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LA ENCERRONA POR EL MATRIMONIO GAY

January 14, 2019

VOXPRESS.CL.- En su política de chantajear al Gobierno dada su mayoría en el Congreso, la izquierda ha vuelto a instalar un conflicto -ahora artificial- entre las partes, al reabrir un proyecto que a nadie le urge y que eventualmente beneficia apenas a una minoría en el país, la comunidad homosexual.

 

Según el Censo Poblacional del 2017, por confesión propia, en el país hay 220 mil homosexuales y 50 mil bisexuales. Una cifra menor a las listas de espera de los hospitales públicos en el territorio.

 

El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, Francisco Huenchumilla, convocó a sus cinco miembros a reunión para "iniciar el estudio" del proyecto de matrimonio igualitario.

Esta iniciativa, prometida por el Gobierno socialista de Michelle Bachelet, sólo fue presentado a la Cámara Alta a fines del 2017, cuando su mandato estaba por expirar, y sólo dos días antes de la primera vuelta presidencial.

 

Con una celeridad sin precedentes, el mismo día de su recepción en el Senado fue visto por la Comisión, la que ya, anticipadamente a la fecha de su ingreso, había citado al MOVIHL, a la Fundación Iguales y a las entonces ministras Claudia Pascual (PC) y Paula Narváez (PS).

 

Fue ésa la única vez en que dicho proyecto se discutió en particular y tuvo el mérito de ser el único, de los cinco sobre el tema recibidos por el Congreso hasta la fecha, en ser conocido por la Comisión respectiva. Los anteriores ni siquiera llegaron a esa instancia.

 

Ahora, con otros integrantes, la Comisión volvió a sacarlo a luz. Huenchumilla, un socialista infiltrado en la DC y vocero de la disidencia en ese partido, justificó su reapertura "porque también hay que darle cabida a iniciativas de otros sectores, no sólo a los proyectos del Gobierno". La mayoría de miembros opositores de la Comisión es partidaria del matrimonio gay, incluido su presidente, un ex seminarista de la Iglesia Católica, "porque soy una persona muy liberal"…

 

Al momento de oficializar su proyecto, el 17 de noviembre de 2017, Michelle Bachelet declaró que "para amar no hay condiciones; para seguir avanzando hacia un Chile inclusivo, hoy firmo el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario con derecho a adopción”.

En él, básicamente se modifica el artículo 102 del Código Civil, para sellar que el matrimonio es la unión entre “dos personas” y no entre “un hombre y una mujer” y que “todo tipo de matrimonios accederán a la adopción, ya sea por integración o por adopción propiamente tal”.

 

No obstante -y lo que desconoce el país-, ese proyecto de última hora no fue sólo una maniobra política para asegurar los votos de la comunidad gay en segunda vuelta, sino respondió al cumplimiento de un compromiso de Bachelet para detener  una demanda internacional que interpuso el MOVIHL contra el Estado de Chile.

 

El 2012, los también chilenos del  Movimiento de Liberación Homosexual demandaron a su propio Estado ante el CIDH por "denegación del matrimonio para parejas del mismo sexo". Tal ofensiva judicial fue frenada en 2016, cuando el Gobierno socialista llegó a un acuerdo de "solución amistosa" con el relator del  CIDH, tras una reunión en Washington.

 

Bachelet se comprometió a implementar la adopción homoparental y la identidad de género, no obstante, en aquella oportunidad quedó en el aire el establecer legalmente en Chile el matrimonio igualitario.

 

En ese acuerdo de "solución amistosa" se fijaron  tres puntos: el compromiso del Estado de "impulsar un proceso de discusión pública (?) en torno al matrimonio igualitario”; ingresar un proyecto a tramitación legislativa dentro del primer semestre del 2017… y adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como "un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva”.

 

El Movilh ataca al actual Gobierno por  negarse a cumplir el "impulso y aceleración  del proyecto", frente a lo cual   en La Moneda aclararon  que el Estado chileno no está obligado a promover ni a lograr la aprobación en el Congreso, "primero, porque nunca se comprometió a ello, y segundo, por la independencia de los Poderes del Estado "es imposible que uno de ellos pueda garantizar el pronunciamiento del otro".

Al reabrir su discusión, la Comisión presidida por Huenchumilla lo primero que hizo fue citar al  ministro Gonzalo Blumel para que "explicase" lo reclamado por el MOVIHL, siendo que debió partir por aclarar con meridiana claridad los secretos compromisos adquiridos por el anterior Gobierno en una materia, como ésta, sólo de interés político y no nacional.

 

No lo hizo así, ni lo hará, porque la finalidad de reavivar este proyecto, rechazado por la mayoría de la población (62%), es levantar otra barrera entre oposición y oficialismo, innecesaria e inoportuna, pero con una de las más sonoras cajas de resonancia que se conocen: la de los homosexuales. Si hasta Jorge Bergoglio se ha quejado de sus reclamos, asegurando que "ni los heterosexuales exigen tantas prebendas   y derechos exclusivos como ellos".

 

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