OTRA PISTA SOBRE LA CORRUPCIÓN
VOXPRESS.CL.- No un grano, sino una carreta de arena aportó Jaime Campos (PR), ex ministro de Justicia de Michelle Bachelet, a la corrupción de ese Gobierno, al denunciar cohecho electoral de parte de un grupo de notarios afines a la izquierda, entonces en el poder, y acusar de extorsión a parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Los notarios, en general, fueron blanco favorito de Campos a fines de la anterior administración, cuando, argumentando una mayor competividad en el sector, creó casi un centenar de nuevos cargos y, para ellos, designó a amigos y correligionarios suyos. Apenas asumido el nuevo Gobierno, el Ministerio de Justicia revirtió sus nombramientos "por falta de objetividad y transparencia".
Sin embargo, recientemente fue el Fiscal Económico Nacional quien reabrió las heridas sin cicatrizar de aquella pugna del 2017, al denunciar "utilidades abultadas" en el ejercicio de la labor notarial.
Con facilidad, el Gobierno de Chile Vamos suele enredarse en temas secundarios y que levantan una polvareda innecesaria. Le ocurrió con la irrupción del movimiento de las mujeres liberales y, sin haberlo tenido en sus prioridades, ante la presión populista se subió al carro de la inclusión feminista.
Y ahora, un ente distante del ámbito notarial, como es la FNE, fue la que golpeó con un informe crítico hacia quienes ofrecen dichos servicios, acusándolos de "ganancias excesivas". Como era de esperar, el Gobierno anunció de inmediato "regulaciones" en el trabajo de los ministros de fe.
Jaime Campos se aprovechó del retorno de los notarios al primer plano para sumarse, con inusitada virulencia, a las críticas en contra de ellos, pero esta vez lo hizo pillándose los dedos. Denunció que "ese gremio ayudaba a financiar campañas políticas" y que en el Congreso "me chantajearon con no aprobar proyectos de ley si no designaba en estos cargos a sus recomendados".
Para quienes creen que los notarios disfrutan de total impunidad en su trabajo, hay que aclarar que los infractores reciben multas, suspensiones parciales y hasta abandonos definitivas de sus cargos, fruto de la presencia en sus oficinas de los 'ministros visitadores' de la Corte de Apelaciones.
En un país con ilimitada afición por 'disparar a la bandada', suelen pagar justos por pecadores, y en ello ha insistido siempre el presidente de la Asociación Nacional de Notarios, el abogado de la Universidad de Chile, Alfredo Martin, en cuanto a que "si existen sospechas o dudas sobre las prestaciones de alguien en particular, hay que denunciarlo a la Corte con nombre y apellido", y lo mismo le pide, ahora, al ex ministro Campos.
"Es fácil enlodar a todo un gremio, como cuando dicen que cobramos en exceso. Ello no es así, porque tenemos tarifas reguladas y pueden ser solicitadas por el público cuando requieren un servicio".
Respecto de las acusaciones del ex ministro Campos, la máxima autoridad de los notarios aclaró que, a título personal es legalmente válido que una persona, independiente de su profesión y trabajo, aporte a una candidatura electoral. Pero es gravísimo el planteamiento del señor Campos, quien asegura que en el Parlamento le frenaban proyectos si no designaba como notarios a recomendados por diputados o senadores".
Independiente de esta polémica, de por sí grave, lo que denuncia Jaime Campos es un rico aporte a la corrupción desbandada que existió en el Gobierno de quien fuera su Presidenta. Él no concurría al Congreso en Valparaíso a buscar apoyo entre los parlamentarios entonces opositores, sino entre los de la Nueva Mayoría. Así, es lógico concluir que fue el oficialismo de entonces el que le condicionó su apoyo a cambio de designar notarios recomendados por políticos de la Nueva Mayoría.
Peor aún resulta su denuncia de que "algunos notarios" financiaron campañas electorales de ciertos parlamentarios, y es aquí donde Campos está en el deber moral de dar nombres y apellidos de esos financistas y de sus respectivos financiados.
Hay que reconocerle un mérito, quizás el único, al ex ministro: fue valiente al revelar, aunque con tardanza, que se negó a firmar un decreto que le pidió Bachelet la mañana misma del cambio de mando.
Pero ese gesto no es suficiente ni alcanza para exonerarlo de responsabilidad en su denuncia reciente sobre este novedoso género de financistas políticos y que pertenecen, todos, al progresismo derrotado en diciembre.