LA HISTERIA EXTREMISTA POR UN FALLO


VOXPRESS.CL.- Una histeria descontrolada afectó a varios termocéfalos de la izquierdista extremista, tras el fallo de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema a favor de otorgar la libertad condicional a siete reclusos de Punta Peuco.

Justo en momentos en que el Gobierno se apresta a enviar al huerto progresista -el Parlamento- un proyecto humanitario en materia de excepciones carcelarias, la izquierda carga sus baterías para disparar a quienes no les dan en el gusto, en este caso, la Justicia.

Más de mil procesos judiciales en defensa de su gente y millones de dólares en pagos indemnizatorios por sentencias a favor de extremistas y sus familias, no son argumentos suficientes para que la izquierda deje de presionar inmoralmente.

Como un rayó activó sus redes internacionales para evitar la extradición desde Francia del terrorista Ricardo Palma, autor del asesinato del senador Jaime Guzmán y acciones similares realiza en Argentina para que Galvarino Apablaza, uno de sus cómplices, asilado en ese país, no sea enviado a Chile.

La izquierda criolla asume como lógicas y justas ésas y otras presiones de sobreposición de la ideología por sobre la justicia. En cambio, cuando una esporádica sentencia no encaja en sus arbitrariedades, cae en un histerismo colectivo, como ha ocurrido ahora por estas libertades condicionales a presos de Punta Peuco.

Hasta hace poco, la Sala Penal estuvo permanentemente integrada por Milton Juica, pero éste, por edad, debió jubilar. Mientras fue parte de ella, jamás dio el pase para otorgar una libertad condicional, aunque fuese a un moribundo terminal de Punta Peuco. Su pasado en las Juventudes Comunistas lo hizo subordinar cualquier otro argumento jurídico o humanitario. Ido Juica, el máximo tribunal acogió siete peticiones de libertad condicional.

Al tanto de ello, dirigentas comunistas de organizaciones de DD.HH. y diputados del PC y PS dispararon contra la Corte Suprema, centrando su histérica reacción en que su fallo violó el derecho internacional sobre condenados por delitos políticos.

La Corte Suprema en su sentencia se remitió a los mismos artículos de los mismos códigos con los cuales ha condenado a decenas de violadores de los derechos humanos.

El ministro integrante Hugo Dolsmetch, para aplacar a sus virulentos críticos que lo denostaron por "cambiar la doctrina" impuesta por Juica, se remitió a lo que debía: "fallamos en mérito a los antecedentes". Días después, el mismo tribunal condenó a una segunda mujer por violación a los derechos humanos y dejó abierta la puerta a la repetición del juicio que mandó a prisión a dos comuneros comunistas en La Araucanía. Igual, la izquierda aúna fuerzas para acusar constitucionalmente a los magistrados.

La carencia de conocimientos sobre la materia -pretende sentencias ideológicas por sobre las jurídicas-, indujo a confusiones a la izquierda, al punto de creer que el derecho internacional está por sobre el interno de un país. A tal punto llegó su ignorancia, que uno de ellos anunció "denunciar ante la ONU a la Corte Suprema por aplicar una norma que contraviene al derecho internacional".

La literatura jurídica consigna que "para que el contenido de una norma internacional pueda tener aplicación dentro de un Estado es necesario que ella se transforme en norma interna, o sea, que el Estado cree una norma interna que admita o incorpore la norma internacional a su orden jurídico".

Lo siguiente es aún más aclaratorio: "son sistemas jurídicos diferentes, independientes y separados. De acuerdo con el Derecho Internacional y el interno se menciona que no son solo ramas distintas, sino también sistemas jurídicos diferentes".

Y concluye que "son dos círculos en intimo contacto, pero no se superpone jamás, puesto que ambos no están destinados a reglamentar las mismas situaciones; es imposible que haya una concurrencia entre las fuentes de los dos sistemas jurídicos".

Para agravar su rabiosa reacción, la izquierda exigió de inmediato que se aumentasen -de inmediato- las restricciones a los presos de Punta Peuco y anunció la presentación de una iniciativa para despojar al Presidente de la República de su facultad constitucional de indulto.

Curiosamente, calló con complaciente complicidad con los indultos otorgados en el período transcurridos entre el Gobierno de Patricio Aylwin y el segundo de Michelle Bachelet: más de 680 subversivos y criminales políticos disfrutaron del beneficio presidencial.

La histeria del extremismo izquierdista frente a la discrecionalidad de la Justicia, radica en que su dogmatismo no ha respetado jamás el Derecho, excepto cuando éste, con sus fallos, la favorece. Su ideología está basada en la ley del garrote, siempre y cuando éste caiga sobre sus adversarios.

Y no demoró en ponerla en práctica: un grupo de comunistas se organizó para ir a Conchalí a apedrear la residencia de uno de los beneficiados.

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