LA OPOSICIÓN Y SU GARROTE DE LO ILÍCITO


VOXPRESS.CL.- Otra vez se ha repuesto el debate en torno a la obligatoriedad de los profesionales de la salud de realizar abortos, incluso por parte de aquéllos que, apelando a la objeción de conciencia, se oponen. Igualmente, se abrió una fuerte polémica por la propuesta de la izquierda de que el proyecto de eutanasia involucre a menores de edad.

La obstinación de utilizar su mayoría parlamentaria para que las leyes se aprueben a su entero gusto, induce a la oposición a cometer errores que ni siquiera se pueden atribuir a diferencias valóricas.

Cuando en el Gobierno socialista se aprobó la Ley de Aborto no quedó claramente zanjado, con total claridad, el factor 'objeción de conciencia'.

Al comprobarse estadísticamente que más del 60% de las solicitudes de interrupción de embarazos corresponden a violaciones hasta con tres meses de gestación, las autoridades de Salud se alertaron.

Dada esta relevante información, la PDI fue ordenada a intervenir para determinar la real existencia de violaciones que justificasen la decisión de abortar. A raíz de este antecedente, aumentaron los médicos que apelan a la objeción de conciencia para no realizar intervenciones engañosas y que, por lo tanto, no se ajustan al espíritu de la ley.

Cualquiera persona de buen criterio deduce que una mujer efectivamente violada, con el shock emocional y la violencia física que ello implica, lo único que ansía en una instancia tan terrible es que un servicio médico elimine, en el acto, cualquier vestigio de un eventual embarazo no deseado por su brutal forma de concepción.

Desde esta perspectiva, notificar de una violación con dos o tres meses de embarazo constituye un aborto libre, y punto. Es a esto a lo que quieren llegar los movimientos de libertinaje feminista que han copado, hasta la saciedad, la escena nacional.

El aborto libre continúa, al menos en Chile, siendo un delito, como también lo es encubrirlo con una violación inexistente.

Los médicos que se oponen a este tipo de intervenciones claramente ilícitas, van a ser obligados a practicarlas en las clínicas privadas que reciben recursos públicos.

La postura de la izquierda libertina en esta materia es autoritaria y mercantilista, los mismos adjetivos que suele usar a diario para atacar y descalificar al sistema neoliberal. Argumenta que por el sólo hecho de que algunos centros médicos particulares reciban subsidios estatales, sus médicos están obligados a "atender la salud de la población".

Ése ha sido por siempre el compromiso de quien elige esta profesión, de modo tal que nadie, ni siquiera una ley, puede estar por encima de su propio juramento. Pero se les impone contribuir a la sanación de una enfermedad o dolencia, lo que sí corresponde, pero no a ser cómplices de un engaño que incluye la muerte de un ser humano.

En ningún texto del mundo se encuentra alguna definición que consigne que el embarazo es una enfermedad. Así, interrumpirlo sin mediar una razón absolutamente médica, es una ilicitud.

Exclusivamente en una violación real, no consentida y resistida, se le genera a la víctima un cuadro de males, y sólo en ese caso es permitido aplicar "protección a la salud". En todos los demás, tramposos y ficticios, no está la salud de por medio, de tal modo que no hay negación del profesional médico. Tan sólo rehúsa ser parte de una ilegalidad.

Si la posición de la izquierda es un fraude para combatir la objeción de conciencia, su solicitud de que en el proyecto de eutanasia -de su creación- se incluya a menores de edad, refleja ignorancia y un total desconocimiento de la legalidad vigente.

Aunque se sabe que la eutanasia genera más disenso que consenso, el debate del proyecto tendrá un eje muy similar al originado por la identidad de género. Si en éste, el centro de la argumentación radicó en el infierno que viven quienes nacieron con el sexo cambiado, el de la eutanasia se canalizará en el infierno de quienes no tienen esperanzas de vida y, para peor, aquejados de insoportables dolores y de procedimientos clínicos que causan la ruina de sus familias.

El proyecto establece que la decisión de apresurar un desenlace por vía médica, requiere del veredicto de, al menos, dos profesionales y de la solicitud verbal y escrita ante un notario, del paciente.

La descabellada idea de hacerla extensiva a menores tomó cuerpo luego de que en la norma sobre identidad de género se le diera cierto poder de decisión a adolescentes. Pero su situación es muy distinta: se trata de jovencitos sanos, con toda una vida por delante, pero que sufren una anomalía física, orgánica y psíquica que trastorna sus hogares y los lleva, incluso, al suicidio.

En ambos casos queda en evidencia que no se trata de conflictos valóricos, aunque sectores religiosos así lo consideren. Los casos de aborto por violación simulada constituyen delitos y, por tanto, no se puede utilizar como excusa el otorgamiento de recursos públicos para forzar la complicidad en un engaño, y el entrometimiento de menores en una eventual Ley de Eutanasia, no es más que una ignorancia. Para llevarla a la práctica habría que modificar toda la legislación vigente referente a los derechos legales de los menores de edad.

La legislación chilena impide a los menores de edad decidir por cuenta propia, y ello es comprobable en innumerables situaciones tan domésticas como no viajar al exterior sin permiso paterno, prohibición de acceso a locales para mayores, no conducir vehículos motorizados, ver sólo películas para menores e impedimento de adquirir bebidas alcohólicas, entre varias otras restricciones.

Resulta insólito e incomprensible que niños que viven a diario de la mano de múltiples impedimentos, tengan el derecho de decidir anticipadamente el fin de sus días a causa de una dolencia incurable.

No hay que extrañarse de estas conductas de la izquierda. Permanentemente da muestras de su obsesión por imponer sus criterios al resto, por descriteriados e ilícitos que sean. Es su ley de siempre, la del garrote.

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