NUEVA INTROMISIÓN INDEBIDA EN ASUNTOS DE CHILE
VOXPRESS.CL.- Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respondió a la Cancillería chilena la carta conjunta con otros tres países sudamericanos en que solicitaban a ese organismo tener "más consideración" con la legislación interna.
La CIDH instruyó a la Corte Suprema chilena anular un fallo, del 2014, de un tribunal de Angol que condenó a ocho comuneros mapuches por actos terroristas. El ente internacional adujo "discriminación" y calificó de "intocable" al pueblo mapuche por su condición de originario.
El reclamo cuatripartito originó chillidos en la oposición, no obstante la CIDH, en su respuesta, valoró la carta y anunció que "estudiará la sugerencia".
Lo ocurrido es producto del riesgo permanente a que se exponen las naciones que, en su momento, por hacer lo correctamente político y fruto de episodios que nada tienen que ver con la realidad actual, corrieron a firmar cuanto tratado se les puso por delante. En las últimas horas volvió a vivirse una experiencia similar, esta vez relacionada con los "derechos humanos" de los inmigrantes que residen en Chile en situación de ilegalidad.
Brigit Genstelberg, la delegada permanente para Sudamérica del Consejo de DD.HH. de la ONU, notificó al Gobierno de que "está abusando y actuando arbitrariamente" con los inmigrantes, y lo conmina a "respetarles sus derechos humanos".
La crítica de la observadora -la misma que ha intervenido decenas de veces a favor de los extremistas mapuches y en contra de la función policial-, se refirió expresamente a la decisión de Extranjería de iniciar un control en las Regiones de las comunidades de inmigrantes para fiscalizar su estatus de residencia.
Nadie mejor que la población chilena conoce de muy cerca el impacto que ha significado la masiva llegada de inmigrantes al país y los desastrosos efectos que produjo el tráfico ilegal de ellos en la última etapa del Gobierno socialista.
Un 62% de chilenos está de acuerdo en recibir a inmigrantes, pero, siempre, que éstos lleguen a aportar al trabajo y al desarrollo. Un número importante de éstos rehusó acogerse a un proceso colectivo de regularización de su residencia a que convocó el Gobierno el año pasado.
Quienes optaron por permanecer en territorio nacional en calidad de "ilegales" lo hicieron por un solo motivo: la imposibilidad de acreditar antecedentes limpios, ya sea en sus países de orígenes como durante su permanencia en nuestro país.
En estas giras de controles, Extranjería se enfrenta a inmigrantes legales, con su estadía ya regularizada, y a quienes todavía no lo hacen. Para éstos, el plazo de permanencia ya venció, pero igual, de no tener problemas judiciales, pueden iniciar el proceso. En caso contrario, sus antecedentes son analizados por la PDI.
Hace quince días, otro avión despegó desde Santiago con un contingente de 54 expulsados y repatriados por tener antecedentes penales en sus países de origen o por haber delinquido durante su estancia en Chile. El mismo procedimiento se viene repitiendo con cierta periodicidad desde el 2018.
La representante de la Alta Comisionada, Brigit Genstelberg, consideró una "arbitrariedad, discriminación e injusticia" la expulsión de inmigrantes ilegales. La funcionaria de la ONU ignora -imaginamos que intencionalmente- el altísimo nivel de delincuencia que azota al país, y especialmente al Gran Santiago, y no toma en cuenta que en la ocurrencia de delitos, en un 10% de ellos participan inmigrantes ilegales y que un 40% de la población carcelaria corresponde a extranjeros.
Desde la colonización alemana en el siglo 19, el Estado de Chile ha sido un agradecido del esforzado y constructivo aporte de las colectividades de foráneos que han llegado al territorio, y lo continúa haciendo ahora con la oleada de venezolanos huyendo de una dictadura socialista y que se han integrado a las más diversas disciplinas profesionales y a un sinnúmero de servicios, ello con un gratificante sello diferenciador.
Lamentablemente, la situación no es similar al "aporte" de inmigrantes de otras nacionalidades, algunos de los cuales llegaron para delinquir y aprovechar su experiencia adquirida en sus países natales.
Chile, en la década de los 40, firmó su primer gran convenio para respetar los derechos humanos, y le han cobrado duramente la cuenta cuando no los ha respetado. En contrapartida, la autoridad está paralizada e inhibida en el control del terrorismo extremista en La Araucanía, y ello es consecuencia del temor a ser juzgada por la CIDH y por la ONU, entidades ideologizadas que apuntan sus focos a las democracias representativas y no a las dictaduras socialistas.
En los casos de los inmigrantes, el Gobierno no ha violado el derecho de uno solo de ellos. Ha desarrollado acciones para acoger inusuales oleadas que llegaron de la noche a la mañana, y no dispone de los recursos fiscales para asegurarles soluciones inmediatas de vivienda, salud y previsión. La escolaridad para los niños está garantizada….en proporción al interés de sus padres.
La intervención de la representante de la ONU no correspondió a ninguna realidad, sino fue una intervención indebida en los asuntos internos de Chile, el cual, con mucho celo y cautela, casi con temor, se ciñe a las normas internacionales. Debe agradecer la señora Genstelberg la reacción del Gobierno, el cual se limitó a aclarar su error y reprochar la "inconveniencia" de entrometerse en la libertad del país de poner en práctica su legislación.
Así como la CIDH y la ONU pecan de no respetar la institucionalidad de cada país, Chile tuvo el respeto de responderle con ponderación y evitar el bochorno que la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, recién asumida su cargo, sufrió cuando criticó a China, Austria y Egipto: la mandaron a freír monos, y ella debió digerir silenciosamente su revés.
Hace semanas que la Alta Comisionada tiene en su poder el informe de su "equipo de avanzada" sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela y aún no se pronuncia, pese a que se llevaron a la cárcel a un opositor incluido su auto. Le parece más importante velar por los inmigrantes ilegales, y delincuentes, en Chile.
Son los procederes del socialismo.