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¿ES EL ABORTO UNA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD?

May 11, 2018

 

 

VOXPRESS.CL.- Lo que nace cojo, va a cojear siempre. Es lo que define a la Ley de Aborto --mal llamada en tres causales-- que, desde su gestación y hasta su entrada en vigencia, a fines del año pasado, ha sido sólo motivo de conflictos y malas interpretaciones.

 

Para situar a Chile al mismo nivel de "países modernos" y satisfacer los anhelos del tan de moda feminismo libertino, el Congreso despachó esta norma legal con la misma estructura de una sobre la recolección de basura o el uso de la leña en chimeneas.

 

El aborto, cualquiera sea el apellido que quiera agregársele, no es  una simple letra, sino un concepto profundo y espiritual,  inserto en el alma de la mujer y que involucra a las conciencias de muchos seres al mismo tiempo.

 

Pero la politización, los intereses personales y el libertinaje imperantes en una mayoría de Congresistas, engendraron una ley que viola a su principal protagonista: la  objeción de conciencia.

 

A poco de asumir el actual Gobierno, en forma inconsulta, el recién designado Jefe de Gabinete del Ministerio de  Salud, el cirujano dentista Mario Villalobos, firmó un protocolo en que se permitía la objeción de conciencia ante un aborto a los médicos de los centros asistenciales públicos.

 

La ley autoriza la objeción de conciencia sólo en las clínicas privadas que no reciban aportes estatales.  Impuestos de dicho protocolo, decenas de profesionales de hospitales públicos se acogieron a la objeción de conciencia.

 

Además de perder inmediatamente su cargo, Villalobos dejó en funcionamiento una bomba de tiempo, ya que la izquierda solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento respecto a la legalidad de aquel  protocolo.

 

El miércoles 9 de mayo, el Contralor emitió su veredicto: contraviene lo establecido en la ley.

 

La izquierda, como era de suponer, celebró el dictamen como una victoria y denunció que era insostenible "desconocer una necesaria Política Pública de salud que beneficia a todas las mujeres de Chile".

 

Aquí parte la cojera de esta ley: primero, no es una Política Pública de salud y, segundo, no satisface una necesidad de toda la población femenil.

 

Visto así, lo dictado por la Contraloría nada arregla, porque nadie en el mundo  ---excepto el comunismo--    legisla para imponerse   sobre la conciencia de las personas. El dictamen, entonces, abre un nuevo ciclo de debate de una ley que, así como está,  jamás dejará de ser controvertida y confrontacional.

 

De los abortistas es esperable cualquiera reacción, porque su cosmovisión excluye la moral y la ética. Pero es inaceptable que hasta el Contralor de la República no haya reparado en que el aborto por violación se considere una política pública de salud.

 

De acuerdo al citado escritor, abogado y consultor jurídico internacional Jacinto Pallares, las Políticas Públicas  son “el conjunto de actividades de las instituciones de Gobierno y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. El aborto por violación ¿es parte activa en la vida cotidiana de las ciudadanas chilenas?

  

Agrega que "la mayoría de las Políticas Públicas tienen un impacto directo en el bienestar de la población". Ni siquiera en este fragmento de la definición, el argumento  de la izquierda criolla calza con la realidad, pues bienestar, según la RAE, " se entiende por el  "estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica".

 

El aborto por violación no encaja por ninguna parte como Política Pública de salud, como si se tratase  de acciones para dotar de más camas a los hospitales, asignar más especialistas, el combate de las enfermedades más frecuentes y masivas, y hasta sistemas de prevención contra la marihuana, luego de conocerse que Chile en es el número uno en el mundo en consumo por parte de escolares.

 

Estos ejemplos --de ser realidad-- sí pueden considerarse Políticas Públicas de salud, pero una violación es un delito que pertenece al ámbito de la Justicia, como el acoso y el abuso sexual.

 

En el 75% de los casos tratados en hospitales públicos después de la ley, no hay denuncia de agresión física y maltrato visible, signos claves del sexo forzado, al haber resistencia de por medio.

 

La mayoría de denunciantes son menores de 18 años y presentan embarazos de varias semanas. La mujer efectivamente violada es conducida de inmediato al IML, donde se le hace un raspaje.

 

El aborto por violación, tal cual es definido en la ley, es un engaño, un torpe disfraz, y así lo entienden los profesionales de la salud pública que rehúsan practicarlos.

 

Amparándose en su ideologizada óptica, los progresistas piden penas del infierno para los médicos que, financiados por el Estado, se nieguen a practicar este tipo de abortos. Aducen, elementalmente, que "para eso se les paga". Aunque miserables así los hay, no cualquiera vende su conciencia a cambio de un sueldo que, dicho sea de paso, no es de los mejores.

 

Los acusan de "abandonar a las mujeres de Chile, no prestándoles atenciones de salud".  El aborto por violación no es "una atención de salud", sino una intervención de urgencia, excepcional, que sí o sí, debe ser investigada por la Justicia por ser consecuencia de un delito. En el estado en que se presentan estos casos en los centros asistenciales, no están en juego la salud de la madre ni del feto no deseado. ¿Entonces?: ¡no es un problema de salud pública!

 

Imaginamos que, dentro de sus naturales limitaciones, los parlamentarios están al tanto de las dificultades  para que profesionales médicos se incorporen al servicio público. Ni así, parecen evaluar las consecuencias de ejercer presión indebida sobre ellos para que, forzándoles sus objeciones de conciencia, igual practiquen estos abortos.

 

Ninguna ley democrática puede imponer obligaciones de conciencia, y ésta las impone en una materia, quizás la única, en que ninguna letra ni regla puede actuar como  instructivo: la conciencia.

 

Es probable, casi seguro, que ahora, con el dictamen de la Contraloría, sí se produzca una desatención en los servicios públicos a las mujeres y hombres de Chile, porque se marcharán todos los médicos que no aceptan que se les atropellen sus conciencias, para ellos su tesoro frente a una arbitraria obligación de hacer abortos.

 

 

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