LOS EFECTOS DE LEGISLAR SIN PENSAR
VOXPRESS.CL.- Debe ser ésta, la más cercana comprobación de la frivolidad e irresponsabilidad con que actúan los 'honorables' miembros del Poder Legislativo. Recién se dan cuenta de que la Ley de Gratuidad Universitaria, vigente desde 2016, resultó ser perjudicial para decenas de miles de alumnos y una fuente de desfinanciamiento para los planteles.
Para refrescar la memoria, hay que recordar que dicha ley se aprobó con aplanadora y se festejó como triunfo político de la izquierda. Inspirada en el abortado proyecto de la Educación Nacional Unificada (ENU) de Salvador Allende, la (ex) Presidenta socialista hizo de la gratuidad estudiantil uno de sus caballitos de batalla. La aplanadora de Bachelet en el Congreso y los rectores de su misma sensibilidad ideológica, corrieron para "sacar la ley" antes de las elecciones presidenciales, en la convicción de que dicha conquista le aseguraría un período más en el poder a la Nueva Mayoría.
Fue esa premeditada urgencia política la que llevó a parlamentarios y rectores a meterse en un zapato chino, del cual hoy quieren salir a costa de un mayor desembolso del Estado, un Estado que heredó una caja fiscal casi vacía.
La ley estipula que la gratuidad se pierde automáticamente cuando el alumno se retrasa en su carrera. En ese caso, el estudiante empieza a pagar el 50% del arancel y la otra mitad lo financia la respectiva universidad. Un muy mal negocio para ambas partes.
Fruto de la euforia política del momento, nadie reparó en lo que se vendría por falta de acuciosidad y realismo en el trámite de la ley, ni menos se evaluaron las profundas grietas sociales, humanas y de escolaridad, responsables de que, desde 2017 a la fecha, 67 mil universitarios hayan perdido la gratuidad total, de los cuales 27 mil tuvieron que despedirse de ella a fines del año pasado.
Al margen de ello, las universidades adscritas a la gratuidad continúa golpeando las puertas del MINEDUC para que éste les solucione las deudas originadas por la ley estrella de Bachelet.
En el apresurado debate, la diputada Camila Vallejo (PC) propuso que la gratuidad fuese indefinida, esto es, sin tope de años, una antigua estrategia de su partido, que envía 'eternamente' a jóvenes camaradas a las universidades para reclutar y adoctrinar. Recientemente, el "joven" Rodrigo Avilés, un estudiante de Letras de 30 años, logró la condena del carabinero que lo golpeó con el chorro del carro lanzagua en una protesta en Valparaíso.
En definitiva, prevaleció la idea de que la gratuidad durase la extensión de la carrera y que en caso de repitencia, el alumno podía seguir pero cancelando la mitad del arancel y la universidad corría con el otro 50%. Las proporciones se consideraron templadas, asumiendo como parámetro el sistema comunista: en Cuba, quien no pasa de curso abandona el plantel y debe arreglárselas solito y como pueda. En el socialismo nadie paga un peso por su educación.
La ley chilena fue pensada sobre la lógica del rendimiento académico, y no deja de tener sentido que, como todo en la vida, una granjería como ésta compromete un esfuerzo superior y una dedicación casi exclusiva al estudio.
Sin embargo, la fanfarria impidió poner atención al socialismo en la raíz del problema que se venía: buena parte de los beneficiados pertenecen a los deciles más vulnerables. Es, precisamente, en ese sector social donde se sitúan los niveles más bajos de intelectualidad y de aprendizaje. El severo déficit de formación en la escolaridad constituye una barrera muy difícil de superar en la universidad.
De hecho, dos instituciones que reciben mayoritariamente a jóvenes provenientes de familias con apreturas económicas, son las más complicadas ante los requerimientos de recursos que requiere la repitencia: DUOC UC e Inacap.
Ante este inesperado pero previsible escenario, algunos parlamentarios están solicitando un reestudio de la ley para alargar la gratuidad, "en al menos un 30%". No obstante, pese a un plazo superior, el problema no se solucionará, sino sólo aumentará, porque no es una cuestión puramente de dinero.
La diputada Cristina Girardi (PPD), que votó a favor de la ley vigente, ahora acusa al actual Gobierno, "porque hace leyes para un país distinto a Chile….". En tanto, Gonzalo Winter, diputado autonomista del FA, proclama, amparándose en su fanatismo doctrinario, que "la gratuidad no es un beneficio, sino un derecho social", lo que, sin duda, puede aplicarse a la escolaridad, pero nunca a la educación superior.
Las universidades que gozan de buena salud financiera fueron las que no adhirieron a la gratuidad -entre ellas, la UAndes, que ingresó al Consejo de Rectores. Las que lo hicieron por motivos políticos, sociales o convencidas de que el Estado les financiaría una porción importante de alumnos, se lamentan ahora de haber actuado con tanta precipitación: el dinero fiscal extra que reciben, se les va por otra insospechada vía, y en mayor volumen. Increíble: ninguna consideró el impacto negativo que, en cosa de meses, la ley iba a tener en sus finanzas.