TERRORISMO A LA CHILENA

VOXPRESS.CL.- Cuando los grandes problemas se supeditan a pequeños intereses suele darse el escenario que se vio durante la discusión, en el Senado, del proyecto de ley corta anti-antiterrorista, presentado en forma urgente por el Gobierno, dado la ola de bombazos a domicilio.

Esta norma complementaria fue aprobada, pero en el debate, opositores de izquierda apelaron a una pobrísima retórica para intentar frenarla, pese al sentimiento generalizado de la población en cuanto a combatir como sea el creciente terrorismo en el país.

Existe en la legislación una norma que atañe a este tipo de ataques, el más cobarde de todos, pero como fue aprobada con pinzas pensando que sólo se incubó para controlar el incontrolable terrorismo rural en La Araucanía, su contenido es categóricamente frágil e insuficiente para hacerle frente a este peligro siempre latente en contra de cualquier habitante de cualquier tipo.

Terrorismo, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua es simple y claro: “sembrar el terror”. Un robo, un asalto y hasta un crimen tienen un encasillamiento y uno o más autores de figuras y características identificables por parte de víctimas y testigos.

El terrorismo, en cambio, es obra de uno o varios anónimos que, a veces, reivindican los atentados escudándose en el nombre de una organización real o ficticia.

El que por años domina la ruralidad de La Araucanía es un tipo de terrorismo, porque sus miembros atacan encapuchados y en grupos, con la finalidad de imponer el terror entre los demás, destruyendo la propiedad de otros, amedrentando para que se vayan del lugar y hasta asesinando. Aunque sus protagonistas suelen dejar señales de su procedencia –la tenebrosa CAM-, es casi imposible su identificación y captura porque actúan sostenidos por una potente plataforma de protección ideológica.

La ciudadanía sabe que los mal llamados “comuneros” que efectúan estas acciones, generalmente nocturnas, poseen un adoctrinamiento político y una formación paramilitar por parte de extremistas extranjeros de izquierda. Abundan los testimonios en tal sentido, como es el caso del activista de la comunidad subversiva Temucuicui, Marcelo Catrillanca, que obedece a las expresas instrucciones del PC local.

La oposición de izquierda se resiste a aceptar cualquier endurecimiento del combate al terrorismo, porque huele que aquél signifique la intensificación persecutoria de los encapuchados de La Araucanía. Con este negativismo por solidaridad ideológica cercenan la posibilidad de luchar con más y mejores instrumentos contra el terrorismo urbano, que, incluso, es más criminal que el rural.

Dejar un explosivo en el basurero del Metro, al interior de un convoy de éste o en un paradero del TranSantiago, tiene el exclusivo fin de matar a inocentes, casi por el placer de hacerlo. En el amplio ámbito de la violencia humana, no se conoce acto más vil y deleznable que el terrorismo.

Si bien “no tienen cara”, sus macabros autores actúan impulsados por una causa, supuestamente justa a su entender. Hay quienes matan a inocentes por alguna venganza personal, por apego a un credo, por un nacionalismo exacerbado, por alguna fobia, por atacar a otra ideología o por estar disconformes no sólo con sus vidas, sino, con el mundo que habitan.

La impronta del terrorista es su cobardía: pese a tener convicciones tan fuertes en la materia que invoca, no es capaz de expresarla de frente y en forma pública. Opta por el anonimato, no deja huellas, falsifica eventuales pistas y después se refugia en una reivindicación colectiva sin procedencia.

Respecto a los dos últimos atentados con explosivos, contra una comisaría y contra un ex ministro de Estado, se concluye que el movimiento internacional que se atribuyó la autoría es de índole anarquista, pues envió un explosivo a un mayor de Carabineros por “estar a cargo” de un territorio donde hace 21 años fue ultimada por la policía una anarquista. En esa fecha, el destinatario, que recibió el estallido en pleno rostro, con suerte era apenas un alumno de la Escuela de Oficiales.

En esta discusión por la ley corta en el Senado, uno de quienes llevó la voz cantante para oponerse fue el PS José Miguel Insulza. Entre muchas otras vaguedades, dijo estar en contra por no entender “por qué se habla de terrorismo en La Araucanía y cuando se quema un bus en la Alameda de Santiago se lo denomina delito común”. Cubrirse el rostro con capuchas para Incendiar un transporte con pasajeros con bombas Molotov, es también un acto terrorista, como el que protagonizan puñados de extremistas en el Instituto Nacional, que fabrican en su mismo liceo artefactos explosivos, intentan quemar a profesores y secuestran al resto del alumnado en falsos paros forzados.

Cuesta entender que un individuo que pasó por la universidad, como el senador Insulza, haya llegado a decir que “el Gobierno nos ha hecho un relato de movimientos que reivindican sus acciones, pero no nos da nombres”…Insólito, por decir lo menos: la ley corta pide más facultades precisamente para infiltrarse en los grupos sospechosos, evitar los bombazos, apresarlos y, recién ahí, conocer sus identificaciones. Al menos hasta la fecha, no se conoce de un terrorista que difunda su identidad antes de ejecutar su criminal acción.

Es incomprensible que una mente humana llegue a empequeñecerse en extremo por motivos ideológicos y se oponga a las herramientas requeridas para combatir a un terrorismo que ya se instaló en gloria y majestad en el país. Es sorprendente la vista corta de un personaje que fue Canciller y Secretario General de la OEA, quien, nos imaginamos, gracias a esos cargos conoció de cerca cómo en el resto del mundo las naciones se aglutina en torno a cualquier mecanismo para luchar con mayor perfección contra estos anónimos y bestiales autores de asesinatos por darse un gusto personal.