SE VAN LOS MALVENIDOS
VOXPRESS.CL.- A sólo dos cuadras del Ministerio de Defensa, un individuo se acercó a un auto estacionado y de un certero disparo en la cabeza dio muerte a su conductor. En su clínica dental en Chiloé, un odontólogo apareció muerto con una bala en la nunca. Ambos fueron ajustes de cuenta entre extranjeros, se supone residentes en Chile, cometidos por sicarios.
Éstas son sólo dos 'postales' del nuevo Chile, éste generoso y magnánimo en su abundancia (?), que abrió sus puertas a extranjeros que eligieron a esta tierra como la de "las oportunidades".
El Chile de hoy, ya casi cosmopolita, está saturado de extranjeros que, tal vez erróneamente, percibieron en su economía emergente la posibilidad de una vida muy superior a la que tenían en sus tierras nativas.
Abrir las puertas de par en par, tiene sus costos. Por la irresponsabilidad de sus autoridades, por la interesada 'vista gorda' en el tráfico de inmigrantes y por los siempre sospechosos controles fronterizos, este Gobierno, apenas asumido, tuvo que salir urgentemente a "poner la casa en orden" ante la desmadrada afluencia de inmigrantes y la multiplicación de extranjeros indocumentados, fruto de su ingreso ilegal al territorio.
Pese a los intentos de poner orden y a la primera entrega de visas temporales a inmigrantes inocentes, permanece en el país una importante cuota de ilegales que se hallan en la lista de futuros 2 mil expulsados, porque rehúsen regularizar su documentación o se ven impedidos de hacerlo por malos antecedentes.
Recién en marzo, la incontrolable oleada de extranjeros se redujo básicamente por dos causas: la obligatoriedad de visa y el rechazo automático al ingreso de quien, por diversas razones, viene huyendo de su país.
Como -antes- nunca se realizó un filtro por antecedentes, no demoró en surgir un nuevo escenario policial en el país: el incremento de la autoría de delitos por parte de extranjeros. Con el rótulo de 'inmigrantes', se forman, y se siguen creando, bien organizadas bandas criminales que replican en Chile habilidades aprendidas en sus tierras para asaltar, robar, estafar y matar, lo que ha derivado en el aumento de condenas e internaciones en las cárceles nacionales. En el penal de Alto Hospicio (Iquique) el 60% de los reos es extranjero.
Actualmente, la población penal foránea es de 3.043 individuos, cada uno de ellos a un costo de $700 mil mensuales para el Estado chileno.
Pese a los consabidos cuestionamientos de la izquierda, de Fundaciones y de ONG's socialistas, el Gobierno tiene en carpeta un proceso de indultos para presos extranjeros, con la finalidad de poder expulsarlos. Con ello se alivian los hacinamientos y, aunque es cruel decirlo, se abren cupos para nuestros compatriotas delincuentes, en permanente aumento Siendo Presidente el 2012, Sebastián Piñera, por esta misma vía, logró expulsar a 600 reclusos extranjeros.
El solo anuncio de este proceso originó la automática irritación del incondicional defensor de todos los inmigrantes llegados a Chile, honestos o delincuentes: José Tomás Vicuña, el cura director del Servicio Jesuita al Migrante. Calificó de "preocupante" que "una vez más, en lugar de estar generando políticas de inclusión, nos centremos en personas extranjeras privadas de libertad"…
Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, también en desacuerdo con la expulsión de delincuentes, hizo un genial paralelo: "los extranjeros están de paso, en tanto los inmigrantes poseen residencia”, dando a entender, se supone, que en su condición de "residentes", los presos no pueden ser deportados. Ignoró, de paso, que los indocumentados, o ilegales, carecen de residencia.
Hay más: un ex subsecretario del Gobierno de Bachelet, reclamó que "se gastará más plata en trasladarlos a sus países de origen que en mantenerlos acá en las cárceles"…
La iniciativa tiende a indultar a aquellos extranjeros condenados en nuestro país, con el objetivo de que culminen sus penas en sus países natales. Es semejante a la ley aprobada en 2012, la cual permitió la salida de cerca de 600 reclusos de diversas nacionalidades.
Se propone indultar a condenados a penas inferiores a cinco años y un día que hayan cumplido un tercio del periodo; a los sentenciados a más de cinco años y un día con la mitad cumplida, y a quienes cumplen sentencias superiores a 10 años y que hayan permanecido en prisión tres cuartos de la condena.
Al igual que en su símil de 2012, el gobierno no aplicará la ley a quienes hayan recibido sentencias por secuestros, violación, parricidio, femicidio, homicidio, robo con intimidación o con violencia, robo en lugar habitado, lavado y blanqueo de activos.
La conmutación de penas por expulsión dependerá de que Chile posea tratados con el país de origen del indultado, para que éste termine el cumplimiento de ella en su tierra natal. En la actualidad existen convenios con 70 naciones, entre ellas, Brasil, Argentina, Perú y Bolivia. La idea es, a la brevedad, ampliar nuevos acuerdos de este tipo.
Según Gendarmería, un 73% de extranjeros se encuentra preso por delitos de drogas, mientras un 15% lo hace por robo y el 3,6% por homicidios.
Este porcentaje de homicidios fue incrementado, recientemente, por un grupo de ecuatorianos, que brutalmente asesinó a palos a una modesta trabajadora chilena. Para ellos, su embajador solicitó que cumplieran su pena en su país, pero ello será imposible, porque no hay convenio en esta materia y porque el asesinato, y con alevosía, no está considerado en indulto alguno.
Los apasionados defensores de los derechos humanos de los victimarios tienen la oportunidad, por primera vez, de quedarse callados: ¿qué mejor beneficio que cumplir condena en su propio país y cerca de sus familias?