EL CONGRESO EN SANTIAGO
VOXPRESS.CL.- Otra vez, de las muchas ocasiones anteriores, se ha puesto en la agenda del debate la posibilidad –porque no es más que eso- que la sede central del Congreso Nacional regrese a Santiago, a sus históricas instalaciones del monumento arquitectónico, ubicado en la manzana Catedral, Bandera, Compañía y Morandé.
En el extremo suroriente de ese cuadrado estuvo ubicado el templo de los jesuitas que, al incendiarse el 8 de diciembre de 1863, mató a 1.400 fieles y dio origen al Cuerpo de Bomberos de la capital.
Es un lugar rico en recuerdos gracias a la presencia de connotados hombres cultos e intelectuales, que nunca leyeron un discurso, que no requerían de asesores por ser eruditos en las materias a las que se referían con un lenguaje pletórico de recursos y con una norma que a nadie se le ocurrió violar, pese al paso de los tiempos: el buen vestir.
Sólo el hecho de no tener contraparte permitió a uno de los miembros de la (ex) Junta de Gobierno, decidir que el Congreso fuese trasladado a Valparaíso, en un humano capricho por engalanar a su ciudad y darle un protagonismo especial en la vida política nacional.
No le sirvió a Valparaíso tener en su estrecho plano la sede central del Parlamento: sigue igual, o peor, con sus problemas de siempre, e incluso, por un menor flujo de tráfico naviero, dejó de ser el “puerto principal”. Sus calles continúan desaseadas, sus cerros se queman y sus bellos miradores son hoy escenario de asaltos y crímenes a turistas.
Valparaíso jamás ha hecho una defensa corporativa para que el Congreso Nacional continúe allí y no retorne a la capital. Los porteños, su comercio, sus empresas y sus habitantes saben mejor que nadie que la presencia allí del Poder Legislativo no les ha retribuido una mejoría en sus vidas. Además, hoy, el edificio, necesita arreglos por 6 mil millones de pesos.
Declarada Patrimonio de la Humanidad, el Congreso, con una línea arquitectónica ajena al paisaje urbano, ayuda a desteñir ese honor mundial del cual pocos pueden hacer gala. No existiendo, pues, un ancla que fije la sede parlamentaria al suelo porteño, quizás la única razón de real peso para que permanezca allí no existe, porque nunca logró existir: su incidencia en el desarrollo de la ciudad.
El edificio en Santiago, luego de servir de sede a otras oficinas públicas –entre ellas, la Cancillería- ahora las oficia de sucursal, ya que empezó a cobijar otra vez a los legisladores, que hace tiempo le dan actividad con sus reuniones de comisiones. En rigor, el edificio ya es centro de operaciones, con lo que se pavimenta la idea de que vuelva a ser el escenario principal, como antaño.
Una curiosidad: el Congreso en Santiago se ubica al frente de la sede del Poder Judicial, ambas las corporaciones peores evaluadas por la opinión pública, consideradas entre las más corruptas.
En términos operativos, la gran ventaja del retorno del Congreso a la capital es el gigantesco ahorro que ello implica en una variedad de ítemes, todos con cargo al Fisco, o sea, financiados gracias a la carga impositiva de los chilenos.
La ciudadanía está al tanto del abuso de las dietas parlamentarias, las que incluyen el pago de traslados, combustible y peaje, con el agregado de que, también, se les cancela una suma por mantención del vehículo, dados los permanentes desplazamientos entre Santiago y Valparaíso, varias veces a la semana. Los viajes ida y vuelta de legisladores y funcionarios del Ejecutivo entre la capital y el puerto le cuestan al Estado 2.800 millones de pesos al año.
Otro beneficio de tener de vuelta el Congreso en Santiago es que, inevitablemente, tendría que reducirse el actual número de parlamentarios, porque simplemente todos no caben en las instalaciones antiguas.
Chile entero estuvo en desacuerdo con el aumento de senadores y diputados, y es ésta la oportunidad para que una cuestión meramente física, como es el espacio, los reduzca.
Un eventual traslado de sede está supeditado a un estudio de costos que encargó el presidente de la Cámara de Diputados. Entre las “inconveniencias” que plantean los enemigos del traslado, es la referente a los aparcaderos para los vehículos de los parlamentarios. Una alternativa al alcance de la mano, que evitaría mayores inversiones, es el alquiler de uno o dos edificios de estacionamientos públicos ubicados relativamente cerca de la sede.
La opción del retorno a Santiago sería irremediablemente inviable en el caso de que el actual e histórico recinto deba ser ampliado. Frente a una “intervención” de esta índole tendría que alinearse en contra todo el país, ello por alterar un monumento histórico y, luego, porque los “servidores” de sus compatriotas, si es que realmente lo sienten así, deberán acomodarse en lo que hay, porque ellos no pueden seguir beneficiándose con privilegios que, por ningún motivo, se merecen.