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DELINQUE, QUE NADIE TE APRESA

January 14, 2019

 

VOXPRESS.CL.- No está lejos de tener razón quien asegura que en La Araucanía "no existe el Estado de Derecho". Cifras recientes entregadas en su cuenta anual por el Fiscal Regional del Ministerio Público dejan en patética evidencia que en dicha zona existe "total impunidad en cuanto a los delitos rurales", y,  consecuencia de ello, las policías y los tribunales de Justicia son responsables de tan desolador panorama.

 

Este escenario de impunidad no es nuevo:  data desde el mismísimo primer Gobierno de la (ex) Concertación, con el agravante de que en la medida en que aumentaban las acciones terroristas, las autoridades centrales actuaban cada vez con mayor indiferentes frente a la prevención y a la represión de los delitos.

La vieja y estúpida política de "no pisar los callos" del vecino por alguna eventual negociación posterior con él, fortaleció a los comuneros, adoctrinados por los comunistas de las FARC, y debilitó el ánimo de las policías, al verse inhibidas de actuar.

 

Las consecuencias de una política cobarde sin excepción, están a la vista, y ahora agudizadas  por el botín que significó para la izquierda la muerte del extremista Camilo Catrillanca. Con un Gobierno todavía en duelo por dicho "trágico suceso", con restricciones al actuar de Carabineros y con la PDI sin recibir la ayuda de nadie para aproximarse a los autores de incendios, saqueos, tomas y ataques  de  los rebeldes, el vasto sector rural de La Araucanía se halla decididamente bajo el dominio de ellos, y ahora sin contrapeso alguno.

 

El vocero de la Coordinadora Arauco/Malleco, Aucán Huilcamán, luego de participar en una segunda reunión de loncos subversivos, afirmó que "la idea es seguir con la resistencia y lograr la autonomía del pueblo mapuche", en tanto el padre del fallecido Catrillanca, Marcelo, insiste en la renuncia del ministro del Interior como primera condición para iniciar un diálogo.

 

En tanto, la agenda elaborada por el PC para mantener en alto esta inesperada y oportuna banderita de lucha -la muerte del comunero- se mantiene con rigurosa disciplina:  marchas no autorizadas, casi diarias, en ciudades de todo el país. El disturbio y el trastorno de la normalidad urbana son actos de recordación con una provocada y visible victimización ante la intervención de Carabineros.

 

Dejando que el paso del tiempo ayude al olvido,  el Ejecutivo,  "correctamente político", evita referirse a La Araucanía y busca congraciarse con los victimarios: en el discurso presidencial con motivo de la asunción de Mario Rozas a la Dirección General, el Presidente instó a sus funcionarios a proceder "con apego a la ley" y les acotó y condicionó su actuar "a reaccionar si son agredidos"…, menguando con ello el respeto que le deben inspirar a la población.

 

Según Christian Paredes, el valiente Fiscal Regional de La Araucanía -es un milagro que esté vivo--, en 2018 hubo un aumento de un 28% en las causas por violencia rural. El vicepresidente de la Multigremial Regional, Patricio Santibáñez, no se sorprendió con dicha cifra "porque es un hecho a la vista", y atribuyó ese incremento delictual a "una tema pendiente que tiene con  esta zona el Ministerio Público, los jueces y las policías".

 

En La Araucanía existen 332 medidas de protección vigentes, de las cuales 116 son de alta intensidad. Es valorable que la policía uniformada proteja los bienes y el derecho al trabajo amagados por estos comuneros comunistas, pero ésa no es la vía que conduce a la solución del problema: mientras las patrullas se desvelan cuidando un sector, las pandillas extremistas atacan y destruyen otros.

 

Ante el escandaloso fracaso "de la operación de inteligencia" que dijo haber hecho Carabineros, ahora el Gobierno destinó a la zona a funcionarios de la PDI avezados en sistemas investigativos, y de inmediato se quejaron de que, por temor y hasta por pánico, nadie, ni siquiera anónimamente, se atreve  a  dar una información o sugerir una pista. Motivo: el terrorismo tiene bajo su dominio a la población rural pacífica.

 

Este panorama es desconsolador: aumentan los ataque y hasta las muertes, pero no hay resultados sobre las autorías por la poca capacidad para encontrar a los responsables y sancionarlos.

Dos de los comuneros imputados por el crimen al matrimonio Luchsinger/McKay se hallan prófugos hace meses, y lo más probable es que estén protegidos por mapuches subversivos de Argentina. Ellos huyeron porque el juez, izquierdista o amenazado, tuvo temor de enviarlos a prisión preventiva y les fijó sólo arresto domiciliario: nunca lo cumplieron.

 

¿Alguien, sin ruborizarse, puede decir que en la zona rural de La Araucanía existe el Estado de Derecho? Los extremistas encapuchados incendian, destruyen, se apropian, amedrentan al mejor estilo mafioso y se jactan dejando mensajes con el motivo de sus 'travesuras'. Ninguno de ellos es descubierto, identificado y puesto en manos de la Justicia. Eso es impunidad total.

 

Cuando el vandalismo político, como éste, no tiene contrapeso ni menos hay coraje para combatirlo, es una falacia sostener que en esas tierras tan ricas y hermosas sí impera la ley.

 

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