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EL VOTO POLÍTICO INFANTIL

May 26, 2019

VOXPRESS.CL.- El científico José Maza, días atrás comentaba que "si se activaran los cerebros de los 18 millones de chilenos, no habría autoridad capaz de contrarrestarlos"- Regido por ese diagnóstico, es que los políticos "piensan" -o dicen hacerlo- por los demás y en su representación mal redactan, garabatean, deforman y caricaturizan las leyes a las cuales se ciñe la convivencia nacional.

 

Con total certeza, dentro de esos cerebros "desactivados", según Maza, hay muchos que funcionan muchísimo mejor que las células intracraneanas de los parlamentarios.

De ello no caben dudas, al conocerse el avance en el Senado de un proyecto de ley que puede permitir a los jovencitos entre 14 y 17 años votar en las próximas elecciones municipales (2020).

 

De acuerdo a la Constitución vigente, dicho derecho puede ejercerse desde los 18 años, edad en que un individuo adquiere el estatus de ciudadano. En la misma idea legislativa se propone que esa condición se rebaje a los 16. Para mayor extravagancia de esta idea legislativa, su trámite no se lleva a cabo donde corresponde, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sino…¡en la Comisión de Derechos Humanos!

 

Los ideólogos de esta insensatez consideran que a los niños de 14 años -porque eso son, niños- les asiste el derecho a voto, entre tantos otros que les concede el Alto Comisionado de la ONU: al de una educación básica, el de una vivienda digna, el de no trabajar y el de no ser juzgado, ni menos ser ingresado a una cárcel. Considerado por la UNICEF como un ser de porcelana, a un niño no se le puede maltratar de palabra ni agredir de hecho.

 

Pero, al menos en Chile, un menor de 14 años puede ser líder en ciberacoso, violar, golpear a un profesor, hacer bullying, almacenar pornografía, prender fuego a una persona, lanzar bombas y, en el más icónico de sus "derechos", impedir prepotentemente que sus compañeros de liceo ingresen a sus aulas.

 

A los más precoces y adelantados, los que trafican y consumen drogas, los que acuchillan,  asaltan y roban autos, la ley los protege. De ser capturados por la policía, un juez sólo consigna sus datos y los deja en libertad "por ser menores". A los más perversos se les envía al SENAME.

 

La explosión de los derechos humanos se produjo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de evitar que se repitiesen atrocidades como las vividas en los campos de prisioneros y de concentración, y de ahí que decenas de países se apresuraran en adherir a un Tratado universal. Pero debe distinguirse entre la real dimensión de los derechos humanos, los reales, y los que políticamente se inventaron con posterioridad.

 

El votar no es un derecho humano, sino un deber ciudadano, y es éste el gran punto de inflexión de esta descabellada contradicción en carpeta. ¿Se puede considerar ciudadano a un niño que ni siquiera ha completado su educación media? Cualquiera respuesta, por optimista que sea, se hace más compleja, tras conocerse el balance de la Prueba SIMCE del 2018, que fue una      total catástrofe académico. Los jóvenes de esa edad ignoran, de modo alarmante, una infinidad de materias que una persona debe evaluar a la hora de emitir un sufragio, más todavía si, ahora, no se les enseña las vocales de la institucionalidad: la educación cívica.

 

Resulta inconcebible que se considere aptos intelectualmente para votar a los mismos niños que, también por ley, se les niega, por su natural inmadurez, ver filmes para mayores  -aunque, en rigor, lo hacen-, viajar sin permiso paterno, no fumar ni consumir alcohol. Recientemente, se les consideró "sin capacidad de decisión" en las legislaciones sobre identidad de género y eutanasia. Para esos efectos, carecen de facultades, pero en el evento de que puedan sufragar sí se presume que poseen el criterio suficiente para decidir sobre un candidato, siendo que un gran número de ellos desconoce los nombres y contenidos de los partidos políticos, no saben quienes son los ministros de Estado y hasta vacilan al preguntárseles en qué lugar se ubica el Congreso Nacional. Ni hablar si se les pide algún comentario sobre los alcaldes...

 

No es necesario mirar bajo el agua para concluir quiénes están detrás de esta tamaña estupidez. Cualquier argumento jurídico o legal que se pretenda levantar para defender la idea, es fácilmente descartable. Esto induce a la certeza de que el interés de ampliar en un millón cuatrocientos mil el padrón electoral con la inclusión de menores, proviene de los mismos sectores políticos extremistas que anidan, adoctrinan y aleccionan a los niños que hoy tienen de cabeza a la educación pública por sus mochillas llenas de mecheros y combustible.

 

El ámbito político sabe muy bien los colectivos que están detrás de la Federación de Estudiantes Secundarios (FES), que es el blanco al que apunta este inaudito proyecto.

 

 

 

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