LA JUSTICIA NECESITA MÁS QUE UN CUADERNO DE REMOCIÓN

VOXPRESS.CL.- Con mucha astucia, el pleno de la Corte Suprema eligió el día y casi la misma hora del eclipse solar en el norte, para dar a conocer su decisión sobre el informe de la ministra María Rosa Maggi acerca de su investigación a tres magistrados corruptos y prevaricadores de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

El vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, informó -muy escuetamente- que se aprobó el informe de la ministra investigadora, en cuanto a aplicar cuatro meses de suspensión y la apertura de un Cuaderno de Remoción en contra de Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz (QEPD). Entre las muchas irregularidades de que se les acusa figuran recibir dineros, favorecer con sus fallos a hermanos de la masonería, intervenir sentencias de otros jueces, pactas con defensores de una de las partes, efectuar designaciones de parientes, informar de estados de procesos a amigos personales, jactarse de tener "padrinos" en la Corte Suprema, proteger a un perseguido por tráfico ilegal de fármacos, recibir coimas, etc.

El abrir un Cuaderno de Remoción parecía de mínima lógica, frente a tantos comportamientos irregulares e ilegales en la administración de justicia. Era lo menos que la ciudadanía aguardaba de la Corte Suprema, aunque progresivamente en entredicho y cada vez menos digna de crédito. Pero lo inesperado, lo asombroso e inaudito es que el vocero Lamberto Cisternas informó que tal resolución fue adoptada por "una amplia mayoría de ministros", esto es, hubo quienes -no importa si haya sido uno solo- no estuvieron a favor de abrir un proceso para destituirlos y eliminarlos del Poder Judicial.

Esto es inaceptable, ya que, al existir un margen de respaldo, se reafirma la presencia en esta institución del Estado de ministros que están de acuerdo con las trampas y las pillerías en su seno. Todo el país aguardaba que se aplicara por unanimidad una expulsión ejemplarizadora, con la finalidad de exterminar a los tantos y tantos magistrados prevaricadores que aún permanecen, intocados, en el sistema.

Luego de que la propia Corte Suprema declarara admisible la acusación por fraude al Fisco y delito tributario en contra del ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Gumucio, y luego de que la fiscal Ximena Chong pidiera 9 años de cárcel para él, el magistrado del 8º de Garantía sobreseyó el caso. Otro tribunal consideró irrelevante que un grupo de individuos "sospechosos para la policía", portasen armamento al interior de un vehículo, y optó por condenar a carabineros "por registro indebido del vehículo"…

Un emblemático caso, el del asesinato de una joven psicóloga norteamericana que hacía una pasantía en un colegio bautista de Temuco, lleva varios años sin resolución, pese a la existencia públicas -hasta revelada por TV- respecto a la implicancia de un ciudadano con nombre y apellido.

Siempre hay que tener presente el fallo del juez José Ignacio Rau, de Temuco, que dejó libres "por inocentes" a los implicados en el crimen del matrimonio Luchsinger/McKay. Al repetirse el juicio, con otro magistrado y con las mismas pruebas, dos de los "inocentes" están encarcelados, cumpliendo condena.

Rau, el prevaricador, continúa con toda normalidad su carrera judicial, gracias al respaldo que le brindó Haroldo Brito, el presidente que incluyó en la quina a postulantes a la Suprema a la ministra Dobra Lusic y quien le quitó su respaldo, tras conocer que lo habían hecho senadores de izquierda.

Un dato secundario, pero revelador: en la Región Metropolitana hay siete juzgados que rebasaron los plazos de espera para audiencias.

El Cuaderno de Remoción contra tres de los ministros de la Corte de Rancagua se abre en momentos en que la Corte Suprema se prepara, articula y organiza para hacer frente al proyecto -aceptado por la transversalidad de los partidos políticos- de transformación radical de las instituciones públicas. Al tanto de la iniciativa, el presidente de la Corte Suprema reaccionó molesto, anunciando que "el Poder Judicial tiene su propia propuesta en tal sentido".

Es sabido el tráfico de influencias y la presencia de lobbistas que hacen nata en los tribunales, pero es el secretismo que impera en su interior el que impedirá sugerir algunas acciones para poner punto final a las malas prácticas ya los malos hábitos. El Ministerio Público decidió crear y echar a andar ya mismo un instituto de perfeccionamiento para sus fiscales, los cuales, cada vez más, dejan en evidencia sus flaquezas, algunas muy elementales.

El corazón de las deformaciones profesionales y morales está en la Academia Judicial, ente que, se dice y se supone, es el responsable de preparar a los jueces para que se luzcan en los estrados gracias a sus saberes y buen criterio. Emilio Elgueta fue profesor allí y pasó por encima de todos para designar a cargo de un tribunal de Rancagua a una exalumna preferida suya.

El ideal para intentar una renovación profesional y ética integral sería que la Academia de Formación estuviese fuera del Poder Judicial, bajo la responsabilidad, por ejemplo, del Consejo Nacional para la Transparencia y con profesores realmente independientes elegidos por concurso, aunque, claro, así como se cocinan las presas en Chile, esta sugerencia no pasa de ser una fantasía.

La población se informa cada vez más de las desvergüenzuras, abusos, prebendas y derroche de dinero de los políticos del Congreso Nacional, como esas 7 mil botellas de fino vino al año que adquiría el Senado para entonar el trabajo de sus honorables. Pero, qué curioso, del Poder Judicial se suele conocer poquito o nada, porque dentro de los tribunales, de cualquier magnitud y dimensión, mandan los pactos de silencio para que circulen libres los actos de influencia, de intereses, de compadrazgo, de solidaridad, de hermandad, y, lo más grave, de supeditación: para hacer carrera hay que satisfacer a plenitud las características, incluso políticas, del jefe.

En esta institucionalizada práctica de solidaridad hermética fue en la que confió el ministro Marcelo Albornoz (QEPD), seguro de que nunca iba a trascender lo prohibido. Jamás imaginó que se abriría la Caja de Pándora, y al día siguiente de acordarse la apertura del Cuaderno de Remoción, se suicidó.

De continuar este oscurantismo al interior del Poder Judicial, la población, al tanto de que la Justicia no hace justicia, alterará el orden de sus censuras y terminará ubicando a esta institución en el último lugar de percepción popular, por debajo incluso de los políticos.

Gran desafío es el que le presenta la Justicia al proyecto de reforma a las instituciones públicas. Puede resultarle una roca imposible de perforar.