LA SOBERBIA DE ACTUAR COMO DUEÑO DEL PAÍS

VOXPRESS.CL.- Por su naturaleza y concepción, ningún país, a excepción de las dictaduras -por estos días, exclusivamente comunistas- tiene dueño. Sólo los tiranos, que aún los hay, subyugan a sus ciudadanos con imposiciones voluntaristas, abusivas y hasta criminales. Es más que conocido el destino de quienes osan exigir aunque sea una pequeña cuota de representatividad popular: la cárcel.

Las democracias auténticas, como la nuestra, les pertenecen a todos los ciudadanos por igual y, con mejor derecho, a quienes eligieron a un Gobierno vía elecciones libres e informadas.

Basándose en este antecedente ícono de las libertades individuales, Chile es, a partir del 17 de diciembre de 2017, un país que postergó a un segundo plano a la izquierda. Estadísticamente, y de acuerdo a los votos, ésta es minoría.

Siendo así, a la mayoría de los chilenos les resulta repulsivo que esa minoría continúe actuando como si fuese mayoría y como si fuese la luz que ilumina lo que el Gobierno, que no es el suyo, tiene y debe hacer.

Con el incondicional apoyo de su gran aliado ideológico, el periodismo, los sectores más radicalizados de la izquierda han hecho y dicho lo que se les ha venido en ganas, luego de la muerte del comunero comunista Camilo Catrillanca, miembro de la rebelde comunidad separatista Temucuicui. Revelado por la propia radio oficial del movimiento indígena autonomista, la víctima "fue asesinado cuando venía llegando en su tractor de una `recuperación' en un campo cercano". Así se les conoce a las corridas de cercos, en este caso del fundo del agricultor René Urban Una versión de un campesino mapuche cercano a Ercilla da cuenta que "él era quien dirigía los robos de ganado y de caballos finos por estos lados, e incluso se llevó un potro carísimo de sangre chilena de Paul Levy. Lo sé porque en una oportunidad en que me usurpó mis caballos, se quitó la capucha y le ví clarita la cara".

En lo práctico, los progresistas reaccionaron del único modo que saben, con inusitada violencia, dando lugar a ataques y saqueos contra gente inocente y destruyendo propiedades ajenas. En su retórica, asumieron una postura tan soberbia que colindó con la ficción, al exigir la "inmediata salida" de sus cargos de autoridades del Gobierno". Citaron en tiempo y horario extra al ministro del Interior a declarar a una comisión de la Cámara de Diputados, lo que no lo salvó de una interpelación por parte de una parlamentaria socialista programada para el 11 de diciembre.

Estos termocéfalos y oportunistas apuntaron a la "responsabilidad política" del Intendente Regional, el cual pecó de ingenuo al creer de buenas a primera la mentira de los carabineros involucrados, obligándose a renunciar parta descomprimir los destemplados ataques al Gobierno, y un milagro parece haber salvado al Director General Hermes Soto, también víctima de las falsedades de sus funcionarios, pero la oposición, en castigo, aprobó solo un peso para Gastos Reservados de Carabineros.

Lo ocurrido no fue un conflicto político: se trató de un episodio netamente de carácter policial con resultado de muerte y, por ende, con culpabilidad exclusiva de los funcionarios participantes y del mando directo. A las horas del suceso, dos jefes y cuatro suboficiales pagaron su responsabilidad, al ser dados de baja un general, un coronel y cuatro integrantes del GOPE, tanto por la muerte del comunero como por la auto destrucción del chip de la cámara portátil de uno de ellos.

El operativo de Carabineros se produjo a raíz de la denuncia telefónica de cuatro modestas profesoras rurales, quienes, junto a dos menores, fueron asaltadas con escopetas y hachas para robarles sus tres autos. Los autores del delito son comuneros encapuchados de la comunidad Temucicui y la acción de captura que siguió a este delito con violencia fue la que derivó en la muerte de Catrillanca.

Mal intencionadamente, la extrema izquierda omite cuál es la causa del fatal desenlace, y ello en defensa de los subversivos. No se refiere, ni por aproximación, al clima delictual originado por estos extremistas que despojan, incendian e imponen el terror a sus propios hermanos mapuches no involucrados en su "lucha contra el Estado".

Así como se investiga con celeridad la muerte de Catrillanca, con la misma rapidez tendría que estar indagándose el asalto y robo a las profesoras. Pero, desde ya, puede garantizarse que la Justicia no llegará a conclusión alguna en este delito, gatillante del otro, a raíz de la protección que le otorga la izquierda nacional e internacional a los comuneros comunistas y autonomistas.

Cientos de camiones y maquinarias quemados, iglesias destruidas, escuelas asoladas, campos arruinados, terrenos "recuperados" ilícitamente, bosques convertidos en ceniza, familias viviendo bajo temor y 'capitalistas' asesinados, son el sistema de vida impuestos en la zona por estos enajenados adoctrinados por las FARC y provistos de armamento desde el exterior.

Existen, y no pocas, pruebas y evidencias sobre los promotores e impulsores de este incontrolable movimiento terrorista, pero nadie se anima a acusarlos por su "responsabilidad política".

Hay gente de izquierda algo más cauta y menos temeraria, que ha mantenido prudente distancia con el hecho y no se ha sumado a la histérica petición de que el Gobierno poco menos debe irse a causa de la muerte de Catrillanca. Ésos son los pocos que sienten vergüenza de pedir cuentas a quien no corresponde, dados los infinitos malos ejemplos de su propio Gobierno, el de Bachelet y la Nueva Mayoría, en el cual nunca nadie fue acusado por su responsabilidad política a raíz de los innumerables casos de corrupción, incluso de familiares y del entorno presidencial de la época.