LOS ALCALDES Y EL NARCOTRÁFICO
VOXPRESS.CL.- En el marco de un problema que escala en violencia de modo vertiginoso, días atrás se batió todo un record en cuanto a ajustes de cuenta entre narcotraficantes: cinco muertos al interior de un minimarket con tragamonedas en una población de Puente Alto.
Llega a tal extremo el descaro con que actúan estas bandas, que el autor anunció previamente esta brutal venganza, y algunos vecinos, con reserva, se animaron a revelar la identidad del asesino. Aún más, la directora de una escuela cercana consultó acaso, “ante lo que se venía”, si era conveniente que los niños no asistiesen a clases.
Horas antes, integrantes de las pandillas en disputa quemaron una vivienda en la misma villa, y cuando llegaron bomberos y carabineros al lugar, fueron recibidos a piedrazos…para que pudiera concretarse el objetivo de que la casa se quemase en su totalidad.
Tras el cruento episodio, los vecinos poco menos que culparon de la matanza al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, reelecto en el cargo con la segunda mayoría nacional en octubre de 2016. Lo increparon por “no adoptar medidas” contra el avance del narcotráfico en las calles y pasajes de su comuna.
No tiene Codina ‘la suerte’ de su colega socialista de San Ramón, quien, al formar parte él y gran parte de los funcionarios de su municipio de una organización dedicada al ilícito negocio, los narcos no le causan más problemas que lanzar fuegos artificiales para avisar la llegada de droga.
Codina (RN) es de Chile Vamos y una carta política a futuro muy potente, de tal modo que hay que estrujarlo y desprestigiarlo frente a la opinión pública, como lo hizo groseramente un matinal del duopolio televisivo de la izquierda.
En un desesperado intento por guarecerse de la creciente violencia del narcotráfico, vecinos de muchas villas y poblaciones de comunas altamente peligrosas –San Joaquín, Peñalolén, La Pintana, San Ramón, Puente Alto, Quilicura, etc-- instalan rejas y portones en los extremos de sus pasajes y calles, pero de inmediato, por una ordenanza de la Contraloría General de la República, deben ser desmontados. No existe, tampoco, la dotación policial como para satisfacer el deseo vecinal de tener ‘puntos fijos’ de vigilancia, de tal modo que, digámoslo, los residentes de barrios amagados por el narcotráfico no tienen otra alternativa que refugiarse en sus casas y salir de ellas lo menos posible por el riesgo permanente de encontrarse en medio de una balacera.
En cuanto a la seguridad de sus vecinos, los alcaldes tienen recursos muy limitados, como la vigilancia motorizada rotativa de la guardia municipal –con prohibición de usar armas-, la instalación de cámaras en las calles y, sólo en algunas comunas acomodadas, el uso de drones y globos espías. Son herramientas acotadas, insignificantes ante el poder de fuego, la red de protección, el armamento y los recursos económicos que manejan las bandas de narcotraficantes.
Un hecho ocurrido en la población puentealtina previo a la balacera, es una gráfica de que así como hay vecinos que claman por el exterminio de estos grupos y tienen la valentía de apuntar con el dedo las viviendas habitadas por los delincuentes y en las que se trafica la droga, hay otros, del mismo barrio y la misma comuna, que los protegen. Los narcos tienen una red de familia, parientes y amigos que los ayudan, y lo más tremendo de todo es que habiendo quienes los condenan, los toleran dada su generosidad, al aportar a diversas obras comunitarias, financiar fármacos caros para un enfermo y aportar sumas extraordinarias para bingos a beneficio.
La misión de los alcaldes –no la de los ligados directamente al narcotráfico- está definida en la institucionalidad vigente, y ha debido ampliar de modo urgente su espacio de maniobra por el aumento en el consumo de droga y alcohol por parte de sus respectivas poblaciones. Pero nunca su misión ha sido la de combatir al narcotráfico, una tarea que le corresponde, en estricto rigor, a la agencia de inteligencia, a las policías y a la Justicia. Éstas son las instancias definidas para combatir un negocio criminal que se ha expandido en forma gigantesca en el país. No es Chile un territorio de paso de la droga proveniente de otros países: además del comercio minorista de estupefacientes, el país es un gran consumidor en todos sus niveles sociales, al punto de ser el número 1 en Latinoamérica, y desde sus puertos salen embarques de miles de toneladas rumbo al resto del mundo.
En varios países de Europa, Asia y América se convoca a las Fuerzas Armadas para combatir este crimen organizado, pero en Chile, ello no es posible. La Contraloría General de la República, recogiendo un “temor” de la izquierda, limitó casi a la nada misma la “colaboración” que el Ejército puede aportar al tráfico ilegal de drogas en la larga frontera norte.
Los “fantasmas militaristas” siguen muy vivos en el alma progresista criollo y cualquier presencia de uniformados en la vida pública la asocia a un estúpido riesgo golpista. El Estado, por años, ha invertido muchísimo en las FF.AA. como para desaprovechar los avances en conocimientos y estrategias que pueden aportar a las comunidades afligidas, como en este caso las innumerables víctimas del tráfico de drogas. La izquierda, hasta con reticencia, tolera que el ámbito castrense se deje ver para el 19 de Septiembre…
Nadie ignora que por lo extenso de los límites con Bolivia y Perú es por allí por donde ingresan los cargamentos con la droga, y la presencia policial no puede, con su personal, cubrir todas las áreas de tránsito prohibido.
Allí todo seguirá igual y la droga continuará ingresando a través de la gran cantidad de pasos no habilitados, de modo que la comercialización y tráfico en muchas comunas del Gran Santiago y de otras Regiones del país, continuará igual como hasta ahora.
Con 120 funcionarios de Inteligencia para todo el territorio y con las insuficientes brigadas antinarcóticos de Carabineros y de la PDI, jamás se ganará una lucha en la cual los malhechores tienen muchos más recursos que sus persecutores, y frente a la cual la Justifica es excesivamente benévola, casi cómplice.
En medio de los ataques y críticas de que fue víctima, el alcalde de Puente Alto exhibió una nómina con 70 narcotraficantes de su comuna, apresados por Carabineros y que los tribunales dejaron en libertad.
A la hora de buscar responsables de que esta batalla se esté perdiendo, y por lejos, donde menos hay que buscar responsables es entre los alcaldes, excepto, es claro, aquéllos que están involucrados en el negocio.