EL MANUAL DE CONVIVENCIA… NO INCLUYE A CRIMINALES
VOXPRESS.CL.- Parece broma, pero frente a una sociedad violenta, desbocada e intrépida hasta más allá de los límites aceptables, aún rige en liceos y colegios un arcaico Manual de Convivencia.
Se trata de un protocolo para mantener la disciplina al interior de los establecimientos educacionales y sus reglas se aplican a quienes, profesores, inspectores y rectoría denuncian por mala conducta.
Lo que antiguamente se denominaba "mala conducta" nada tiene que ver con la convivencia existente por estos días en liceos, escuelas y colegios. La niñez y, fundamentalmente, la juventud de hoy nada tienen que ver con la de hace medio siglo. Son fruto de una sociedad que evolucionó a extremos insospechados y en la cual se insertó la maldad casi como algo natural.
La gran preocupación de las comunidades de padres y apoderados es el buylling, el hostigamiento pertinaz que lleva a la víctima incluso al suicidio. Sin embargo, existe otro fenómeno más grave aún: la rebelión de los alumnos en contra del equipo docente, esto es, la violación de la autoridad.
Los profesores son frecuentemente atacados y agredidos, no sólo a golpes, sino con golletes, trozos de vidrios y hasta cuchillos. Trabajan en un ambiente de miedo, donde la fabricación de bombas Molotov es en la sala del lado.
Ello, categóricamente, supera por lejos el concepto de "mala conducta" y, por ende, la aplicación del Manual de Convivencia pasa a ser casi una anécdota.
Esta reglamentación interna no incluye pena efectiva por delito, que debiera ser el resultado del asalto al Instituto Nacional por el intento de quemar vivos a una docente y a una funcionaria de aseo. Si se descubre que el autor o cómplice fue un alumno, gracias al Manual de Convivencia sólo recibirá sanciones 'por infracción a la disciplina'.
En horas en que algunos alumnos asistían a clases recuperativas -sábado en la mañana-, una veintena de encapuchados irrumpió violentamente en el recinto, lo que espontáneamente instó a profesores y auxiliares a rechazarlos. Fue en ese forcejeo que los invasores rociaron con bencina a una docente y a una auxiliar de aseo, con la intención de prenderles fuego. El socorro prestado por los alumnos del Instituto impidió que se concretase la demencial acción.
Gracias a las cámaras de seguridad del liceo se estableció que los encapuchados vestían overoles blancos, la vestimenta utilizada por grupos en el intento de incendio al Liceo de Aplicación y en el asalto a un cuartel de la PDI en calle Condell, Providencia, por parte de alumnos de la Universidad de Humanismo Cristiano…
Todos los afectados por el criminal ataque anunciaron, en una inútil rutina, la presentación de una querella contra "quienes resulten responsables". Lo hicieron el Instituto Nacional, la Municipalidad de Santiago -su sostenedor-, el MINEDUC y la Intendencia.
Por sus características, lo ocurrido calza con la Ley Anti Terrorista en vigencia, de tal modo que sus autores, de ser aprehendidos, arriesgan penas de cárcel….siempre y cuando no sean menores de edad, lo que se considera lo más probable.
Hasta la fecha, ninguna -¡ninguna!- organización de dd.hh. ha levantado su voz en solidaridad con la docente y la trabajadora, y tampoco el Colegio de Profesores salió a la calle a protestar por la brutal agresión a una colega. Dichas víctimas parecen nono merecen apoyo ni respaldo, aunque lo más probable, y casi seguro, es que ambas sean de la misma identidad ideológica.
Este criminal episodio no hubiere ocurrido de tener el Instituto asumidas todas las medidas de seguridad en sus accesos, al punto que el portero fue incapaz de ver y alertar sobre el ingreso de encapuchados con bidones de combustible. Su propio Centro de Alumnos, atendido su concepto de "democracia", se opone "a vivir en una cárcel", es decir, con las puertas cerradas.
De partida, lo ocurrido tiene que ser un urgente punto de partida para modificar sustancialmente el Manual de Convivencia, un protocolo anacrónico que no responde a la violencia y brutalidad actuales al interior de los establecimientos escolares. Un individuo capaz de actuar criminalmente tendría que ser marginado de por vida del sistema educacional.
Increíble: pese al ambiente delictivo en los recintos educacionales, al menos en Santiago apenas 12 'alumnos' han podido ser expulsados. Los hijos de una sociedad loca, trastocada y sin valores no pueden seguir siendo tratados con medidas "políticamente correctas", sino con el mismo rigor que a un delincuente común, y con los agravantes del caso.