CONTAMINAR A LA CONTRALORÍA, NO
VOXPRESS.CL.- Días atrás, la Contraloría General de la República conmemoró 92 años. Ponemos énfasis en que no se trató ni de una celebración ni de un festejo, porque "el horno no está para bollos" en dicho organismo.
Para dentro de poco se espera el envío, por parte del Ejecutivo, de un proyecto de "modernización" de la entidad y no es descartable que en el texto se incluya un punto de gran interés para el Presidente Sebastián Piñera: transformar su conducción unipersonal en un cuerpo colegiado, al estilo del directorio del Banco Central.
La Contraloría General de la República es la entidad fiscalizadora superior de Chile, de carácter autónomo y rango constitucional, encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración Pública, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos fiscales, municipales y de los demás organismos del Estado.
No puede pasarse por alto que se aspire a modificar la estructura de mando de un organismo que tiene la misión de detectar trampas y de hacer imperar las leyes y la transparencia. ¿Por qué ahora y no antes? Es un secreto a voces que Jorge Bermúdez, el actual Contralor General de la República, incomoda tanto al oficialismo como a la oposición, acentuada su negativa percepción por el hecho de que, en 2018, el organismo tuvo 178 Recursos de Protección en su contra, frente a los 55 que recibió el 2015, cuando asumió el cargo, esto es, casi un 218% más.
Bermúdez lo atribuye al "empoderamiento" de la ciudadanía, pero la cifra de cuestionamientos a sus resoluciones nunca en su historia habían llegado a ese nivel. Si su solo nombre originaba ceños adustos, el episodio con la subcontralora, Dorothy Pérez, parece haber marcado su destino, tras una áspera confrontación judicial.
Por desavenencias con ella, la destituyó, pero ésta se querelló y ganó el juicio, ante lo cual la Justicia le ordenó restituirle el puesto. Bermúdez procedió, pero dejándola sin mando ni firma y en una oficina secundaria.
Hay que consignar que el Contralor General no es la 'última palabra', pues sobre él, constitucionalmente, tiene un ente fiscalizador que es el Auditor General. Es ésta y ninguna otra autoridad del Estado la que posee la facultad de juzgarlo, y resulta de ineludible conveniencia que se pronuncie sobre la "incomodidad" que produce Bermúdez y, también, haga escuchar su voz en el debate del proyecto que viene.
A los 92 años de existencia, todo apunta a la necesidad de adecuar la ley que rige su funcionamiento. En vez de debilitarla, hay que reforzar su autonomía en la toma de resoluciones; garantizando la probidad en la función pública, el debido proceso y aumentar los estándares de transparencia, una misión nada de simple en los tiempos que corren. Hasta hoy, la Contraloría es la compuerta final para la corrupción. En pleno Gobierno socialista fue la que alertó sobre "actuaciones financieras sospechosas" en Carabineros. Ni Interior ni la jefatura policial se preocuparon, y hoy las catastróficas consecuencias están a la vista.
Rejuvenecer y dinamizar su funcionamiento con tecnología que permita más rapidez en los trámites y resoluciones a nadie tendría porqué extrañar. Pero terminar con la casi centenaria conducción unipersonal para sustituirla por un poder colegiado amaga, indudablemente, su autonomía. En la actualidad, nuestra Contraloría está bien posicionada en el ranking internacional, en el cual prevalecen sólo las que están a cargo de una sola autoridad.
En La Moneda son partidarios de un directorio, "porque genera contrapesos", pero indefectiblemente a la hora de las designaciones de sus miembros -como el del Banco Central-, entrarán en juego los equilibrios políticos, y ello podría resultar fatal para un organismo encargado, nada menos, que velar por la transparencia y la probidad, precisamente dos conceptos tremendamente deteriorados por injerencia de la política.
Es posible, y puede que así sea, que la actual Contraloría esté siendo afectada por el protagonismo excesivo de Jorge Bermúdez. Desde esa perspectiva, se está frente a un problema humano, y no estructural general del organismo, de tal modo que no parece inteligente alterar su histórico sistema de conducción unipersonal, pues se le expone a la contaminación política.
Y una Contraloría General de la República influenciada por la política es igual a no tener un ente fiscalizador autónomo.