LA GENTE LO PIDE, PERO LA IZQUIERDA LO RECHAZA

VOXPRESS.CL.- En la convicción de que no va a ocurrir, este Gobierno podría animarse a hacer una apuesta popular que le sería tremendamente favorable. Si se hace un ejercicio -ficticio, desde luego- de convocar a un plebiscito para preguntarle a la población si está de acuerdo en modernizar el Poder Legislativo, en rebajar las millonarias dietas de los parlamentarios, de impedir que se eternicen viviendo en el Congreso a costa del Fisco y de exigir a sus postulantes más preparación y, ojalá, estudios, la respuesta de la ciudadanía sería casi aplastante a favor.

El chileno, de capitán a paje, siente repulsión por el Poder Legislativo y lo considera una cueva de abusadores y privilegiados que hacen las veces de "representantes" de la población, pero tan sólo son explotadores de ella. Durante dos décadas consecutivas, y desde que se hicieron rutinarias las encuestas de opinión, senadores y disputados no se han movido del último lugar de percepción ciudadana.

En su reciente Mensaje Presidencial, Sebastián Piñera anunció una reforma a la Constitución para disminuir el número de parlamentarios y acotar sus períodos, evitando que se perpetúen en el cargo, generando un clientelismo que induce a las peores prácticas de tipo ético y moral. Andrés Zaldívar fue motejado de "vitalicio", tras permanecer casi 30 años ininterrumpidos viviendo del Fisco, y su colega Juan Pablo Letelier, es conocido como "el patrón de O´Higgins" por su incontrastable poder de visar todos los nombramientos públicos en la Región, si es que no los decidía él mismo.

Ruborizados, unos pocos parlamentarios, como el senador Quintana y los diputados Jackson y Boric, están abiertos a una rebaja de la dieta, que se la suben cuando quieren. Otro se atrevió a sugerir eliminar el tratamiento de "honorables" y le exigieron que no volviera a insinuarlo.

Un antiguo y repetido chiste se hizo famoso en las redes sociales: "está prohibido estacionar autos frente a las puertas del Congreso…porque lo pueden robar".

Recientemente, la PDI detectó evasión tributaria por el trabajo no realizado pero sí cobrado por parte de supuestos asesores parlamentarios. Hace días sumó otro delito: una cuarentena de informes por servicios personalizados tiene idéntico contenido…¡para todos!

Hubo una especie de regocijo luego del anuncio presidencial de rebajar costos en el Congreso, pero es una incógnita el destino de la reforma constitucional que lo haga posible, porque el proyecto requiere de un alto quórum en el mismo Parlamento.

La propuesta apunta a dejar a ambas Cámaras con la misma dotación previa a los cambios hechos por la ley 20.840, de Michelle Bachelet, que terminó con el sistema binominal, sustituyéndolo por uno proporcional: de 155 dejar en 120 los diputados y de 43 bajar a 40 los senadores, además de pone límites a sus reelecciones, al igual que a los alcaldes.

Según Piñera, el proyecto tiene como objetivo “oxigenar nuestra política y modernizar su funcionamiento, agilizar sus tiempos y mejorar la calidad de la legislación”. Todos esos objetivos jamás se cumplirán exclusivamente con una modificación matemática. Es imprescindible una mejor calidad humana e intelectual, un Congreso honesto, moral, preparado y trabajador.

El aumento de parlamentarios no trajo rédito alguno, sino más costo para el Fisco y el arribo de personajillos payasos con un capital de mil votos. Ha transcurrido apenas un proceso eleccionario regido por la ley 20.840, que se aprobó para "fortalecer la representatividad del Congreso Nacional", y ya se hizo necesario retrotraerla. Además, la modificación resultó casi tan injusta como el binominal, al punto que se perdieron candidatos que obtuvieron muchos más votos que los electos, como -por ejemplo- Andrés Velasco en Maule y de Lily Pérez en Valparaíso, y se permitió el acceso al Legislativo de aspirantes que rasguñaron los mil sufragios.

En su momento, la izquierda justificó el encarecimiento del costo del Congreso en la necesidad de "mas inclusión y representatividad".

Se desechó el antiguo sistema binominal porque el Congreso quedaba conformado casi invariablemente por partidos pertenecientes a los dos grandes conglomerad. La posibilidad de que terceras fuerzas y colectivos más pequeños accedieran a escaños era muy escasa. La actual norma modificó dicho escenario, ampliando el tamaño de los distritos y aumentando el número de diputados, para facilitar la opción a otros partidos y, así, "ampliar la representatividad". A ello se debió, por ejemplo, la irrupción del Frente Amplio, el cual jamás dará luz verde al reciente anuncio presidencial.

Para la izquierda, la reciente propuesta "ignora lo que significa la representación en una democracia”. Cada parlamentario -justifica- representa a un número de ciudadanos y "mientras menos existan, menos personas estarán representadas en el Congreso Nacional".

Si se pone atención a esa postura, no se alude a la calidad de la representatividad, sino a su cantidad.

Todo el país se queja de la falta de representatividad de los parlamentarios. Priorizan el enriquecimiento personal, incluso yendo más allá de lo tolerable, trastocando su rol hasta convertirlo en un abuso. Resulta evidente que el aumento de diputados y senadores no se tradujo en un beneficio para la ciudadanía ni menos en una fiel "representación de la democracia", sino en una tiranía del privilegio personal.

Que nadie olvide el histórico y comprobado razonamiento de que "la izquierda dice hablar en nombre del pueblo, pero sin considerar al pueblo".