LAS SOSPECHAS ERAN REALES
VOXPRESS.CL.- Era difícil hacerse a la idea de que Chile no estaba involucrado en la ola de 'donaciones' políticas brasileñas.
En Brasil, a causa de coimas, Wilma Rousseff fue destituida y Lula da Silva --ambos del Partido de los Trabajadores (PT)-- se halla en la cárcel.
En Argentina, al margen de un juicio por complicidad en el crimen de un fiscal, a Cristina Fernández también se le persigue por haberse quedado para ella con "aportes" brasileños para su campaña.
Por el mismo motivo viene saliendo de la cárcel el ex Presidente peruano Ollanta Humala y acaba de renunciar su sucesor Pedro Pablo Kuczynski.
Respecto a Chile, sólo había sospechas y un solo caso puntual, el de Marco Enríquez, favorecido con la cesión gratuita de un jet que lo transportó por el país para su campaña presidencial del 2009.
No obstante, conociendo los malos antecedentes del progresismo en esta materia, las fundadas dudas de que los Gobiernos concertacionistas estaban 'metidos hasta el cuello' en las coimas políticas, terminaron haciéndose realidad.
Estos malos hábitos del progresismo los desnudó el ex vicepresidente ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitrán (PPD), a raíz de la reanudación de vínculos de Julio Ponce Lerou con SQM. Confesó que no pudo evitar que volviese como asesor de la minera "por las presiones" de políticos de la Nueva Mayoría: "debe saber muchas cosas este hombre", concluyó.
Sobre los dineros brasileños en Chile, los protagonistas principales de esta operación son el recaudador de fondos para los Gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli -geógrafo de profesión- y OAS, una gigante de la construcción en Brasil, que entregaba plata a eventuales gobernantes de naciones sudamericanas a cambio de que se les asegurase contratos de gran magnitud. Eso se llama coima.
Ejecutivos de OAS se entrevistaron con ministros del primer Gobierno de Bachelet para 'amarrar' contratos por obras de infraestructura.
OAS financió las campañas presidenciales de Lula, a quien le regaló un lujoso departamento triplex en el litoral paulista, y de Dilma Rousseff. Su vínculo con Chile surgió gracias a ésta por su identidad ideológica y amistad con Michelle Bachelet.
Fue ésta la que, el 2009, solicitó ayuda a su entonces colega Presidenta de Brasil para la campaña electoral de su hipotético sucesor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, postulación seriamente amagada por Sebastián Piñera. Orientada e instruida por el recaudador Giorgio Martelli, OAS depositó miles de millones en forma privada en la cuenta del aspirante concertacionista.
A cambio, la saliente Bachelet le garantizó a la gigante brasileña ganar la licitación de la construcción de algunas obras en Chile, como el hospital Regional de Rancagua -que demoró años- y el monumental puente sobre el canal Chacao, éste en sociedad con un consorcio coreano.
Previendo una eventual sorpresa de Marco Enríquez, OAS le pasó gratuitamente un jet ejecutivo para sus viajes de campaña dentro del país, ello contraviniendo la ley electoral chilena.
Acosada por la Justicia brasileña por corrupción, OAS quebró. Víctima de su derrumbe fue el punte Chacao, cuyas obras se paralizaron y el entonces ministro de OO.PP. tuvo la mala ocurrencia de anunciar que haría efectiva la garantía por varios millones de dólares.
Rousseff, infinita agradecida de OAS, llamó a su amiga Bachelet para que ello no se concretara. Aún más, un viernes de tarde llegó de urgencia a Santiago para entrevistarse con ella y, luego, maquillar el viaje con un reservado encuentro en la sede de la CEPAL.
Bachelet informó que se trataba de una visita de Estado, en tanto la comunista Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL dijo que el viaje se debió a una presentación en dicho organismo: el encuentro fue sólo de ellas tres.
Todo esto sucedía a espaldas de la ciudadanía. El tráfico de coimas se transformó en alerta roja en febrero de 2017, año de elección presidencial, cuando la fiscal Ximena Chong, investigadora del avión prestado a Enríquez, allanó las tres oficinas de OAS en Santiago, una en calle Monjitas, otra en la Ciudad Empresarial y la última en la Panamericana Norte. Incautó riquísimo material informático con toda la trama.
Se aduce que la PDI carecía de los recursos técnicos para acceder a los discos duros, una poco creíble excusa para demorar el descubrimiento de un hecho que el progresismo jamás imaginó que iba a conocerse. La reserva logró mantenerse gracias a la trenza entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en cuanto a encubrir a personas del entonces oficialismo.
Giorgio Martelli, el recaudador de la Concertación y de la Nueva Mayoría -con una condena menor a la de un comerciante ambulante sin permiso- ha descargado toda la responsabilidad de su condición de traficante de coimas en el entonces comando de Frei Ruiz-Tagle, deslindando su propia responsabilidad y distanciando del escándalo a Bachelet, a quien ha protegido ante la Justicia como si fuera un hueso santo.
Así como ha ocurrido en países vecinos, parece poco pedir a la Justicia chilena -hoy, en manos de la izquierda- que investigue a fondo este episodio en particular, por involucrar directamente a quienes, ahora desde la oposición, dan lecciones de transparencia y honradez.