DESCONTROL MIGRATORIO EN SU LÍMITE
VOXPRESS.- Parece haber llegado la hora, ojalá definitiva, de que los derechos del Estado de Chile prevalezcan por sobre los de grupos puntuales de inmigrantes que, aduciendo una oportunidad que no existe, trastornan y hasta violentan la convivencia nacional e inciden negativamente en sus políticas públicas.
El escenario actual de saturación de una inmigración irregular, de extranjeros que no encuentran trabajo ni tienen dinero para subsistir, ha superado todos los límites. Es el momento de que Chile ponga un punto final a esta situación, que hasta marzo fue incontrolable, y ello no es un capricho, ni una arbitrariedad ni menos un atentado a los derechos humanos de los inmigrantes.
Nuestro país es una víctima más de un dislocado fenómeno que ha revolucionado a la sociedad de Europa Occidental y que, ahora, está afectando a Sudamérica, al punto que Brasil cerró su fronteras con Venezuela, y Perú y Ecuador les exigen pasaporte a sus ciudadanos.
La forzada imposición del socialismo, alineó a Venezuela con los cinco países mundiales de mayor éxodo de sus habitantes.
Todos los países destino de descontroladas olas migratorias se defienden, pero en Chile subsiste la pertinaz y obstinada presión de organizaciones que se oponen a cualquiera medida de regulación por considerarla una violación a los derechos humanos de quienes llegan por cualquier vía y con cualquier propósito, originando un atropello al derecho del Estado chileno de garantizar un equilibrio en su convivencia interna social y laboral.
Hay que reconocerlo, y decirlo, de una vez: en virtud de su actual situación socio/económica y política, Chile no es "un país de oportunidades".
Prueba de ello es la sincera confesión del vocero de la comunidad haitiana en Chile, William Pierre, en cuanto a que "miles de mis compatriotas quieren regresar a nuestro país". Como carecen de medios para financiar un pasaje aéreo, piden formalmente la ayuda del Gobierno para su retorno.
Se espera que tan honesta confesión pueda atenuar la intransigente postura de la izquierda, de organizaciones de doña.HH. y entidades progresistas de la Iglesia, que rechazan a rajatabla cualquier intento de regulación de la desbocada ola inmigratoria e incluso condenan que se expulse a los extranjeros delincuentes.
William Pierre, un haitiano residente en Chile hace tres años, una especie de paño de lágrima de sus compatriotas, concurrió a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados en la cual se discute un proyecto de ley que actualice la súper añeja reglamentación sobre el tema.
Pierre, un ingeniero que aprendió el castellano en República Dominicana, le declaró a los miembros de la comisión que el clamor de miles de sus connacionales es que e el Gobierno "les dé una mano" para que les facilite un avión dos veces al mes y poder regresar, así, a Puerto Príncipe.
Una declaración tan contundente sobre la exacta realidad de los inmigrantes en Chile se dio sólo horas después de que fueran expulsados ciudadanos colombianos, bolivianos y peruanos por hallarse ilegalmente en el país y poseer antecedentes penales. La decisión fue duramente criticada política y humanitariamente por organizaciones de DD.HH.
La izquierda censura a La Moneda, pero evita referirse a que en 2017, el último año de Michelle Bachelet, se decretó la salida obligatoria de 1.398 extranjeros. Lo grave es que ahora, sólo en ocho meses, ya han debido dejar el país 1.200 y se espera que a diciembre serán 2.000. En el caso de los bolivianos expulsados, todos de Tarapacá, fue por tráfico y microtráfico de drogas.
Un 60% de la comunidad haitiana llegó a Chile entre el 2016 el 2017, tras acoger la ex Presidenta Bachelet un pedido especial de Ban Ki Moon, ex Secretario General de la ONU: el país que les abriera de par en par sus fronteras, tendría "algún tipo de garantía", la cual siempre fue una incógnita y motivo de sospecha. Condición ineludible fue no exigirles visa.
Esa inmigración específicamente, derivó en un tráfico ilegal de personas, en el cual, sigilosa y silenciosamente, se coludieron el Gobierno socialista, la PDI y empresas haitianas y chilenas, que hicieron un fértil negocio.
Al asumir, el Gobierno de Chile Vamos frenó el desenfreno del arribo ilegal de haitianos, estableciendo la obligatoriedad de visas: desapareció la empresa 'exportadora' en Puerto Príncipe y quebró la línea aérea que traía centenares a Santiago casi diariamente.
La Moneda dio facilidades y plazos para que los inmigrantes regularizaran su estada en el país, pero el escenario para miles de haitianos es desolador: el otorgamiento de certificados de antecedentes en su país demora entre seis meses y un año. Mientras no lo reciban no pueden acceder al mercado laboral, porque la Dirección del Trabajo los multa a ellos y a sus empleadores. Sin ingresos para subsistir, se incubó el único camino que les queda: el retorno.
Pero en la medida en que podría reducirse el número de haitianos de brazos cruzados, se incrementa el número de venezolanos.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018 han ingresado a territorio nacional 147.429. En todo 2017 fueron 177.347. Nueve mil han entrado con la visa de Responsabilidad Democrática.
Las estadísticas consolidan a Chile como el cuarto destino en Sudamérica, después de Colombia, Ecuador y Perú Según la ONU, 2,3 millones de personas han emigrado de Venezuela en los últimos años debido a su actual escenario, e incluso la ubica como el cuarto país con más solicitudes de asilo, después de Siria, Irak y Afganistán.
La visa de Responsabilidad Democrática ha sido solicitada por 64.932 venezolanos, siendo otorgada a 9.626. Hay 42 mil en trámite.
Este escenario hace ineludible una norma regulatoria, y cobra cada vez más fuerza la idea de poner cuotas anuales de inmigrantes -10 mil- que ingresen a territorio nacional a aportar e innovar, tal como ocurrió en el pasado. Pero no puede insistirse en el grotesco panorama actual. Guste o no, los derechos del Estado se sitúan antes que el de los extranjeros que, en rigor, en su mayoría llegaron y llegan a nada, a nutrir el trabajo informal, la cesantía, los hacinamientos, la pobreza y, en el peor de los casos, la delincuencia.