NO MÁS LEÑA DE ESTE ÁRBOL
VOXPRESS.CL.- Hace dos domingos, loa feligreses de la más importante Parroquia de San Vicente de Tagua Tagua, estaban en sus bancas a la espera de la misa de 12, cuando desde la sacristía apareció un miembro de la comunidad para informales que no habría oficio. "Lo lamentamos -les dijo- pero no tenemos un sacerdote que pueda celebrar la eucaristía".
Lo que algunos pueden interpretar como una anécdota, para la Iglesia es el impactante símbolo lo que está viviendo a raíz del destape de acosos y abusos sexuales por parte de sus ministros.
La Fiscalía informó oficialmente que son 60 los sacerdotes que son investigados para, lo más probable, ser formalizados como autores de delitos sexuales. De aquel número, 36 casos se encuentran con causa.
A ellos hay que agregar a la veintena de desvinculados cumpliendo penas civiles y otros veinte que se hallan suspendidos por el Código Canónico, pero sin sanciones de la justicia.
Cien sacerdotes menos en un clero que, con suerte llega a los seis mil ministros en todo el país, resintió de inmediato su actividad rutinaria, y no logra ocultar sus dificultades a raíz de la falta de vocaciones.
Una de las zonas más golpeadas por las destituciones por denuncias de abuso sexual fue la del sur poniente de las provincias de Cachapoal y Colchagua, donde está San Vicente de Tagua Tagua.
Para redondear este negro panorama, la Fiscalía Nacional informó que tiene identificados a 266 afectados confesos de haber sido abusados por miembros ligados a la Iglesia. Reveló, además, que investiga cinco casos de encubrimientos, circunstancia que llevó a la renuncia al ahora emérito obispo de Rancagua, Alejandro Goic, y tiene muy complicado al arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati.
A la diócesis de Goic -Región de O´Higgins- pertenecían los 17 indagados del sector surponiente de ella, y sobre los cuales ignoró la denuncia de una feligresa hace más de un año. Las sospechas sobre Ezzatti responden a que no dio cuenta de los innumerables delitos de su ex canciller del Arzobispado capitalino, Óscar Muñoz. Próximamente tendrá que declarar como imputado en una Fiscalía.
Adicionalmente, tres Fiscales Regionales -Metropolitano, Valparaíso y La Araucanía- oficiaron al Vaticano para que remita información sobre sacerdotes chilenos sancionados de acuerdo al Derecho Canónico.
Este panorama judicial da cuenta de un escenario inédito para la Iglesia Católica chilena: perdió, al parecer para siempre, el poder de fiscalizar y sancionar a los suyos por acciones reñidas con sus votos consagrados.
Los tribunales eclesiásticos dejaron de ser activos y, nos imaginamos, que también serán de nula utilidad las residencias de rehabilitación existentes en varios países, hasta donde son enviados sacerdotes con señales de desviación en un intento por corregirlos.
Por expresas órdenes del Vaticano, dejaron de actuar como operadores de justicia el Tribunal Eclesiástico -allanado-, la Conferencia Episcopal y la Nunciatura Apostólica.
El Vaticano instaló, y no por mucho tiempo, una Comisión Ad hoc receptora de denuncias y reclamos, integrada por dos mujeres y un sacerdote, encargada de transmitirlas a la Fiscalía y hacer respetar el anonimato si así lo exige el acusador.
El vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, aclaró, y garantizó, que "todos quienes sean citados, concurrirán a declarar a la Fiscalía".
En la aplicación de justicia, la Iglesia -al menos la chilena- perdió su autonomía y control, al dejar de depender de sus propios códigos. Deberá ceñirse, en adelante, a las normas legales vigentes para todos los ciudadanos.
Este traspaso forzado de la aplicación de justicia, tuvo su primer traspié, cuando el ex obispo de Rancagua acusó a la Fiscalía de hacer pública una carta de su incautado computador, enviada el 2013 al cardenal Ezzati, censurándolo por "encubridor".
Goic intentó explica que "nunca la envié, porque el tema lo hablé personalmente con él", pero se entiende su reacción: cuando se sentía el seguro reemplazante de Ezzati como cardenal, debió renunciar por haber desechado, hace un año, la denuncia contra 17 de sus sacerdotes.
Si la Iglesia chilena abrió las puertas de par en par a sus escándalos, si acoge con generosidad todas las denuncias y pone a sus ovejas negras en manos de la justicia civil, significa que no hay más que dejar que su vida ruede como pueda y con quien pueda.
Finalizado el secretismo y el oscurantismo, parece llegada la hora de centrarse en el respeto, y hasta admiración, hacia los corajudos ministros capaces de respetar sus votos.
Es el momento de dejar tranquila a la Iglesia chilena y no continuar hurgando tendenciosa y maliciosamente episodios negativos puntuales que, desde ahora se sabe, serán denunciados de inmediato a la justicia civil y conocidos por la opinión pública.
No parece de buen gusto ni de interés periodístico mantener en la tribuna de los con más voz a los acusadores en el caso Karadima. Resulta ocioso y hasta agotador seguir escuchándolos con consignas añejas, repetidas y que ya consiguieron sus objetivos, con la salida de su última presa, Juan Barros.
Tras el traspaso de su propia justicia a la civil, lo que venga en el futuro pasará automáticamente a manos del Ministerio Público, y hasta los ajustes de cuenta pendiente entre Jorge Bergoglio y algunos obispos chilenos, ahora parecen secundarias.
En consecuencia, no hay otro camino que dejarla tranquila y en paz para que retome su ritmo de normalidad.