EL PODER DE LA RED EXTREMISTA

VOXPRESS.CL. Desconcierta y llama la atención la extrañeza y asombro que han producido en sectores democráticos de Chile la decisión de Francia de otorgarle asilo, y futura ciudadanía, a uno de los ejecutores del crimen del senador Jaime Guzmán.
Ricardo Palma Salamanca integró el comando del Frente Manuel Rodríguez, brazo armado del PC, que acribilló al parlamentario a la salida del Campus Oriente de la Universidad Católica, donde hacía clases en Derecho. La idea original de ultimarlo al interior del recinto se desechó, al comprobar los extremistas las dificultades para la huida: optaron por dispararle cuando salía en su auto (en la foto) desde el estacionamiento. El operativo criminal, como todos los planificados por el Frente, fue financiado con dineros proveniente de Cuba hechos llegar al PC chileno.
Palma Salamanca y sus secuaces fueron condenados a perpetuidad por la justicia civil, y estando en la cárcel de Alta Seguridad (?) fueron liberados por un helicóptero pilotado por una extremista europea hoy también en libertad, el 30 de enero de 1996, ya con el país en plena democracia.
Ricardo Palma, Raúl Escobar, Mauricio Hernández y Galvarino Apablaza fueron acogidos por Cuba para, luego, repartirse por el mundo y dedicarse a sus oficios de criminales. Dos de ellos, uno en México y el otro en Brasil, se hallan presos por haberse dedicado a rentables secuestros.
Desde ese momento, todos los intentos judiciales y diplomáticos para traerlos de vuelta a Chile y cumplir su condena, fueron estériles gracias a la red internacional de protección de los extremistas.
Cuando Escobar fue apresado en México, su cómplice de delitos, Palma Salamanca, se fugó a Francia, adonde ingresó ilegalmente. Al tanto de ello, la Corte Suprema de Chile solicitó su extradición. No obstante, tal solicitud desde un principio se percibió más que compleja por la intervención y superposición de dichas redes internacionales.
Apenas revelada su presencia clandestina en París, una desconocida Asociación de Exiliados chilenos en dicha capital, le garantizó protección y su compromiso de que no volvería a Santiago "porque será torturado". Tras conformarse un Comité de Apoyo de franceses y chilenos, se inició el operativo político del mundo extremista que derivó, días atrás, en su asilo otorgado por la Oficina de Refugiados y Apátridas, un ente estatal con financiamiento público e independiente.
El asilo fue concedido un mes antes de que la Corte Suprema de Francia se pronunciase sobre la solicitud de extradición de su par chilena, y luego de que el Presidente Piñera le solicitara personalmente a su colega Macrón que "intercediera" para agilizar el envió del asesino prófugo a Chile.
La Oficina de Protección a Refugiados y Apátridas (OFPRA) es la encargado de la aplicación de las leyes francesas y europeas y los convenios internacionales relativos al reconocimiento de la calidad de refugiado y apátrida, y de su consecuente protección. Se rige por el Código de Entrada y de Residencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo, que agrupa todos los textos legislativos y reglamentarios vigentes en derecho de asilo. Sólo este antecedente es más que aclaratorio para concluir que la facultad de este organismo está por encima de lo que pueda decidir la justicia francesa en esta materia.
El código por el que se rige OFPRA reconoce la "calidad de refugiado" a "toda persona perseguida en razón de su acción a favor de la libertad", como también a las personas sobre las cuales el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -Michelle Bachelet- ejerce su mandato en los términos definidos por la Asamblea General de la ONU en Ginebra, en 1950, o quienes responden a las definiciones del artículo 1 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951.
El extranjero que obtiene el estatus de refugiado en Francia se beneficia de un acompañamiento personalizado para acceder al empleo, a la vivienda y a la nacionalidad.
OFPRA definió a Palma como "un luchador contra la dictadura" -el crimen lo cometió estando el país en democracia (1991)-, lo calificó de "perseguido político"…(por la democracia) y víctima de "un juicio irregular" -también en democracia- "porque sus declaraciones fueron hechas bajo tortura"…
Con este cúmulo de información de arbitrariedad jurídica y de solidaridad política, es una candidez pensar en que algún día Palma Salamanca cumplirá su condena en una prisión chilena. El que se esté quedando para siempre en Francia y próximamente sea un ciudadano de ese país, no es responsabilidad de que Chile hace ocho meses que no tenga embajador en París ni tampoco de la nula incidencia que tendrá la carta diplomática de Piñera a Macrón, porque OFPRA es una entidad pública y soberana.
La extrema izquierda, históricamente ha estado por sobre la Justicia. Dato relevante para OFPRA, al momento de tomar su decisión, fue el alto número de indultos a extremistas y terroristas de izquierda por parte de los Gobiernos concertacionistas. Patricio Aylwin benefició a 928 extremistas, Eduardo Frei a 343, Ricardo Lagos a 240 y Michelle Bachelet a 13.
A la hora de los lamentos, éste es un antecedente que no se puede ignorar.