ABOGADOS 'EXCARCELADORES', UNA VERGÜENZA NACIONAL
VOXPRESS.CL.- En las redes sociales circulan millares de chistes sobre abogados. Al leerlos, ellos mismos ríen, porque son concientes de que muchos de ésos los identifican y hasta los retratan. La razón es que, sabiéndose indispensables para cualquier persona que encara hasta el menor de los problemas, dentro de su infinita diversidad hay de todos. Entre éstos, los conocidos como 'excarceladores'.
En esta denominación no caben los especialistas, y sus respectivos estudios, que se abocan a grandes causas penales. El 'excarcelador' es una especie muy específica y de un sello inconfundible que se hace cargo de la defensa de los delincuentes de la peor calaña y que, producto de su oficio, cuentan con millonarios recursos propios, o de su entorno, para financiar a quien los saque de prisión lo más pronto posible.
Como no se tutean con la ética, ni la moral ni con algún tipo de respeto a su profesión, los 'excarceladores' incuban ingeniosas tretas destinadas a engañar o, al menos, confundir a los jueces. Caso reciente de ello son los defensores de los asesinos y descuartizadores de un profesor de Villa Alemana: los hicieron pasar por enfermos mentales y hasta inventaron cartas inculpatorias.
Los 'excarceladores' suelen desplazarse con todo tipo de garantías y confianza en el mundo del hampa y se mueven en los tribunales y cárceles como pez en el agua. Se hacen de un prestigio en el círculo delictual y cobran de acuerdo a él. No son muy finos de apariencia ni lenguaje, pero siempre están dispuestos a ofrecer para ganar, y en su mayoría, o totalidad, no están asociados al Colegio de Abogados.
La de ellos es una realidad que tiene que ser aceptada tal cual, pero no puede tolerarse que, al igual que sus defendidos, formen parte activa del circuito delictual. En sólo cuatro años se han detectado 80 casos de abogados que ingresaron drogas, como pasta base, a los penales para entregárselas a sus clientes. El Colegio de la Orden -sin importar que estén afiliados-, la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y Gendarmería deben unirse en una cruzada para que se les impida a perpetuidad ejercer su profesión.
Sólo en lo que va transcurrido de 2019, un mes y medio, Gendarmería ha detectado cinco casos, uno de ellos con gramos de pasta base en un calcetín que el defensor llevaba en un bolsillo.
La razón de este microtráfico tiene una explicación meramente formal: la vigencia de una normativa que prohíbe a los gendarmes registrar a los defensores que concurren a centros penitenciarios a reunirse con sus clientes. Se trata, sin duda, de una justificación 'leguleya' que no considera la gravedad ética de la conducta ni su complicidad con el delincuente. Tras la revelación de estos antecedentes, dicha ordenanza debe ser derogada.
La gran cantidad de denuncias corresponde a la Región Metropolitana, y en su mayoría tienen como escenario la Penitenciaría. Sólo se sabe que hay un abogado en prisión preventiva y otro cumple condena en libertad vigilada.
Al ser impedida de registrar a estos profesionales al ingresar a los penales, Gendarmería no tiene otra vía para detectar este tráfico que la observación a distancia. Sólo una vez que los abogados concluyen su reunión con su defendido, los vigilantes que captaron actitudes sospechosas revisan al interno y su celda.
Es una escena común en las calles colindantes con los muros de la Penitenciaría el lanzamiento -desde el exterior- de bolsas con drogas que, previo contacto vía móvil, son dirigidas a los patios para que el recluso las recoja. El procedimiento, ante la vista de los transeúntes, es un delito, pero, al menos, entre delincuentes, presos unos, libres los otros.
Sin embargo, que abogados titulados en alguna universidad reconocida por el Estado de Chile oficien de 'burreros' -transportadores de droga- es una vergüenza no sólo para quienes decentemente ejercen la profesión, sino para el sistema judicial y, en definitiva, para un país que intenta ser crédulo en cuanto a que no es corrupto y sí muy transparente.