CONTRA LA SUPREMA, LA IZQUIERDA SE PILLA LOS DEDOS
VOXPRESS.- Con la exclusiva finalidad de que no se borre de la memoria colectiva su único argumento político que le va quedando -las víctimas de los derechos humanos-, la izquierda ingresó a tramitación una acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama. Los acusa de "notable abandono de deberes" por haber decretado la libertad condicional para siete reos de Punta Peuco.
Horas después de dicha sentencia, los mismos ministros de la misma Sala Penal, condenaron a 22 ex agentes de los servicios secretos del régimen militar, entre ellos una mujer. A nadie se le ocurrió presentar un libelo en su contra por su fallo.
La justicia penal/política en el país hace décadas que es controlada por la izquierda, como hasta poco fue dominada por la masonería y antes, por el homosexualismo. Hoy la preside un progresista de los duros, Haroldo Brito.
Un paralelo entre condenados y reos de izquierda y derecha, demuestra categóricamente cuál es el bando que goza de impunidad.
La jefa de bancada de diputados del PC, Carmen Adelaida Hertz Cádiz -inicialmente mirista, desde 1968- es una tenaz luchadora de los derechos humanos desde la muerte de su marido a manos de la 'Caravana de la Muerte'. No siendo ella la abogada patrocinante de la acusación, es la vocera de los diputados opositores que firmaron el libelo, denunciando que los ministros de la Suprema "ignoraron el privilegio de la convencionalidad", lo que según ella significa que las convenciones internacionales firmadas por el Estado chileno subordinan las leyes de éste. Ella los acusa de "fomentar la impunidad"
Como dichos magistrados no procedieron como ella quisiera, los trató de "ignorantes", al constitucionalista Jorge Correa Sutil lo calificó de "no saber nada", y luego de que Patricio Zapata, jefe de observadores del proceso constituyente de Bachelet, dijera que "el libelo carece de argumentos", lo mandó a callar "porque no tiene nada en qué meterse".
Hertz Cádiz, originalmente aspirantes a senadora PC, debió dejar su cupo en Arica a José Miguel Insulza y fue electa diputada por el distrito 8. De carácter fuerte, de gran arrogancia y prepotencia, y con un vocabulario rebuscado hasta la siutiquería, ha pasado a ser la voz cantante y el rostro más visible del comunismo para mantener flameando las violaciones a los derechos humanos de defensores de la Unidad Popular.
Ignora, sin embargo, que su pelea, a la que arrastró al Frente Amplio y a algunos extremistas del PS, PPD y DC, es de forma y no de fondo. A gente como ella le conviene "hacer ruido" y poner énfasis "en el respeto y la memoria de las víctimas de la dictadura", porque, ya está dicho, ése es el único y último recurso que le queda al comunismo para mostrarle al país. Carece de oferta a la ciudadanía…excepto una dictadura, como la de Cuba y Nicaragua. Por eso, la gente cada vez le cree menos y hasta sus aliados hoy arriscan la nariz a la hora de insinuar alianzas y pactos.
En el fondo, pase lo que pase con esta acusación constitucional contra esos tres 'supremos', la izquierda igual saldrá ganadora.
De partida, el primer obstáculo a la obstinación casi personal de Hertz Cádiz (73) -una versión más vetusta de la fanática Lorena Fries-, se lo puso su propio camarada izquierdista, el presidente subrogante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien advirtió que por expreso mando de la Constitución "ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden comentar y/o enmendar un fallo" del máximo tribunal. En buenas cuentas, si la sentencia ignoró o no consideró, como dice Hertz, la prevalencia del derecho internacional, nada va a cambiar.
Lo que Carmen Hertz no ha evaluado en su febril arremetida es la ventaja para la izquierda si ningún ministro es destituido. Si ello llega a ocurrir, será el Gobierno, de derecha, quien designe a sus reemplazantes, circunstancia perjudicial para los planes comunistas de continuar enviando a prisión a "violadores de derechos humanos".
También debe considerarse un triunfo para la izquierda la negociación que está llevando a cabo el Gobierno con parlamentarios opositores para que se caiga la acusación constitucional. Pese a que los 'supremos' se oponen a que se modifique la norma vigente, Justicia, con su ahora liberal ministro Hernán Larraín, propone establecer más restricciones para las libertades condicionales…en Punta Peuco.
Raya para la suma: sólo la caída de los ministros acusados sería una pérdida de poder de la izquierda al interior de la Suprema. Todo lo restante que pueda pasar, será ganancia para ella.