¿CLASE MEDIA PROTEGIDA?
VOXPRESS.CL.- Jugar con fuego es lo que hace el Gobierno, al anunciar la puesta en marcha de una de sus promesas "luminosas" de campaña, llamada "Clase Media Protegida".
Juega con fuego, decimos, porque, al tenor de algunas medidas que está asumiendo, parece no tener claro ni tomar en cuenta cuál es la clase media, quiénes la componen y dónde está.
Básicamente, habrá que establecer que, en términos simples, la clase media es la inmensa masa de ciudadanos que ocupa el espacio entre quienes tienen un sólido y permanente poder adquisitivo y entre quienes viven balanceándose en la estrechez, las carencias y la vulnerabilidad.
En esta clase media residen quienes fueron calificados de "fachos pobres" por la diputada comunista Camila Vallejo, por haber sido los que aportaron los votos para que Sebastián Piñera triunfase en la última presidencial. No se trata de pobres, sino de personas que se superan y trabajan para escalar peldaños en la medida de su esfuerzo. De allegados o arrendatarios pasaron a propietarios y de peatones, a automovilistas.
A partir del 3 mayo, a esta gran clase media se le asestará otro de los constantes golpes que recibe a diario con el alza de precios en todos los ámbitos: no podrán circular al interior del anillo Américo Vespucio unos 200 mil automóviles, cuyo sello verde (catalítico) sea del 2011 o antes.
El 2018 se fijó un calendario para que cada día, entre mayo y el 31 de agosto, no circulase durante un día un número de vehículos con un determinado dígito, pero ahora serán dos en forma simultánea.
De esta nueva norma del Ministerio de Transporte sólo se exceptúa a furgones escolares y taxis. A todos los demás sorprendidos circulando al interior de la circunvalación Vespucio se les multará, y se anuncia que la fiscalización será "implacable".
El automovilista de clase media es aquél que por su estatus económico no ha podido, ni puede, adquirir un coche más moderno y, menos, dispone de los recursos para contar con dos o más vehículos en el estacionamiento de su domicilio. El deterioro en el poder adquisitivo se refleja en la caída de un 9.8 en las ventas de autos durante el primer trimestre.
En lugar de premiarle el esfuerzo por acceder a más bienes, a la clase media se le castiga, enviándola obligatoriamente al martirio del TranSantiasgo. Al margen de ello, a muchos se les obliga a un gasto extra, al tener que contratar un servicio de transporte escolar para sus hijos durante el día, o ahora, los días, en que le corresponda restricción: ¿clase media protegida?
La autoridad regional argumentó que el aumento de autos con impedimento de circular "es parte de un plan progresivo", por lo cual hay que asumirlo como una advertencia de que el 2020, la prohibición a catalíticos antiguos regirá para tres dígitos al mismo tiempo.
Desde que se implantó el plan de restricción vehicular se dijo que su objetivo es "combatir la contaminación", no obstante el Ministerio de Medio Ambiente no tiene ingerencia alguna en esta restricción. Lo que siempre se ha ocultado con esta política es combatir el incontrolable aumento de la congestión en el tránsito en la capital. Sólo en marzo pasado, el flujo vehicular aumentó en un 33%.
¿El interés común de amortiguar los atochamientos es superior al derecho individual de salir en un auto legalmente adquirido? Se da como causa para la restricción que el transporte es el responsable del 20% de la contaminación ambiental. Pero…¿cuál transporte? La carrera contra el tiempo para convertir al TranSantiago en un sistema eléctrico pone fin a cualquiera discusión sobre quién es el gran culpable. Y ello sin sumar el permanente desplazamiento, dentro del anillo Vespucio, de camiones de la minería y la construcción.
Como lo que realmente se quiere enfrentar es la congestión vehicular y no la mala calidad del aire, hay que activar la antigua idea, y ejecutada con éxito en el extranjero, del tag callejero: que pague quien quiera llegar a la puerta de su oficina.
No parece tener sentido golpear a la clase media, si ni siquiera el Ministerio de Transporte ha revelado qué impacto tuvo la restricción a estos catalíticos el 2018, tanto en el tránsito vehicular como en el medio ambiente. De haber sido gravitante ya se hubiese difundido para justificar el impacto injusto de esta nueva y más restrictiva medida.
La pésima conectividad del transporte público es un hecho de la cusa, y no hay día en que tanto la propia autoridad sectorial como los usuarios así lo revelan. Pero a la hora de tomar este tipo de decisiones arbitrarias y perjudiciales para gente de trabajo, se argumenta una realidad que no corresponde al problema que se pretende aminorar.