LA PLATA POR LA VENTANA

VOXPRESS.CL.- Seguramente a muchos, que felizmente son los menos, el contenido de este artículo arrugará sus ceños. Pero ya es un sentimiento generalizado que en un país medio atascado, que tanto se queja de los efectos adversos que le originan "los fenómenos externos", ciertos sectores continúen disfrutando de ingresos paradisíacos que

exceden desproporcionadamente a montos que permiten vivir con holgura y con un bienestar de primer nivel.

El presidente del Directorio de TVN, Bruno Baranda, planteó la necesidad de rebajar las remuneraciones de una quincena de sus ejecutivos y de varios de los mal llamados ‘rostros’. A su vez, el diputado viñamarino Andrés Celis (RN) anunció que solicitará la fiscalización de gastos reservados de sus colegas, pedirá rebaja de las dietas y que se disminuya el número de parlamentarios, "porque no llegué a la Cámara para hacerme de amigos".

Finalmente, frente al debate por la reforma tributaria, aumenta el número de parlamentarios que pedirán un fuerte aumento en la carga impositiva para la escala de sueldos más altos, públicos o privados.

Ya dijimos: Ninguno de los destinatarios de estas iniciativas puede estar contento, y es lógico, porque siempre ha habido, hay y habrá un empleador dispuesto a pagos top por considerar que su empleado es de lujo, aunque no siempre resulte así.

Una prueba de ello es, precisamente, TVN. La única estación pública del país lleva cinco años en el último lugar del ranking de sintonía, con la consecuencial fuga de auspiciadores, pese a lo cual continúa pagando sueldos descomunales y contratando profesionales "pagados en oro", en el mal entendido que harán subir el rating. Ha ocurrido lo contrario.

Marcelo Díaz, diputado PS, dijo "estar muy de acuerdo" con la política de Baranda y pidió poner especial cuidado en el concepto de "rostro". Esta tan poco feliz definición se aplica a quienes, con su sola presencia ante las cámaras, deberían ser capaces de concentrar el interés de las audiencias. Si en rigor, TVN los tuviera, hubiesen, ya, contribuido a mejorar su pobre promedio de sintonía.

No se entiende que un canal con presidente designado por el oficialismo y financiado con fondos públicos siga incorporando a 'rostros' de izquierda y con ingresos millonarios, como acaba de suceder con el locutor Iván Núñez, desafectado de CHV por desencuentros con sus gerentes.

En cuanto a sus ejecutivos 'de lujo', con ingresos mensuales oscilantes entre los $15 y los $20 millones mensuales, podrían justificarse, y hasta aplaudirse, en empresas rentables y ricas en números azules. Pero éste no es el caso: TVN supera por mucho en egresos al canal privado que lleva años como Nª1. Fue la ex Presidenta socialista la más entusiasta en salvar de la hoguera -obviamente con platas fiscales- al gran responsable del cataclismo financiero de la estación, su correligionario Ricardo Solari.

El actual Gobierno, ante el sombrío panorama -su anterior presidente, Francisco Orrego, salió arrancando- tomó la decisión de no cerrarlo ni privatizarlo, sino que compita en el mercado televisivo en la medida de sus recursos. Está claro que si sus bien remunerados ejecutivos hubiesen sido de jerarquía, el canal no estaría donde se halla: en la ruina. Los ingresos tienen que ser proporcionales a la categoría del empleador y del empleado. Así las cosas, la racionalidad administrativa es una urgencia.

Otra entidad pública que tira la plata por la ventana es el Congreso Nacional. Si la población más vulnerable tuviese interés en informarse, ya hubiese marchado hacia la sede del Legislativo para increpar a los parlamentarios por los abusivos e innecesarios beneficios de que gozan, mientras la gente a duras penas tiene para ingerir alimento una vez al día.

Durante 2018, cada diputado le costó al Fisco -a los chilenos- $24 millones al mes, promedio que es la suma de su sueldo y de los innumerables subsidios de que disfrutan: pago de sus oficinas, traslados, secretarias, viajes, viáticos, hoteles, teléfonos móviles, choferes, mantención de sus autos particulares, un abogado por cada uno, asesores, etc.

Hace dos años, un par de diputados recién llegados, propuso la rebaja de tan descabellados ingresos, y el proyecto ni siquiera llegó a discutirse. Andrés Celis -quien reconoce "situaciones oscuras"- reclamó porque fue a trabajar durante sus vacaciones, pero su oficina estaba cerrada con llave…

Por primera vez ha tomado cuerpo al interior del Congreso Nacional que "hay abusos" e incluso gana adherentes la idea de "eliminar cupos", siendo -increíblemente- que el número de ellos se incrementó recién a partir de marzo de 2018.

Por último, parece tener mayoría la iniciativa de subir los impuestos (personales) a los empleados de más altos ingresos del mercado laboral. En cuanto al ámbito privado, no en pocos casos los acuerdos para llegar a un contrato incluyen como responsabilidad de la empresa el pago tributario de su dependiente. De un tiempo a esta parte, el sector productivo viene presionando corporativamente a Hacienda para que se cumpla la promesa de campaña presidencial en orden a rebajarle la carga impositiva, a lo que el Gobierno se niega sistemáticamente.

Los mandos medios, el plantel de profesionales y el cuadro laboral permanente de las empresas, desde siempre han visto con recelo este tipo de privilegio de sus ejecutivos. Pero, invariablemente, sus directorios responden que se trata de "los mejores del mercado" y que gracias a su gestión, el capital se engrosa. Sin duda, cualquiera innovación en esta materia redundará en una renegociación privada, porque un cambio en las reglas no incide sólo en el bolsillo del empleado, sino también del empleador.

Como éste no es el caso del socialismo, en el cual no hay distingos de méritos y capacidades, lo que huele mal es la desproporcionalidad entre ingresos y resultados. Una empresa exitosa y pujante puede darse el lujo de pagar remuneraciones millonarias, pero cuando se trata de dineros fiscales lo menos que se puede exigir es racionalidad, más aún en instituciones ruinosas y endeudadas, como TVN, y derechamente sinvergüenzas, como es el caso del Poder Legislativo.