70.2% de los apoderados del IN pidió el cese de la violencia y el imperio de la normalidad en las clases, y son 160 los alumnos de Cuarto Medio que, con financiamiento paterno, siguen pasando materia con sus mismos profesores, pero en una casa alquilada para tal efecto.
No son más de 30 los jóvenes delincuentes que se filtran al interior del liceo para lanza bombas incendiarias a diestra y siniestra. ¿Es posible que nadie pueda controlarlos, identificarlos y ponerlos a disposición de la Justicia? Varios de ellos se han quedado por su torpeza al maniobrar las botellas con combustible y han terminado en un hospital: ¿por qué ningún fiscal se constituyó para interrogarlos?
El sostenedor dice saber quiénes son –expulsados por atentados anteriores-, pero pese a esa información, que se encuentra en detalles en las oficinas del liceo, tampoco nadie ha sido capaz de actuar. Lo más cercano para controlar la violencia han sido las intenciones de Alessandri de ubicar en otros liceos de excelencia a quienes tienen reales intereses en estudiar; luego, amenazó con cerrarlo y, por último, anuncio que iba a adelantar el término del año escolar.
Dichas opciones fueron observadas con ceño adusto por el oficialismo y por La Moneda, por no ser “políticamente correctas” por la certeza de generar otro áspero enfrentamiento con la oposición. El único senador del Frente Amplio se apresuró en aprovechar la oportunidad para “exigir” la desmunicipalización de todos los liceos de Santiago.
El alcalde Alessandri terminó echando mano a la medida más suave a su alcance: solicitar su identificación a los alumnos al momento de ingresar al liceo. La primera en oponerse fue la Defensora Nacional de la Infancia, desconocedora, al parecer, de los niveles alarmantes de delincuencia adolescente en el país. Es increíble que una autoridad, supuestamente protectora de niños, avale indirectamente que algunos de ellos fabriquen y lancen artefactos incendiarios y apedreen a transeúntes.
Los funcionarios del IN han desempeñado un rol más que discutible en esta escalada violentista dada su injustificable permisividad. Sospechosamente, cuando asumen sus puestos, ya están dentro del recinto los encapuchados…A su vez, los mismos profesores debieron ser los primeros en negarse a dictar sus clases en condiciones impropias para un trabajo particularmente sensible. Peor aún, el rector declaró estar dispuesto a dialogar con los jóvenes delincuentes para “convencerlos” de no seguir con sus tropelías. Por un mínimo de respeto hacia su profesión, el plantel docente, encabezado por él, debió negarse a continuar adelante con sus actividades en un clima de tanta convulsión y descontrol. Al no hacerlo no es aventurado ni atrevido pensar en que, si no todos, muchos de ellos sintonizan con el extremismo de los encapuchados.
El conflicto del IN no es educacional, pese a que el teñido Centro de Alumnos se aferra a la permanente ausencia de profesores por licencias médicas. De ser solo eso, el sostenedor puede, y debe, proceder a los reemplazos temporales o definitivos, según las circunstancias. Pero el gravísimo problema que afecta a varios liceos emblemáticos de la comuna es de orden político, judicial y de seguridad pública. Las pocas indagaciones, aunque obvias, que se han asumido, comprueban lo lógico y previsible: estos violentistas anti-sistémicos son manejados y financiados por un colectivo extremista.
El conflicto no será de solución rápida, si es que llega a tenerla de mantenerse el escenario actual. En la semana pasada, en la Intendencia Metropolitana se realizó una reunión de ‘alto nivel’ político para encontrar alguna vía para recuperar la normalidad educativa, pero dos hechos previos pronosticaron que la ansiada mano dura, anhelada por el país y los apoderados, no sería posible: horas antes se instruyó al alcalde que grabara e hiciera público un video tranquilizador, en cuanto a que no habrá término anticipado del año escolar, y, de atrás, la ministra Marcela Cubillos prometió que “un liceo emblemático como el Instituto Nacional no puede cerrarse”. En definitiva, las autoridades de Gobierno concluyeron que hay que reforzar la seguridad del establecimiento, activar servicios de Inteligencia y solicitar un Fiscal especial, nada nuevo bajo el sol, porque todas esas medidas debieron haber entrado en vigencia hace meses e incluso el año pasado.
Apenas los apoderados progresistas y los alumnos de izquierda se percataron del refuerzo de vigilancia, con carabineros, incluso, en los techos, se indignaron por considerar que “esto es un colegio y no un regimiento”, siendo que nunca se les escuchó reprochar que un centro de estudios no puede ser un nido de terroristas. Más allá de ello, es impensable que la normalidad volverá al Instituto gracias a una vigilancia policial extrema que no será eterna.