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LA JUGADA ANTI-VALÓRICA DE LA CORTE SUPREMA


VOXPRESS.CL.- Cuesta imaginarse que en el ambicioso proyecto de transformaciones de la instituciones públicas, alguien que no sean los propios jueces, puedan meter mano y desentrañar los oscuros misterios que, por años, pululan hasta en los rincones del Poder Judicial.

Siempre, aferrándose a una vaguedad como es el ceñimiento a las leyes, los magistrados hace tiempo que asumieron una doctrina de "interpretación personal" de la norma, lo que les ha permitido adecuar decisiones según sus intereses personales, ideológicos, de comunidad de credo o de hermandad masónica. Conocidas son sentencias solidarias por coincidencia homosexual.

Apenas el Gobierno anunció una reforma al Poder Judicial, su presidente, el progresista Haroldo Brito, planteó su molestia, considerando el anuncio como "una intervención indebida en un Poder independiente". El ministro de Justicia, Hernán Larraín, corrió a tranquilizarlo, explicándose que "sólo se trata de pequeñas modificaciones para el sistema de selección de aspirantes a supremos", tras el bullado fracaso del nombramiento de Dobra Lusic. Días más tarde, el magistrado anunció que "la Justicia ya tiene listo su propio proyecto en esa materia".

Memorables arbitrariedades están en los archivos de la Corte Suprema. Una de ellas, que erizó durante todos estos años la convivencia nacional, fue la determinación de un ministro, Carlos Cerda -felizmente jubilado- de desconocer en su totalidad la Ley de Amnistía y crear la figura ficticia de "detenido desaparecido" para eternizar juicios que favoreciesen su propia tendencia política y le garantizasen una carrera próspera y con el final que siempre anheló: ser supremo.

A raíz del caso Spiniak por abuso de niños, la Justicia condenó al equipo de CHV que fue enviado a hacer una entrevista con cámara oculta al ministro Daniel Calvo, homosexual, y que llevaba la causa. El autor intelectual del espionaje, el progresista Alejandro Guillier, quedó libre de polvo y paja, sin antes leer en pantalla una carta pidiendo perdón.

El pleno de la Suprema, hace poco, por primera vez borró de sus anales un fallo ejecutoriado el 2014 de un tribunal de Angol, que condenó a ocho loncos por terrorismo. Lo hizo porque lo exigió la comprobadamente izquierdista Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hace poco, a puertas cerradas, varios ministros cuestionaron la "dureza" de su colega María Rosa Maggi, comisionada para investigar a los tres jueces prevaricadores y corruptos de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Ahora, y muy recientemente, la Corte Suprema emitió un "informe en derecho" (?) en el cual afirma, oficial y definitivamente, que "condicionar la adopción de niños por parte de homosexuales y lesbianas,"viola la igualdad ante la ley" y transgrede el artículo 2° de la Convención de Derechos del Niño, la cual prohíbe toda discriminación en el ejercicio de sus derechos”-

En el supuesto de que quienes elaboraron el informe son juristas, resulta inaudito que no consideren como "derecho del niño" en proceso adopción que pueda elegir con quién vivir, si con un papá y una mamá, o con dos figuras masculinas o dos femeninas.

Lo escrito por los ministros de la Suprema y, nos imaginamos, con el aval de su presidente Brito, se refiere a una iniciativa recién en discusión y que le falta mucho camino por recorrer, de tal modo que el inaudito informe hay que considerarlo como "obstrucción a la ley", y de ello habrá que acusar a sus autores.

Dentro de las diversas indicaciones al proyecto de Adopción Homoparental, existe un artículo que dice que tras la presentación y adopción de un menor por parejas del mismo sexo, el juez debe preguntar al menor qué tipo de familia quiere, una normal u otra anormal.

Con su arbitrario informe, la Corte Suprema estima ocioso que un juez pregunte sus deseos al niño, con lo cual vulnera gravemente sus derechos consagrados en la Convención.

Desde que se anunció la discusión de esta iniciativa, hubo consenso transversal en cuanto a que hay que privilegiar al niño y no a las familias solicitantes de adopción. Desde esta perspectiva, la Corte Suprema ha incurrido, primero, en una intromisión en otro Poder del Estado; segundo, generó un informe anti-valórico y arbitrario; tercero, no actuó con apego a la juridicidad; cuarto, es tendencioso por favorecer sin contrapeso a la homosexualidad, claramente aún insertada en su seno, quinto, corresponde estrictamente a un criterio ideológico, porque ésa, la de la Suprema es la misma postura del Frente Amplio y del Partido Comunista, y sexto, vulnera los derechos de los niños, los mismos que falsamente aduce defender.

Es ésta, una de sus tantas jugadas -arteras- en que el Derecho pasa a ser secundario y prevalece una progresiva corriente prevaricadora: no hacer justifica estando plenamente consciente de ello.

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