EL TERRENO MINADO DE LA JUSTICIA


VOXPRESS.CL.- De haber sido por años una institución digna de veneración y hasta de temor por parte de la ciudadanía, el Poder Judicial fue vertiginosamente perdiendo terreno en cuanto al aprecio de la gente, y hoy su prestigio se halla por los suelos. En los últimos sondeos de opinión aparece apenas un poco más arriba de los parlamentarios, lejos los más aborrecidos por la ciudadanía.

Varios factores terminaron por corroer un Poder que se percibía intocable, precisamente, por su poder: la Justicia era la última palabra, gustase o no, se equivocara o no. Sus jueces parecían dioses que actuaban por sobre el bien y el mal.

No obstante, casi como una marejada, esa imagen de pulcritud fue barrida, y surgieron desde el interior de la judicatura las más grotescas muestras de parcialidad ideológica, interpretaciones antojadizas, fallos acomodaticios, tráfico de influencia y demostraciones de redes de ayuda mutua por identidad homosexual de una dotación de sus miembros o por el intercambio de favores entre hermanos de la masonería. A ello se sumaron repugnantes episodios de protección a quienes merecían su destitución y el padrinaje de ministros de la Suprema a algunos subalternos de las Cortes de Apelaciones, con lo cual se abrió la puerta a la corrupción.

El Poder Judicial, hoy, se halla podrido y es un ejemplo vivo de cuanto vicio se pueda esperar de la administración pública. No es casualidad que todas las instituciones del Estado que se auto fiscalizan terminan arrastrándose por el barro.

A fines del 2018 estalló uno de los capítulos más repugnantes en la historia judicial chilena: la corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua y sus vínculos con la política y el comercio ilegal. Mucho antes de anunciarlo en su Mensaje del 1 de junio, el Presidente había expresado la urgente necesidad de "modernizar" las instituciones del Estado, en una fina y diplomática alusión al anhelo ciudadano de poner término a una escala interminable de irregularidades en el seno de señeras entidades, como el Ejército, Carabineros, Gendarmería, INE, Congreso Nacional y las Cortes de Justicia, el Ministerio Público y los notarios.

Comparativamente, las ganancias y nombramientos de los notarios son una gota al lado del océano de escándalos en los otros organismos.

El fracaso de las transacciones políticas para nominar a la ministra Dobra Lusic en la Suprema, apuraron las gestiones para modificar tan arcaico proceso carente de transparencia. El Presidente hizo referencia a que fuese un ente colegiado autónomo el encargado de esa misión, ante lo cual desde la Corte Suprema saltaron como movidos por un pinchazo. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, debió reunirse con la máxima autoridad judicial, Haroldo Brito, para tranquilizarlo: "la idea -le dijo- es sólo ajustar las quinas de las postulaciones".

El calificativo de "modernización" es un trato caritativo para maquillar la cirugía total que requiere. Intentar introducirse al interior del sistema implica un riesgo enorme, porque se trata de un terreno sembrado de minas de estallido fácil. Indagar en su seno para limpiarlo es una utopía, porque si realmente se aspira a hacer cambios para mejorarlo no es cuestión de acelerar los juicios, que éstos sean imparciales y transparentar los nombramientos.

Tiempo atrás, el ex vocero de la Suprema, el procomunista Milton Juica -en su juventud voceaba El Siglo en las calles., reclamó que "los jueces nos debemos adecuar a fallar de acuerdo a malas leyes hechas en el Poder Legislativo". Sin embargo, no pocos ministros y jueces las han "interpretado" a su gusto, incluso, como Carlos Cerda, las han desconocido, haciendo prevalecer su propio sentir ideológico. Éste es el primer insuperable obstáculo con que se estrellará cualquier amago de "modernizar" el sistema: su profunda politización.

De ella, y no de factores profesionales, depende la carrera funcionaria, de tal modo que el juez debe ser coherente con la ideología de sus jefes acaso quiere subir de rango.

El tráfico de influencias seguirá siendo inevitable, como lo es en toda la administración pública. Chile es un país de compadres y apitutados, siendo el mérito un valor insignificante, casi ignorado en el ámbito laboral y, desde Michelle Bachelet, en el escolar.

Por último, el mundo de los fiscales más que colaboradores de la Justicia, son un gremio combativo preocupado de sus intereses y rentas, y de tan poca jerarquía que no trepidan en enfrentarse, denostarse y buscar popularidad en los medios de comunicaciones para proyectarse a otros sectores. La Suprema y todo el país saben que en esos cargos no están los mejores ni los más distinguidos.

Debe ser el Poder Judicial el más sofisticado para "hincarle el diente, porque sus trenzas de poder e influencia son insospechadas e interminables. A los jueces se les forma (¿o deforma?) en su propia Academia Judicial, en la cual los mismos prevaricadores y traficantes de influencias dictan clases. Por los pasillos de la mismísima Corte Suprema se pasean, entrando y saliendo a las oficinas de los ministros, conocidos lobbistas políticos, ello en tanto una abogada con una madre y una hija menor aguardan inútilmente seis horas a que la magistrada se aparezca en la audiencia a la que las citó.

Fallas administrativas como ésa, el Poder Legislativo las puede corregir. Pero lo que no cambiarán nunca ni nadie podrá explorar esos terrenos, son sus maldades, fríamente calculadas, preñadas de intereses personales y de una mal entendida solidaridad ideológica y de género.

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