ESTATISMO A LA CHILENA
VOXPRESS.CL.- Una antigua y muy cierta reflexión dice que "el izquierdista deja de serlo cuando tiene que decidir sobre su propio dinero". La aseveración está basada en el concepto estatista del socialismo: los fondos públicos deben financiarlo todo, lo mío y lo de los demás.
Caso muy presente es el de Corea del Norte: cada vez que fallece un miembro de la fiera dinastía a la que pertenece el actual dictador Kim Jong Un, hijo de Kim Jong Il, el pueblo consternado sale a las calles y llora a sollozos mientras avanza el sepelio.
La población norcoreana, lavada del cerebro, es convencida de que nace, vive, come, se educa y se viste gracias al papá Estado.
De lo poco que se sabe de la hermética Corea del Norte, allí hay una feroz hambruna y privaciones de todo tipo, ante la decisión del heredero Kim Jong Il de destinar casi la totalidad de los recursos estatales a material bélico, a la mantención de su gigantesco ejército y a las muy conocidas pruebas nucleares, con cohetes y misiles de fabricación propia.
El Estado en Cuba es el que sumió a sus habitantes en la extrema pobreza y redujo la infraestructura del país a lo más rudimentario conocido en Occidente, y es también el Estado venezolano el que derivó al país a la más grande inflación conocida, con el agregado de una abismante carencia de alimentos.
Es el "Estado de Bienestar" del socialismo, el que se compromete con los ciudadanos a que todo les será dado, a cambio de la rendición de su libertad individual y colectiva.
El Estado paternalista es el sueño permanente del PC chileno, el cual maneja sagazmente sus propias platas con negociados propios del peor capitalismo que aborrece, pero cuando se trata de recursos públicos poco o nada le importa su destino si ello contribuye a la conservación del poder.
Entre las innumerables pillerías del Gobierno socialista de Bachelet, se acaba de revelar una más: los $4,2 billones que la administración anterior dejó por cobrar o, decididamente, por interés político no lo hizo. De esa suma, un 17% ya es plata perdida porque venció el plazo para recuperarla. La deuda prescribió.
El país bien sabe que Bachelet hiperendeudó al país a cambio de nada, porque del progreso a raíz de dineros derrochados no hay pistas. Apenas asumido, este Gobierno debió hacer varios ajustes fiscales a la baja y anular proyectos porque los fondos con los que creyó disponer, simplemente no estaban. Las nuevas autoridades se encontraron con pagos de sobreprecios y con obras en ejecución con un costo muy superior al pactado en los contratos.
Para profundizar la información ocultada por los anteriores jefes de servicios públicos en el traspaso de mando, la SEGPRES solicitó un informe -con cierre el 28 de febrero de 2018- referente al estado financiero de todos ellos, y se encontró con un desenlace para llorar: $4,2 billones dejó de cobrar el Estado.
La información recopilada en 493 servicios públicos, todos dependientes de los 24 ministerios, consigna que los principales fondos públicos perdidos son cuentas por cobrar, esto es, dineros que el Estado tiene que recuperar por deudas de beneficiarios del CAE, por préstamos impagos a Indap y el no reintegro de licencias médicas.
Son $511.332 millones los que entre 2015 y 2017 no fueron cobrados por el Estado. Sólo en el último año, el de elecciones, se dejaron de recuperar $1,5 billones. De un total de 4.447 cuentas corrientes públicas, 1.534 revelaron un descuadre en las cifras.
De $1,4 billones, el 57,4% corresponde a saldos por rendir vencidos, por lo que es imposible verificar si los recursos fueron utilizados en lo que correspondía. Pendientes desde el Gobierno anterior existen 10.111 sumarios con más de seis meses de antigüedad, el tope legal de duración.
Por último, y para agravar la situación, el Estado heredó de la administración Bachelet un total de $597.126 millones en "cuentas por pagar", o sea, deudas que los servicios públicos no sirvieron antes de entregar el poder.
Hay que recordar que pese a este gigantesco pasivo y por expresa instrucción de La Moneda, en los últimos tres meses del Gobierno socialista se ordenó la contratación, al menos, de 9 mil personas en la administración pública para dejarlas amarradas con la finalidad de ejercer la obstrucción política desde dentro.
Estos nuevos antecedentes sobre la ineptitud socialista en el manejo del Estado y de su total desapego por cautelar el dinero de todos los ciudadanos, se contraponen a la devoción de la izquierda por la probidad y cobra más vigencia la interrogante respecto a su apetito de ser nuevamente Gobierno. ¿Para qué? ¿Para esto?
Aquí están los resultados de su errónea convicción de que los recursos públicos son para gastarlos…en beneficio de su propia gente. Los demás, nunca han importado.