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LA CALLE, DE TODOS O DE NADIE

August 17, 2019

VOXPRESS.CL.- De haberse tratado de alguna organización de izquierda, con absoluta certeza, lo que a continuación se relata, no habría ocurrido. Un naciente movimiento derechista y de gran sintonía con las posturas de José Antonio Kast, promovió en las redes sociales una marcha por el centro de la capital para manifestarse en contra de la Ley de Inmigración. Al tanto de ello, la oposición izquierdista cerró filas para solicitarle (¿o exigirle?) al Gobierno que impidiera su realización: tres días antes de la fecha prevista, la Intendenta metropolitana la prohibió para “cuidar a los ciudadanos”…

 

No hay que ser muy listos para descubrir que tanta obsecuencia con la oposición fue producto de alguna de las tantas transacciones en que se ha visto forzado el Gobierno para sacar adelante uno de sus proyectos. En esos mismos días en que la autorización para la marcha la puso en jaque la Intendencia metropolitana, en el Senado caminaba por la cornisa la Ley Corta Anti-Terrorista. Antes de ello, La Moneda había enviado a la hoguera a su futuro subsecretario de Educación Superior, Carlos Williamson, por antiguas críticas contra el odioso y arbitrario centro extremista INDH.

 

Un dato adicional ayuda a comprender mejor lo sucedido: Piñera ha repetido hasta el cansancio que “José Antonio Kast no es lo que Chile necesita”…

 

Aunque ninguna autoridad regional ni provincial se refirió formalmente a ello, habrá que entender dicho “cuidado a la ciudadanía” como previsión a un eventual enfrentamiento con activistas de la inmigración. Sólo eso, y nada más que eso, explica racionalmente  la determinación de Karla Rubilar de desautorizar la marcha, aunque, incluso frente a dicho riesgo, no procedió en forma ecuánime ni menos democráticamente.

 

Durante el primer régimen del Presidente Piñera y en éste, se han autorizado las más extravagantes y hasta libertinas manifestaciones públicas, porque, a juicio de la propia Rubilar, “todo el mundo tiene derecho a expresarse en las calles, pero respetuosa y ordenadamente”. Para esta oportunidad no aplicó igual criterio y asumió el rol de hada protectora de la seguridad de los ciudadanos, como si expresarse frente a la inmigración descontrolada constituyera una amenaza a la seguridad urbana.

 

El chileno es solidario, y ello lo demuestra cada vez que, con cierta frecuencia, zonas del país son afectadas por alguna catástrofe. Pero en el caso de las marejadas migratorias descontroladas que han inundado el país, no está de acuerdo y de ello deja constancia en cuanta encuesta se realiza con periodicidad sobre el tema: un 62% de la población se opone a estas invasiones permitidas, primero con los haitianos y, luego, con los venezolanos.

Todos saben que el país no está preparado ni tiene las infraestructuras ni menos los recursos para atender adecuadamente a oleadas de extranjeros que no encuentran sitios de hospedaje y tampoco empleos para obtener  ingresos que les  permitan una mínima sobrevivencia.

 

Un conocido centro comercial de avenida Providencia registró  una estadística de sus locatarios, logrando comprobar que, como promedio, tres personas pasan por los negocios dejando sus currículos "para cualquier trabajo”.

 

El “dejar hacer” con la masiva llegada de haitianos y venezolanos irritó a otras comunidades extranjeras con larga residencia en el país, que recordaron, como reproche, que ellos, en su momento, no contaron con las facilidades para regularizar su situación ni para obtener visas, como ha ocurriendo con éstos.

 

La inaudita experiencia vivida por los haitianos, víctimas de un tráfico ilegal fruto del cual hay tres personas en prisión, se ha repetido con cierto tipo de venezolanos que huyen de la miseria en su país.

El “caso venezolano”, que es lo que tiene conmocionado al país, hay que dividirlo en dos etapas. La primera incluyó  la llegada, en lapsos regulares, del mundo calificado que, con mucha anticipación, percibió lo que se iba a venir con la dictadura de Nicolás Maduro. Podríamos definirla como la “inmigración profesional”, ésa compuesta por  especialistas y expertos con todos sus papeles en regla y toda la documentación académica a la mano.

Casi en su totalidad, esta corriente migratoria se desempeña en buenos puestos de trabajo y en las áreas para las que estudió.

 

La segunda parte, la de la oleada sin control, la originaron quienes muy tarde se percataron que no tenían qué comer ni cómo sanarse de sus enfermedades, y decidieron huir sin prevenciones de ningún tipo en cuanto a documentación: Colombia, Ecuador, Perú y Chile recibieron el feroz impacto de esta oleada, en la mayoría de los casos  de venezolanos no calificados. Al revés del ordenado arribo por vía aérea de sus compatriotas profesionales, estos protagonistas del gran escape han debido recurrir a los temibles ‘coyotes’, que les cobraron entre 500 y 1.000 dólares por conducirlos a pie desde Lima hasta la frontera con Chile.

 

Ésta, la oleada grande y absolutamente descontrolada, es responsabilidad, en buena medida, del propio Presidente de la República, quien, en un arrebato de populismo y frenético de proyección internacional, ofreció la visa ‘Responsabilidad Democrática’ a todo aquel venezolano que quisiera “escapar de las garras del tirano”.

Fue, el del Mandatario, un mal cálculo político, porque sabido es que el 70% de los venezolanos cobijados en Chile sólo permanece aquí a la espera de que Maduro caiga para regresar. Pero han pasado los meses, y el dictador continúa instalado en el Palacio de Miraflores.

 

Al pillarse los dedos, La Moneda y la Cancillería fueron víctimas de sus palabras, por un lado, y quedaron presas de una presión política interna y externa para permitir el ingreso, sin documento alguno, a quienes presionan desde Perú y lo hacen clandestinamente, con todo desparpajo, por los pasos fronterizos no habilitados.

 

Es esta situación anómala y que incide negativamente en el resto de la población, la que este movimiento político  quería reprobar públicamente en una marcha que, por la composición de sus convocantes y adherentes, garantizaba total normalidad. Ni siquiera constituiría  una  manifestación masiva, ya que se materializó mediante un canal de YouTube. La negativa para llevarla a cabo por parte de la Intendencia Metropolitana, implica una discriminación y un atropello a la libertad de expresión.

 

Los permisos para desfilar por las calles han llegado a ser tan discrecionales que lo han hecho las peores expresiones de la vida nacional, y todas han contado hasta con protección policial. No se entiende, entonces,  esta contradictoria decisión, aunque se sospechan sus poco neutrales motivos. Si se trata de marchas autorizadas, la calle está disponible para todos o, en caso contrario, no se le debe facilitar a nadie.   

 

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