UNA REALIDAD DE CHILE QUE NO RESISTE MÁS
VOXPRESS.CL.- En una edición anterior decíamos, con cierta frustración, que los chilenos somos autoflagelantes, que nos autodestruimos a raíz de nuestras propias limitaciones y trampas.
Cada día que pasa, en lugar de conocer alguna buena noticia en materia de conocimientos e inteligencia, en vez de recibir alguna lucecita de índole intelectual, somos golpeados por nuevos antecedentes que más nos hunden.
Nos imaginamos que con alguna razón, especialistas del MINEDUC establecieron cambios en los programas de estudio de terceros y cuartos medios, dejando en calidad de "electivos" los ramos de Historia y Geografía. Es decir, una palada más de contribución a la ignorancia generalizada de nuestros estudiantes, ello con la finalidad de adecuar los contenidos al new look de la futura PSU que, ahora, medirá "habilidades" y no conocimientos…
En una universidad del centro de Santiago, un alumno de tercer año de una carrera humanista respondió que en el combate naval de Iquique "participaron tres naves" y al preguntársele acerca de sus nombres, respondió "la Santa María, la Pinta y la Niña". Otro, alumno de magister de la UDP, dijo "no recordar" cómo se llamaban, por tratarse de "una mera cuestión de la memoria y ésta no tiene porqué archivarlo todo"…
En ocasiones anteriores, y en más de una oportunidad, destacamos la infinita ignorancia del diputado independiente José Auth, quien en un programa de concurso infantil de conocimientos, aseguró que la emblemática frase "¿ha almorzado la gente?" pertenecía a Bernardo O'Higgins.
Después de la conmemoración del combate naval de Iquique, la PDI obligó a arriar la bandera a un cuarteto de políticos pertenecientes a la (ex) Nueva Mayoría -uno de ellos, un gobernador designado por Bachelet- por tráfico ilegal de inmigrantes chinos, a los cuales les cobraron 5 mil dólares a cada uno.
Aún no recuperados de tan mala noticia, la ciudadanía fue informada de una investigación psicológica que revela dramáticamente la descomposición de la sociedad criolla y la terrible realidad de un segmento vulnerable de nuestra juventud: un análisis del estado mental a todos los soldados conscriptos del Ejército determinó que 1.600 de ellos debían salir en el acto de la institución por no estar en condiciones de recibir instrucción y, menos, de portar un arma de entrenamiento. Otros 1.600 quedaron "en observación" y bajo seguimiento permanente de sus jefes, por hallarse al borde de la cornisa.
Este inédito examen psicológico a los conscriptos, surgió a raíz de que uno de ellos —en marzo de este año—, de guardia en la Escuela de Caballería Blindada en Iquique, mató a tiros a dos suboficiales y, luego, se suicidó. Dicho episodio obligó a tomar medidas en cuanto a la salud mental de quienes realizan el servicio militar.
Los 9 mil conscriptos fueron sometidos a una serie de evaluaciones psicológicas y 1.537 resultaron "no recomendables" para continuar en el servicio, esto es, un 16,67% del total. En tanto, otro número similar fue considerado "recomendable pero con observaciones" y condicionados-
El 30 de mayo fueron dados de baja por "inestabilidad mental" y con su servicio miliar al día. A las semanas de que la conscripción de cada año ingresa a las unidades se le hace un examen "excluyente": a nadie se le obliga a seguir. Pero a raíz de aquella balacera en Iquique, se quiso despejar una incógnita enorme: los "antecedentes" de que son portadores.
Considerando que hoy existen en el país cuatro millones de mayores de edad que no trabajan ni estudian, su riesgo social es evidente. Muchos viven al borde de la delincuencia -si es que ya no han delinquido-, integran pandillas, ya han sido víctimas de malas prácticas y consumido o traficado drogas.
Un escenario igualmente catastrófico, pero "a otro nivel" es el que regala con mucha periodicidad el Congreso Nacional. Renuentes por décadas sus miembros a realizarse el test anti-droga -el único que lo hizo voluntariamente siendo diputado fue José Antonio Kast- y sin adoptar medida alguna por la intromisión del narcotráfico en la política -recuérdese el caso de la Municipalidad de San Ramón-, originan obvias sospechas de un eventual financiamiento narco a las campañas.
Sin dar explicaciones, los parlamentarios se subieron sus dietas y gastaron a destajo 5 millones en combustible - pagado por el Fisco- durante sus vacaciones. De paso, las siempre quisquillosas Comisiones de Ética ni siquiera invitaron a un café al senador Juan Pablo Letelier por estar directamente involucrado en la red de corrupción de la Corte de Apelaciones de Rancagua, y lo mismo ocurrió con el lobby del también socialista, y ex presidente de la Cámara Alta, Carlos Montes. para que su hijo fuera designado a cargo de una fiscalía metropolitana por parte del Ministerio Público.
La última "joyita" que el Congreso Nacional le obsequió al país fue el resultado de una investigación que la PDI realizó por "asesorías brujas" que se les paga mensualmente a los parlamentarios.
Por "falta de tiempo", como le llaman ellos, los parlamentarios encargan a "entendidos" informes sobre los proyectos de ley.
En asesorías, el Congreso destina a sus diputados y senadores $20 mil millones, los que se le ahorraría al Fisco de estar ellos adecuadamente preparados y con las mínimas competencias intelectuales para el cargo. De ese total, $ 6.600 millones se consideran defraudados al Estado, porque no hubo entrega de informes ni tampoco los ficticios "asesores" entregaron facturas o boletas por sus servicios.
De los 4 mil informes solicitados por los parlamentarios, sólo se consignan como "hechos y entregados" un 60%.
En virtud de esta inmoralidad, parece haber llegado la hora de que, constitucionalmente, dejen de auto llamarse "honorables". De paso, hasta sería necesario que sicólogos les hicieran el mismo examen que a los conscriptos, para determinar quiénes se van y quiénes quedan condicionales.