MATRICULAS POR LA PUERTA TRASERA
VOXPRESS.CL.- El anuncio de algunos sectores de la oposición de un proyecto para obligar a los colegios privados a destinar un 30% de cupos gratuitos a hijos de familias vulnerables, hay que asumirlo como una arbitraria y desinformada reacción a la iniciativa gubernamental de priorizar la selección por méritos en las postulaciones a Educación Media, la que cuenta con un 62% de aprobación de los apoderados.
La irritación opositora obedece a que el proyecto del Gobierno le corrige una mala tarea a Bachelet, llamada Ley de Inclusión.
Esta propuesta, con el tiempo, tendrá que ir diluyéndose por la infinidad de debilidades que presenta. El proyecto Admisión Justa y todo lo que se le adicione no serán vistos hasta después de las (inmerecidas) vacaciones del Legislativo.
Puede, incluso, que el desafiante proyecto no llegue a materializarse porque, según el perfil de sus protagonistas, hay involucrados al menos dos partidos, DC y PPD, que tienen a insignes miembros íntimamente vinculados a la educación privada.
En un juego de supuestos, e imaginándolo hecho realidad, el "proyecto Machuca", en alusión a un filme de ese nombre que narra las aventuras de un niño vulnerable en "un colegio para ricos", parte de una certeza: viola la libertad de enseñanza.
La Constitución Política del Estado garantiza la diversidad de sostenedores y la libre elección para educarse. Es, precisamente, este artículo tan sensible el que fue transgredido en su momento por la actual oposición, con la Ley de Inclusión, la que, "para emparejar la cancha", consideró que lo mejor era que las postulaciones a los liceos públicos fuesen al azar, mediante una tómbola. La opción de una preferencia en busca de la calidad, fue vulnerada por el populismo político.
De aprobarse una idea que obligue a los colegios particulares a ceder cupos gratuitos, el Tribunal Constitucional (TC) no demorará mucho en echarla abajo, porque si existe un tema tan atentatorio contra la Constitución es éste. La siempre cuestionada y discutible "igualdad" no se logra forzando realidades, y hay decenas de registros, informes y evaluaciones de experiencias de este tipo que los colegios, por voluntad propia, pusieron en práctica.
Hace años, el 2014, un diputado, Felipe Kast, presentó un proyecto similar a la actual idea de la izquierda, sin embargo el entonces oficialismo de Bachelet lo rechazo. ¿Y ahora lo propone como propio?.
Tiempo atrás, no pocos colegios privados, por iniciativas internas propias ofrecen cupos de matrículas a niños vulnerables, programas informados y asumidos por toda la comunidad educativa. Pero son escenarios muy distintos el que se decida acoger a alumnos de escasos recursos a que les sean impuestos por razones políticas.
Una comunidad consciente de un programa de esa naturaleza no ofrecerá resistencia, pero una a la que se le fuerce a ello, tiene el derecho a oponerse, y eso no hará más que agudizar la brecha que se pretende aminorar.
Populistas, los ideólogos del proyecto ignoran las vivencias, y bien antiguas, que se conocen sobre el tema, que datan desde los años 70 e incluso antes. Ha habido buenas, regulares y muy malas experiencias, porque el factor desequilibrio es demasiado influyente como para pasarlo por alto.
En la mayoría de los casos, la convivencia en las aulas "entre ricos y pobres" no ha sido traumática, como sí en los rendimientos académicos y en las relaciones sociales externas.
La soberbia de quienes despreciativamente denominan "de ricos" a los colegios particulares, les impide ver que en su interior hay hijos mayoritariamente de familias de clase media y medial/alta, y es una miopía suponer que los apoderados millonarios hacen nata. Muchos padres tienen problemas para cancelar las mensualidades, al punto que, ejemplarmente, el San Ignacio de El Bosque, estableció pagos graduales: los apoderados que acreditan mayores ingresos cancelan más que aquéllos que certifican menores entradas.
Como los experimentos en este tipo de educación gratuita son antiquísimos, primero hay que conocerlos, analizarlos y concluir acerca de sus resultados. De esta base hay que partir y no del matonaje vengativo de obligar a los colegios, usurpándoles el derecho y libertad de determinación de sus comunidades. Eso es una violación, y no al componente humano del establecimiento, sino a la mismísima Constitución de la República.