UN TÚNEL SIN SALIDA EN LA ARAUCANÍA
VOXPRESS.CL.- Se inicia el segundo año de Gobierno de Chile Vamos y, tal como se preveía, el primero fue complejo por la oposición mayoritaria en el Congreso. Pero como "los perros se lo pasaron ladrando" significa que, al menos algo se avanzó, y no se retrocedió como ocurrió durante los 48 meses de la socialista Michelle Bachelet y su Nueva Mayoría.
El ministro encargado de los muñequeos en el Congreso, Gonzalo Blumel, anunció que "se redoblarán los esfuerzos para llegar a acuerdos", en tanto el senador José Miguel Insulza (PS), uno de los pocos cabeza fría en la oposición, consideró que "no nos podemos pasar toda la vida dándole el sí al Gobierno", en clara alusión a que la izquierda no cejará en su postura obstructiva y condicionante.
No se divisa el surgimiento de algún elemento que haga variarla, dado que el diagnóstico es invariable: con sal y agua, Chile Vamos se asegura un segundo período. De hecho, se hizo público un documento en que la DC ya acordó no apoyar la reforma a la reforma tributaria. La vigente es obra del ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que la condensó en tres páginas y el Congreso debió corregirla y ampliarla a 120. Así y todo, es indispensable volver a 'traducirla' con la finalidad de hacer menos compleja su aplicación. Aún más, para tranquilidad de los anticapitalistas, el Gobierno no tiene la menor intención de rebajar los impuestos a los empresarios.
Todo apunta a que en el 2019 no variará significativamente el tirante nexo Gobierno-oposición, y los proyectos de La Moneda continuarán caminando por la cornisa, como hasta ahora, y más ahora en que cada vez están más próximas las elecciones municipales y de gobernadores, evento al que todos por igual le dan un carácter crucial para el futuro político.
No obstante, existe un tema de mal pronóstico: La Araucanía. No es descartable que continúe sin solución el 2019 y, quizás, hasta no se sabe cuándo, por la radicalización de las comunidades extremistas.
El insalvable escollo continúa siendo quién ejerce la autoridad en la zona: de momento, ésta no parece tenerla el Gobierno central ni menos el Regional, en cambio hacen gala de ella los comuneros subversivos.
Aún medio inconciente por la tremenda 'metida de pata' de torpes funcionarios de Carabineros, el Gobierno se ha limitado a "ofrecer diálogo, pero sin violencia". Es una ingenuidad y una inocencia creer que los extremistas depondrán sus acciones terroristas para sentarse a una mesa a conversar sobre sus reivindicaciones territoriales.
Ese punto, una inquietud ancestral, es secundario para los objetivos de las comunidades subversivas. La suya es "una lucha contra el Estado hasta conseguir la autonomía del pueblo mapuche", según expresión textual de Aucán Huilcamán, presidente del Consejo de todas las Tierras, tras una asamblea de loncos en la comunidad rebelde de Temucuicui (23 de diciembre). De este colectivo era Camilo Catrillanca, cuyo padre Marcelo exige "para conversar" que la policía uniformada desaloje su cuartel de Pailahueque, donde antes funcionó un liceo en el cual estudió su hijo.
Con ese ánimo, ¿alguien con un sentido de realismo puede aguardar algún tipo de diálogo? Las comunidades extremistas, refugio de terroristas no todos mapuches, permanecen intactas y cada día nutridas de más miembros. Por ser "incorrectamente político", ningún Gobierno se ha animado a combatirlas, aniquilarlas y extinguirlas, única vía para dar lugar a un diálogo sobre la materia de fondo.
El propósito de estos grupos es acabar con la paciencia de los empresarios forestales y obligarlos a dejar La Araucanía y, así, establecer su territorio propio y autónomo. El 2018 provocaron un record de destrucción de maquinarias, dejando casi en la ruina a un buen número de contratistas, con un promedio de un ataque por semana. Perdieron 133 vehículos, entre cosechadoras, cargadoras, skidder y torres de madereo, además de 90 camiones, 15 sólo en diciembre, cada uno con una inversión de US$ 130 mil.
La ola delictiva de origen político amenaza crecer en los próximos meses, ya que corresponden al período de cosecha.
Esta catastrófica radiografía deja en evidencia que la batalla la sigue ganando el terrorismo. El Gobierno, que descartó definitivamente el retorno del GOPE a la zona, cree erróneamente que el rol de la policía uniformada es exclusivamente la seguridad de la comunidad y de las 500 obras forestales permanentes. Ello no sería necesario si se aborda el problema con el rigor que se requiere: descubrir a los delincuentes, desenmascararlos, apresarlos -no matarlos- y entregarlos a la Justicia en la esperanza de que ésta no esté comprometida políticamente con la causa del extremismo subversivo.
Mientras no se afronte con valor y audacia la subversión, la autoridad seguirá metida en un túnel sin salida.