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LA JUSTICIA OPRESORA E IDEOLOGIZADA

April 27, 2019

VOXPRESS.CL.- Las últimas horas han sido  ricas en evidencias de la potente ingerencia de la política en la Justicia. Si ello ocurre en el plano local, ¿por qué ha de extrañarnos que a nivel internacional acontezca lo mismo?

El socialismo internacional hace tiempo que malamente se introdujo en todos los ámbitos de la sociedad mundial, y no dejó rincón libre de su influencia.

 

La injerencia de la izquierda a nivel global nace desde la ONU, dominada sin contrapeso por esta ideología desde la Guerra Fría. Una de las condiciones para constituirse en funcionario ejecutivo  del organismo es acreditar esa sensibilidad política, de tal modo de originar una cascada de influencias a través de todas sus dependencias sectoriales y regionales repartidas por el mundo. El objetivo es mantener un "criterio común" que, hábilmente, se superponga al interés particular de cada Estado.

 

Para situarse a la altura de la moda que hoy prevalece en la diplomacia socialista, a este fenómeno del sometimiento a los países se denomina "multilateralismo". Éste no hace más que ahogar el sagrado derecho soberano de las naciones a su autodeterminación, a excepción, claro, de los regímenes totalitarios de izquierda.

 

En estos casos, el socialismo internacional sin fronteras, justifica sus dictaduras por la libre determinación de los pueblos, pero se trata de pueblos sin voz ni votos, reprimidos y oprimidos.

 

El Estado de Chile está enfrentando un ejemplo clarísimo de esta imposición internacional por sobre su propio derecho. Por primera vez en su historia, la Corte Suprema se ve obligada a anular un fallo ejecutoriado y ratificado en su oportunidad por el máximo tribunal por expresa orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, la que, a su vez, depende de la ONU.

 

La sentencia dejó sin efecto la condena a prisión, por parte de un tribunal de Angol, a ocho comuneros extremistas acusados de terrorismo. La decisión de la CIDH es inapelable: se cumple sí o sí.

 

Esta imposición de jueces internacionales por sobre jueces nacionales es fruto de la impermeabilidad en que se halla la institucionalidad de los países, y casi exclusivamente aquéllos  que no profesan la ideología socialista.

 

Dicho sea de paso, la ONU -su Consejo Mundial de DD.HH., hoy a cargo de Michelle Bachelet- mantiene en el país, de modo permanente, a veedores que fiscalizan y graban todas las manifestaciones de los 'movimientos sociales', prestos a denunciar "la represión" y "la violencia excesiva" de Carabineros. Como en los regímenes de izquierda no tienen presencia, porque simplemente no se los permite, la Alta Comisionada se llevó un portazo de los chinos, cuando quiso enviar inspectores a un centro de concentración de musulmanes.

 

Este arbitrario método de "hacer justicia a la distancia" y pasar por arriba de las normas jurídicas del propio país, impulsó a cuatro cancillerías sudamericanas -Chile, Brasil, Argentina y Paraguay-   a enviar una nota diplomática a la CIDH en la que -"respetuosamente"- le solicitan respetar la “autonomía” de los países. El texto expresa las "inquietudes de los Estados" respecto al  actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos".

 

Hay que recordar que sin que nadie se lo consultara ni lo requiriera, la CIDH, el 2017, envió una "nota de advertencia" al Gobierno, respecto a que "por su condición de originario, el pueblo mapuche goza de inmunidad". Es intocable.

 

La declaración cuatripartita propone a la CIDH la adopción de "ciertas acciones que permitan mejorar el funcionamiento de cara a los desafíos del siglo XXI”. Agrega que  “los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos. Dicho margen de apreciación debe ser respetado por los organismos del sistema interamericano”.

 

En una directa alusión a la motivación política que indujo a la CIDH a anular el fallo de la justicia chilena del 2014, el documento reclama "la importancia de un debido conocimiento y consideración de las realidades de los Estados por parte del sistema interamericano y la necesidad de que las formas de reparación guarden una debida proporcionalidad y respeten los ordenamientos constitucionales y jurídicos de esos Estados”.

 

Este "respetuoso reclamo" no es más que una voz en el desierto frente a la inmensa disparidad de equilibrios reinantes en los organismos internacionales frente a las naciones.  La izquierda, al perder terreno en lugares claves del planeta, pugna para que sus postulados rijan por sobre los de las democracias, y, para ello,  el pertenecer y dominar los organismos internacionales es algo prioritario. Ello, indudablemente, es conocido por años en Chile, por lo que todos los "actores sociales" van a continuar en esta práctica de desconocer cuanto fallo les moleste y les incomode, para recurrir a su propia justicia, ésa sin fronteras y de solidaridad socialista, que no vacila en atropellar los derechos soberanos de cada país.

 

 

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