LA JUSTICIA EN SU PEOR MOMENTO
VOXPRESS.CL.- Cuando se dio a conocer los resultados de la investigación que concluyó que el 82% de los chilenos está convencido de que las instituciones públicas son corruptas, casi de modo espontáneo las miradas se dirigieron al Congreso Nacional, a los servicios fiscales y, específicamente, a los millonarios fraudes con los gastos reservados de Carabineros y el Ejército. Curiosamente, no se puso énfasis en una de las corporaciones menos creíbles y confiables por parte de la población y que le causan la peor de las sospechas: la Justicia.
Hiera o no, Chile es definitivamente un país corrupto, pero dentro de este catastrófico escenario, donde más profundo cala esta sensación es en la Justicia, precisamente por todo lo que engloba su concepto.
Justicia tiene su origen en el término latino iustitĭa y se refiere a la "virtud que supone la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le corresponde", basándose en la neutral aplicación de las leyes.
Se simboliza con la figura de una mujer que porta en la mano una balanza equilibrada y que tiene sus ojos tapados con una venda. De ahí que en muchas ocasiones se utilice de manera habitual la expresión “la justicia es ciega". No mira y actúa de manera equitativa y siempre tratando por igual a todos los ciudadanos con independencia de su raza, sexo, condición sexual, origen: "todos somos iguales ante la ley", y en una frase tan manida como irrespetada, "nadie está por sobre la ley".
Estas obligaciones -más que principios- suelen no respetarse, ya que los encargados de impartir justicia, en determinadas ocasiones, se quitan la venda para actuar según les convenga a sus intereses, a sus beneficios y a sus ideologías.
Para dentro de poco, el Pleno de nuestra Corte Suprema está convocado para pronunciarse acerca de un nudo gordiano: por expresa orden de la ley, no puede anularse una sentencia ejecutoriada y ratificada por el máximo tribunal. No obstante, en un hecho inédito, sin precedentes, los ministros tendrán que "buscar alguna salida" para borrar con el codo lo que hace ocho años escribieron con la mano.
La Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) consideró una violación a los derechos de ocho comuneros mapuches extremistas condenados por un tribunal de Angol, y ahora la Suprema tendrá que hallar algún atajo a la ley para modificar aquel fallo. De partida, y sigilosamente, ya ordenó a los Registro Civil y Electoral borrar los impedimentos legales de los condenados.
Recuérdese que sigue siendo miembro del Poder Judicial el desfachatado juez de chaqueta roja que dejó en libertad ("por inocentes") a todos los implicados en el crimen del matrimonio Luchsinger/McKay. Un segundo proceso, con las mismas pruebas pero sin ese magistrado, condenó a presidio a dos comuneros que recientemente fueron recapturados por haberse fugado tras la sentencia. El juez que los eximió a todos, Juan Ignacio Rau, es un activista de la causa de reivindicación de los comuneros y se declara públicamente "simpatizante del PC".
Días atrás, y tras meses de sumario, quedó a la puertas de la remoción del Poder Judicial, Emilio Elgueta, ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Otro magistrado de ese tribunal, Marcelo Vásquez, está separado de su cargo por prevaricación.
En medio de un ambiente muy poco transparente, el ministro Elgueta denunció que es víctima de una persecución por haber exculpado al hijo de Michelle Bachelet en el caso Caval, pero sobre él pesan graves imputaciones de postergar antecedentes claves de encubrimiento en la Iglesia Católica y recibir dinero de un médico acusado y perseguido por emitir recetas de medicamentos, base de una red de comercialización ilícita de fármacos en el mercado informal.
Que no huele bien la Justicia, de ello da prueba que, también en Rancagua, el fiscal Sergio Moya está siendo indagado por "asesorar" a Carabineros en el fracasado proyecto "Antorcha", en medio de los escándalos de la Operación Huracán, en La Araucanía.
Lo insólito de todo es que la mayor preocupación por las irregularidades en la Corte rancagüina fue del senador socialista Juan Pablo Letelier, quien le solicitó una reunión al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para "analizar la situación"…
A propósito de persecutores, la ex fiscal de San Fernando, Teresa Gaete, se encuentra imputada y en prisión preventiva por la presentación de pruebas falsas en un caso de abuso sexual. Ella inventó, al menos, dos de los tres relatos de supuestos testigos, incluyendo sus firmas.
¿Alguien recuerda que en el juzgado de Collipulli está radicado el juicio por el asalto y robo, cerca de Ercilla, a cuatro profesoras rurales? ¿Cuál es el estado del proceso? ¿Es posible que aún no haya un solo formalizado, pese a la existencia de videos probatorios? En cambio, paso a paso se difunden los progresos de las imputaciones por la muerte del comunero extremista Camilo Catrillanca.
Se haya a la espera de ingresar a prisión por dos años el ex cabo Manuel Noya, a quien, insólitamente, se le acusó de dirigir con alevosía al rostro de un manifestante en Valparaíso el chorro de agua de un lanzagua. Se le dio la orden de dispersar a un grupo violentista y es imposible que él haya hecho puntería a un individuo en particular en medio de un grupo.
La Corte Suprema -hoy, en manos de un progresista, Haroldo Brito- está en guerra declarada contra el Tribunal Constitucional y contra la Contraloría General de la República, porque ésta, en ejercicio de su rol, exige a los tribunales que cumplan con rigor las leyes.
De las redadas masivas que hacen Carabineros y la PDI para alivianar las calles de delincuentes, el 12% de los miles de apresados tras cada control, posee hasta seis órdenes pendientes de detención. Ello significa que cuando previamente fueron conducidos a un tribunal, pese a su prontuario, fueron dejados en libertad, "fundamentalmente -a juicio de los jueces- por falta de pruebas"…, o sea, hay que sorprenderlos in fraganti, sin importar su historial. El lucir un curriculum de criminalidad ¿no es, ya, suficiente prueba?
No hay que olvidar que Haroldo Brito se quejó a la Presidencia "porque me están desbordando los juzgados con delincuentes y no tengo espacios ni personal".
Una de las varias causas por las cuales la ciudadanía considera corrupta a la Justicia es porque la identifican como la gran responsable de que la criminalidad callejera no ceda y que grupos de delincuentes protagonicen cinco o más 'portonazos' cada noche. A la Justicia, mayoritariamente en manos de magistrados de izquierda gracias a la Escuela de Formación no le molesta ni le inquieta que el escenario delictual continúe siendo la principal preocupación y el primer temor de los chilenos. Los jueces saben que, así, se pone en jaque la popularidad del Presidente y la continuidad del Gobierno de Chile Vamos.
Pero, a la Justicia le faltaba la guinda de la torta, y ésta la puso la Corte de Apelaciones de Santiago con su fallo sobre el origen del caso Karadima. Dicho tribunal de segunda instancia ordenó al Arzobispado de Santiago pagar $100 millones a cada uno de los tres muchachones que se dejaron toquetear por el ex párroco de El Bosque por el 'delito' de "negligencia e ilícito civil"…¡Una vergüenza! Hay decenas de personas que por años esperan de los tribunales una indemnización muy menor a ésa por ser víctimas de hechos de sangre y por la pérdida de parientes a manos de delincuentes.