SEMILLA DE MALDAD

VOXPRESS.CL.- La toma y posterior incendio de un sector del liceo Miguel Luis Amunátegui tiene que, de alguna manera, generar una reacción definitiva y generalizada conducente a poner fin a prácticas que sólo conducen a desprestigiar aún más a la de por sí desprestigiada educación secundaria pública.

Llega a ser patética la solitaria lucha que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri Vergara, está dando en contra de quienes se dicen estudiantes y cuyo objetivo es no querer serlo.

El liceo Amunátegui tiene una dotación escolar de 700 alumnos y menos de una veintena de ellos se tomó el establecimiento. La finalidad de tal acción fue demandar "una mejor estructura", y no se discurrió mejor modo de hacerlo que destruyendo la existente.

Resultado de la toma fue un incendio que arrasó con la sala de profesores, con los libros de clases y textos escolares, y el saqueo de la bodega de alimentos del casino, con pérdidas superiores a los $200 millones.

El alcalde Alessandri adoptó una decisión que debe ser aplaudida y no censurada, como fue la tendencia general: poner fin anticipadamente al primer semestre y, para el segundo, reubicar al alumnado en otros liceos de la comuna.

Tal decisión no fue fruto de un capricho, sino de la imposibilidad de refaccionar el edificio antes del inicio de las clases para el segundo semestre. Además, no hay fondos frescos disponibles en su municipalidad, la que debió 'poner al día' una millonaria deuda previsional con el magisterio comunal que dejó su antecesora Carolina Tohá (PPD).

La Municipalidad de Santiago es sostenedora de 54 establecimientos educacionales de la comuna.

Alessandri impulsa una política de "rompe/paga", en un intento por trabar las tomas en los liceos de Santiago, materia en la cual el Instituto Nacional perdió la cuenta.

Tras los destrozos en los establecimientos educacionales, se anuncian, como siempre, querellas "contra quienes resulten responsables", pero como éstas terminan recayendo sobre menores de edad, todo queda en nada.

Los protocolos de conducta de los liceos permiten las expulsiones de los autores de desmanes, pero éstas, a su vez, traen como consecuencia otra toma en solidaridad con ellos. Es decir, un cuento de nunca acabar.

El alcalde estima de toda lógica que quienes deben pagar los daños son los apoderados de los alumnos responsables, pero esta transmisión de culpabilidad no es automática ni está considerada en normas legales. A la postre, es el propio municipio el que termina asumiendo los costos, a no mediar la espontánea reacción de alumnos, apoderados y exalumnos que, en ocasiones anteriores, han tenido el buen criterio de hacerse cargo de las reparaciones.

Esto ya ocurrió en el propio liceo Amunátegui, tras una larga toma el 2011, y también aconteció por una situación similar en el Barros Arana. Pero son excepciones.

Las solitarias luchas que dan los alcaldes en defensa de su patrimonio escolar no tienen las respuestas que debieran darse, y ello porque es "políticamente correcto" no echase encima a los estudiantes.

Peor aún, en los casos de tomas con destrozos, se advierte un franco apoyo a los violentistas que no estudian ni dejan hacerlo a los demás. En el colmo de la arbitrariedad, hubo quienes fustigan al alcalde Alessandri por su medida de trasladar a los alumnos a otros establecimientos, "ya que les viola el derecho a estudiar en el recinto que libremente eligieron". O sea, les vulnera sus derechos humanos…

Esta sensación de 'mundo al revés' es el resultado de la gigantesca crisis que vive nuestra sociedad. La primera instancia de educación y formación es la familia, pero resulta que el concepto actual de ella no responde a cánones positivos: el entorno en que viven niños y jóvenes de hoy es el peor ejemplo, en vez de ser el mejor.

Es esta descomposición familiar la que hace viable que, siempre, se impongan los malos. En los casos de los liceos tomados y consecuencialmente destruidos, es esperable una espontánea movilización de los apoderados que aspiran a que sus hijos estudien con normalidad y, así, en el futuro sean un aporte a la sociedad. Pero ello no se da, y las municipalidades, queden solas en sus reclamos.

Esta absoluta indiferencia por el futuro de los hijos lo refleja la oleada de 'movimientos' de cualquier tipo en que los protagonistas son menores y jóvenes, y en los cuales la presión y la fuerza son sus únicos argumentos. La maldad ha sustituido definitivamente a una mínima capacidad de entendimiento y prevalece en ellos un discurso político, aprendido de memoria de sus líderes mayores, que sólo persigue imponer demandas sin condiciones, muchas de ellas utópicas.

El movimiento 'femichista' de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con una larga toma, derivó en la renuncia del decano, un destacado jurista, y la rectoría, en manos de un socialista, se inhibe ante la posibilidad de ser acusada de traicionar su ideología si ordena un desalojo.

Hace años que la educación pública es donde fermentan los estallidos ideológicos. El extremismo, partiendo por las pedagogías, se tomó esta área y la utiliza como su brazo de fuerza, con mayor brío aún si enfrente tiene a autoridades que no son de su bando, como ocurre puntualmente en el caso del emblemático Miguel Luis Amunátegui, un liceo fundado en 1890 como bastión de la educación pública. Eran tiempos en que, para felicidad de Chile, no existían las semillas de maldad.