EL GUIÓN DE BOLIVIA SE FUE A NEGRO
VOXPRESS.CL.- Se fue a negro en sus pretensiones de que un tribunal internacional le diera automáticamente una salida soberana al mar a través de territorio chileno, y terminó conformándose con solicitar la "obligación" de que nuestro país se siente a dialogar sobre esa utópica aspiración.
Y, ahora, volvió a irse a negro, porque, ante el mundo, demostró que carece de antecedentes y argumentos para probar que el río Silala no es internacional, que es sólo suyo y que, por lo mismo, Chile roba sus aguas.
Lo cierto es que Bolivia se ha ido quedando sin imágenes para convencer al resto del mundo que es una tierra abusada por Chile y que éste tiene que pagar las penas del infierno por tenerla enclaustrada en el altiplano y, para peor, se apropia indebidamente de sus aguas.
Hace veinte días, la Cancillería boliviana solicitó formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que le diera más plazo para "poder responder" a la acusación de Chile en cuanto a que el Silala es un río internacional.
En 2016, Chile puso su demanda en manos de la CIJ y en todo este tiempo, la Cancillería boliviana no ha logrado reunir los antecedentes, que no tiene, para responder dentro del plazo. Cree que en los dos meses adicionales que le dio la CIJ podrá construir una defensa a una demanda que conoció el 2016.
Para aminorar su cojera, Bolivia argumentó ante la CIJ que la ampliación del plazo "permitirá a ambos equipos negociadores" disponer de más tiempo, una excusa que fue, de inmediato, desmentida y rechazada por el canciller Roberto Ampuero.
En mayo de 1996, diarios paceños acogieron un pedido de la Cancillería boliviana de denunciar, con grandes titulares, que el Silala fue desviado artificialmente por industriales chilenos, y que cualquier uso por parte de ellos debiera tener una compensación económica.
En junio de 1997, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, revocó la concesión a chilenos por considerar que "el agua no se utiliza para los fines que fueron otorgados". El 4 de abril de 2009, los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet anunciaron un acuerdo respecto al uso de las aguas del Silala.
En el avenimiento, Chile se comprometió a pagar por el uso del 50% de las aguas en forma retroactiva, durante la duración de un estudio hidrológico para definir la naturaleza del río.
Por la oposición (premonitoria) de algunos sectores bolivianos a dicho acuerdo, éste nunca fue ratificado.
En abril de 2013, el gobierno boliviano inauguró un criadero de truchas que se alimenta con las aguas del Silala, ante lo cual Chile, argumentando que es un río de carácter internacional, presentó una protesta.
El origen del Silala se ubica en el departamento de Potosí y, desde allí, el curso de agua recorre 56 kilómetros, cruzando la frontera internacional entre ambos países, hasta desembocar en los ríos San Pedro y Loa, en la Región de Antofagasta.
Según Chile, el Silala pertenece a la cuenca del Loa y, por ende, a la hoya hidrográfica del Océano Pacífico, sometido al Derecho internacional que regula los cursos de agua transnacionales para fines distintos de la navegación.
La CIJ le otorgó a Bolivia dos meses más de plazo para la presentación de su defensa, que, por lo visto, parece no tener defensa. La respuesta altiplánica debería ser presentada el próximo 3 de julio. Chile, consultado hace tres semanas por la CIJ, aceptó la solicitud realizada por el canciller boliviano Fernando Huanacuni.
Bolivia lleva más de dos décadas intentando recopilar información para contra-argumentar a Chile, ya que fue en 1996 cuando La Paz pidió a los diarios que artificialmente hicieran estallar 'el caso'.
A juicio del canciller Ampuero, el tiempo transcurrido "demuestra la debilidad de los argumentos de Bolivia, y, de paso, refleja la fortaleza de la demanda chilena en cuanto a que el Silla es internacional.
Ni Bolivia ni Chile son países a los cuales les abundan recursos económicos como para continuar insertos en juicios que a nada conducen y que requieren la conformación de selectos equipos jurídicos internacionales.
Como la odiosidad de algunos de sus vecinos es histórica y nada hace descartar que, a futuro, Chile vuelva a ser incomodado con litigios de cualquier tipo, parece razonable la disposición del Ministerio de Justicia de crear una unidad que se ocupe orgánicamente y en forma sistemática de conducir estas situaciones que, por su pequeñez, terminan yéndose a negro.