LO QUE MAÑOSAMENTE SE LE OCULTA AL PAÍS
VOXPRESS.CL.- La izquierda -en alianza con el periodismo- se empeña en definir como "conflicto mapuche" a la acción terrorista de un grupo de extremistas, no todos pertenecientes a la etnia, que han superado todos los límites de demandas ancestrales para convertirlas en una guerra ideológica y separatista.
Históricamente se ha respetado a la letra uno de los primeros pronunciamientos de Bernardo O'Higgins, tras la Independencia nacional, cuando decretó que "todos quienes habitan el territorio son chilenos".
Así lo han entendido por siempre los mapuches que se integraron a la sociedad como cualquier otro ciudadano y se destacan en diferentes áreas de la convivencia nacional.
Nunca ha existido un "conflicto mapuches". Ése es un invento de la izquierda, con el incondicional respaldo de una prensa que hace tiempo se quitó su careta, para mantener en alto su fundacional doctrina de renegar del capitalismo y del sistema neoliberal, fuentes del progreso y del desarrollo del país.
Fue la izquierda la autora de una ley que permite la filtración de extremistas en las comunidades mapuches para, desde allí, imponer su ideología. Como aún no logra ese dominio político, vuelca toda su frustración en una revuelta sin control. No se convence de que una fracción muy mayoritaria de la población rural mapuche vote por sus adversarios, y, desde esa realidad, trata de desplazar de la zona, por la fuerza, a modestos y esforzados trabajadores indígenas que son ajenos a las demandas impuestas por el terror.
Entre 2004 y 2006, una veintena de comuneros viajó en parejas y en diferentes etapas a la selva colombiana para ser adiestrados por las FARC. La información y sus detalles se hallaron en el PC de un guerrillero muerto en combate.
El pueblo mapuche no es rebelde ni de izquierda, tal como lo revela un informe del Servicio Electoral (SERVEL). Ni en Ercilla, la comuna done se ubica la inaccesible comunidad Temucuicui, el socialismo ha podido superar a la derecha. El alcalde del pueblo, José Vilugrón, es militante UDI y cumple su segundo período, y de los seis concejales, tres son de Chile Vamos. En la zona asolada por los comuneros extremistas, la izquierda tiene dos de los cinco senadores y cinco de los once diputados.
Según el SERVEL, en la primera vuelta de la presidencial 2017, en la IX Región participaron 373.599 electores, y el desenlace fue inapelable: 151.864 votaron por Sebastián Piñera (41,5%), casi el doble de los 76.386 que sufragaron por Guillier (20,9%). Tercero, y muy cerca del senador, llegó el ex UDI y hoy Acción Republicana, José Antonio Kast (46.357).
Para la segunda vuelta votaron 470.860, de los cuales 251.857 lo hicieron por Piñera y 151.770 por Guillier. En las 32 comunas de la Región, se impuso Piñera.
En la elección parlamentaria de octubre de 2017 votaron 337.583 personas en La Araucanía, y en la senatorial, el 41,8% lo hizo por los candidatos de Chile Vamos, contra el 37,3% de Convergencia Democrática (22,5%) y la Nueva Mayoría (14,8%).
Esta “derechización” de La Araucanía se remonta al plebiscito de 1988, cuando esa Región fue una de las dos en que se impuso el SI, con un 53%. Dado este antecedente político ¿puede la extrema izquierda permanecer tranquila? Al margen de no explicarse el fenómeno de los "mapuches fachos", a como dé lugar quiere instalar un dominio ideológico en la zona, y para ello eligió el único camino que conoce y domina: la imposición de la fuerza y la violencia, impidiendo, como sea, que la ciudadanía se informe verazmente de una realidad que hoy la presenta torcidamente, con el apoyo de sospechosas complicidades, como el audio que llegó rápidamente al duopolio progresista de la TV, con la intercomunicación en clave de los carabineros del GOPE que intervinieron en la muerte del comunero Catrillanca.
