LOS DERECHOS DE UNA MUJER ASESINADA
VOXPRESS.CL.- Fue asesinada a palos en su cabeza para robarle su teléfono móvil, fue silenciosamente velada y sepultada y, ahora, nadie habla de ella, sino de los derechos humanos de quienes la mataron, de los inmigrantes delincuentes y de las pésimas condiciones de vida de los gendarmes.
Hoy en Chile no queda ni un asomo de sentimientos para admirar el coraje de una mujer, Margarita Ancacoy (40), que por necesidades de subsistencia aceptó un trabajo que la obligaba a levantarse a las 3:30 y recorrer de madrugada oscuras calles, camino a su oficio de aseadora en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.
Había confesado tener miedo, pues antes ya había sido objeto de otro asalto. Sus gritos apenas originaron la curiosidad de una vecina, quien logró ver a un grupo de cinco sujetos que le daban de palos. Las cámaras de seguridad del sector -avenida República- revelan que los maleantes abandonaron el lugar con su trofeo -un modesto aparato celular- y riéndose por lo que, aparentemente, consideraron una humorada.
Hasta aquí la breve historia de Margarita Ancacoy, una mujer y madre trabajadora, que murió desangrada en una vereda sin ver cumplido, quizás, el único sueño de su vida: que sus jefes le cambiaran el turno para evitar ese terrorífico trance de recorrer sola y de madrugada calles atestadas de delincuentes.
A los derechos de ella, nadie hace alusión, porque la inmundicia de la politiquería ha cubierto la transparencia del recuerdo de esta modesta trabajadora, que no recibió ni el más mínimo homenaje de organizaciones del mundo laboral. No era militante partidista ni sindicalizada.
La historia que siguió a su asesinato sí parece relevante, porque se ciñe a los parámetros valóricos e ideológicos de los chilenos con derecho a levantar la voz.
Los asesinos resultaron ser inmigrantes ecuatorianos -uno de 17 años-, cuatro varones y una mujer. Fueron llevados al penal de Santiago Uno, donde rápidamente conocieron la ley del hampa que, silenciosa y antiquísima, rige al interior de las cárceles: la venganza de parte de otros reos.
Fruto de esta práctica muy conocida entre convictos, dos de los criminales ecuatorianos fueron agredidos y víctima de golpes de corriente por parte de otros reclusos. Su compatriota mujer, en libertad por ser sólo cómplice pasiva del crimen, llorosa censuró a los otros internos "porque no era para tanto"…
Los 'vengadores' quisieron hacerse famosos y grabaron su represalia y la subieron a la web, con el resultado de que a la pena que están cumpliendo por tráfico de drogas, se le sumará otra por tortura. El gendarme que debió neutralizarlos, sargento Héctor Palma, estuvo detenido preventivamente cinco días por "abandono de deberes" y sus colegas dirigentes gremiales amenazaron con un paro nacional, no por solidaridad con él, sino "por las miserables condiciones de trabajo".
A raíz de la cruel muerte de Margarita, el Ministerio de Justicia aprovechó de anunciar que, en el curso de este año, expulsará del país a 200 mil extranjeros indocumentados con antecedentes penales, con lo cual se reavivó el debate sobre los derechos humanos de los inmigrantes.
Masivamente, la izquierda, Fundaciones y ONG's financiadas con fondos foráneos salieron a condenar, no la brutal muerte de la compatriota Ancacoy, sino "la criminalización" que el Gobierno hace de los inmigrantes.
Son las mismas voces que no se escucharon cuando vuelos diarios desde Haití traían a cientos de inmigrantes con falsos contratos de trabajo, y las mismas que censuraron la sana y lógica medida de, al menos, regularizar la permanencia de indocumentados en el país, satisfaciendo una comprensible indignación nacional que se estaba produciendo al respecto.
Los derechos humanos no son materia de discusión, pero es una ignorancia y una candidez creer que la ley del hampa que rige, y con mucha frecuencia, al interior de los penales incluye algún tipo de beneficio. Son cuentas inherentes al mundo delictual que se cobran adentro o fuera de las prisiones.
En lo que se debió tener más criterio fue en la rápida formalización del sargento Palma, porque, circunstancialmente, estaba a cargo de dos atiborrados módulos, pues su único compañero se hallaba abocado a las visitas de ese día. Aún más, uno de los torturados declaró en tribunales que "gracias a él, estoy vivo".
Los dirigentes de los gendarmes se aprovecharon de dicha situación puntual para amenazar con un paro nacional y hacerle 'ruido' al Gobierno. Éste tuvo que comprometerse a estudiar sus demandas sobre falta de cárceles, hacinamientos, condiciones laborales y carrera funcionaria, demandas que vienen planteando por décadas y que, justo ahora, las trasformaron en ultimátum con un aroma claramente ideológico.
Los dirigentes que hoy vilipendian a las autoridades son todos proclives a la administración anterior, la que, en su último mes en el poder, reforzó la planta funcionaria con centenares de nuevos contratados, pero sin más méritos que ser adherentes suyos.
No protestaron durante el Gobierno anterior ante el barrido financiero que hizo en Gendarmería la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, con sus escandalosos nombramientos y pagos de abultadas pensiones ilegales, conocidas como 'jubilazos'.
Como una tromba se sacudió el debate sobre los derechos humanos de los inmigrantes y de los gendarmes, para quienes hay defensores de sobra. No obstante, nadie ha reparado en que Margarita Ancacoy también los tenía, primero a un trabajo menos riesgoso y, segundo, al más importante de todos, el derecho a vivir.