LO QUE EL PUEBLO NO DEBE NI PUEDE SABER

VOXPRESS.CL.- Grabada a fuego en la memoria de cada uno de sus miembros, la izquierda practica la doctrina de que "habla en nombre del pueblo" pero "no deja que el pueblo hable". Sólo difunde lo que le conviene y silencia lo que le huele a peligro.

Está siempre detrás de los ataques personales o corporativos a sus adversarios políticos, y cada vez que uno de éstos es sorprendido en un acto censurable, lo convierten en una pieza de caza utilizada en su beneficio. Sin embargo, cuando el pueblo pretende expresarse y hacerse oír sobre ilícitos protagonizados por alguien de izquierda, ésta tiende una cortina para hacerlo invisible o esconderlo.

Cuando el 17 de diciembre de 2017, la Nueva Mayoría pagó caro precio a la catastrófica gestión de su Presidenta socialista, sectores de la coalición pidieron que, antes de tocar el tema acerca de su futuro, hubiese un mea culpa por el fracaso electoral, apuntando -sin nombrarlo- al gran responsable, el pc. No lo hubo ni lo habrá, porque, en su infinita soberbia, la izquierda no se equivoca ni pierde: es siempre una víctima. Del imperialismo, del conservadurismo, de la ultraderecha, de los empresarios…o de los "fachos pobres".

Días atrás, uno de los pocos comunistas con arrastre espontáneo y no impuesto, y que, por lo mismo, se animan a sacar la voz, el alcalde Recoleta, Daniel Jadue, recriminó a uno de los asesinos del senador Jaime Guzmán, Ricardo Palma Salamanca, quien desde París denunció que "el partido nos abandonó", haciendo alusión al Frente Manuel Rodríguez, brazo armado del PC. El edil retrucó que "fue al revés, el Frente nos dejó solos"…

Sólo un ingenuo o desinformado puede dar crédito a tamaña aseveración, sabiendo todos que el mismísimo Guillermo Teillier fue uno de los jefes de operaciones del Frente y dirigió, en persona, el frustrado desembarco clandestino de armamento cubano en el litoral de Huasco.

La muralla que impide el conocimiento de los escándalos de la izquierda -o sea, conocer la realidad- se alzó una vez más para atomizar el fraude de que fue víctima el Fisco por el sobresueldo de Estela Ortiz, amiga íntima de Bachelet -la ex Presidenta no veraneaba sin ella en Caburgua-, cuando se desempeñó como Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia (CONAIN). Antes, la ex Presidenta la había enviado de vacaciones como Agregada Cultural a Italia y fue vicepresidenta de JUNJI.

Una investigación de la Contraloría General de la República detectó que ella recibió $3.047.568 mensuales de más, respecto al sueldo correspondiente a su cargo. Tenía un ingreso de $7.553.813, lo que superaba en un 67% el promedio del rango: sin corresponderle percibió $36 millones al año (2017).

CONAIN fue creado por Bachelet en 2014 para darle expresamente un trabajo bien remunerado a su amiga del alma. El inútil organismo duró hasta el cambio de Gobierno, pero Estela Ortiz alcanzó a recibir $31 millones en viáticos para que realizara siete viajes a Europa.

Pero si de frescuras se trata, hay más.

Aldo Valle, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de Universidades de Chile, muy cercano a Bachelet y uno de los más férreos defensores de la educación gratuita universal, ha guardado un cómplice silencio, tras el hallazgo de la Contraloría General de que profesores de la universidad de la cual él es rector, la de Valparaíso, marcaban asistencia como haciendo clases cuando se encontraban trabajando en la administración pública, en cargos asignados por su identidad política con el Gobierno socialista.

La Contraloría fiscalizó a las universidades de Valparaíso (UV) y de Playa Ancha (UPLA) para determinar el cumplimiento de la jornada laboral por parte del personal docente. En su auditoría descubrió que decenas de académicos registran asistencias a clases coincidentes en días y horas con entidades públicas. Las universidades y las reparticiones fiscales involucradas deberán disponer los reintegros. El ente fiscalizador comprobó que 40 académicos de la Universidad de Valparaíso y 34 de la Universidad de Playa Ancha no dejaban constancia de su jornada laboral.

Una académica deberá reintegrar $4.591.561 por incumplir, con conocimiento de la Universidad de Valparaíso, su contrato de exclusividad, situación en la que también se encuentran otros nueve docentes, que tendrán que devolver $29 millones. En tanto, el director de Extensión y Comunicaciones desde julio de 2013 no registra la hora de entrada y salida en el libro de asistencia.

Ambas universidades son cuna del extremismo político y fue su alumnado el sostén de la campaña y posterior elección de Jorge Sharp (Movimiento Autónomo) como alcalde de Valparaíso. Sus plantas de profesores son seleccionadas ideológicamente.

Tanto la frivolidad presidencial para beneficiar escandalosamente a Estela Ortiz como este cúmulo de estafas al Estado por parte de…¡universidades estatales! Son de casi nula resonancia porque hay una directa afectación a gente de izquierda, y eso el pueblo no puede ni debe saberlo.

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