Un breve repaso de los reales hechos consigna que el Estado de Chile le entregó a la población mapuche títulos de merced de los terrenos que históricamente ocupaban. A través de ellos, entre 1884 y 1929, se hizo propietarios a 82 mil indígenas agrupados en comunidades con la entrega de 512 mil hectáreas.
Entre 1979 y 1992, se les dio a las comunidades la opción de subdividir los títulos de merced en forma voluntaria. El 100% accedió, recibiendo 463 mil hectáreas en títulos individuales. Terminado este proceso, 49 mil hectáreas ya no estaban en posesión de las comunidades, porque se les permitió vender sus tierras. Muchos lo hicieron.
Instigados por la izquierda y aprovechándose del efervescente clima final del régimen militar, grupos de mapuches, a fines de los 80, presionaron por sus reivindicaciones de terrenos, lo cual dio como resultado la Ley Indígena Nº 19.253 de 1993. Ésta regula la creación de comunidades y la obtención de la calidad de indígena, la creación y funcionamiento de CONADI y establece un Fondo de Tierras.
El Fondo de Tierras tiene como finalidad la compra de terrenos para comunidades indígenas que, a lo largo de la historia, y por ciertas causales acotadas que detalla la ley, los perdieron.
Sin embargo, el Estado nunca realizó una cuantificación de la cantidad de comunidades a las cuales les correspondía el beneficio. Esta inacción más una norma legal sesgada, hicieron estallar el clima que se vive hasta hoy.
Desde 1993 a la fecha, el Estado ha entregado a los mapuches 256 mil hectáreas entre las Regiones Octava y Décima. Hoy, están en posesión de 800 mil hectáreas en dicha extensión, y sólo en La Araucanía poseen más de 500 mil, mucho más de lo que históricamente les correspondía por sus títulos de merced. Pese a estas cesiones cada vez en aumento, el escenario es peor. ¿Por qué? Porque la ley -auspiciada por la ex Concertación- permite que se junten 10 personas con calidad de indígenas para formar una nueva comunidad.
Así, éstas se van subdividiendo, y, además, como cualquier ciudadano se puede autodefinirse indígena, con la sola declaración del presidente de la comunidad, muchas de ellas las integran 'chilenos' que exigen que se les regalen predios. Resultado: la demanda de tierras cada día aumenta en vez de aminorar, ya que se crean comunidades sólo para optar a beneficios.
Desde el 93 a la fecha, ya son 3 mil las comunidades y 12 mil las personas que han obtenido, por autodefinición, la condición de indígenas…sin serlo.
En los últimos 23 años se les ha comprado tierras a las mismas comunidades violentas que han usurpado campos y quemado casas, maquinarias y camiones, postergando a la gran mayoría pacífica. No pocas, ejerciendo la violencia, consiguieron que se les comprase cinco veces más tierras que lo establecido en sus títulos de merced. ¿Qué hace el Estado? Año tras año aumenta el presupuesto de CONADI para adquirir más propiedades y pasárselas. El presupuesto dispuesto para dicha finalidad es de 95 mil millones, el mismo monto que se destina a todos los habitantes de La Araucanía a través del Fondo de Desarrollo Regional.
Con el equivalente a 90 mil millones se podrían hacer 5 mil subsidios habitacionales, sembrar 140 mil hectáreas de trigo, plantar 18 mil hectáreas de frutales y subsidiar becas para 20 mil indígenas. Esta política orientada exclusivamente a la tierra es incoherente, pues el 65% de los mapuches vive en Santiago o en zonas urbanas y sólo el 25% lo hace en sectores rurales. Muchos de ellos quieren, en vez de tierra, acceso a la educación, vivienda, trabajo, salud y capacitación.
La solución no está al alcance mientras la izquierda tenga el control del Legislativo. El paliativo más urgente es la modificación de la Ley Indígena para terminar con las subdivisiones de comunidades y con la escandalosa autocalificación de "indígena" (no siéndolo), que es la gran puerta de entrada de los activistas extremistas al mundo mapuche. Pero ello no podrá ser, porque la izquierda no querrá soltar una presa que la tiene entre sus dientes.