ESCANDALOSO 'LEGADO' DE ÚLTIMA HORA


VOXPRESS.CL.- Aunque cada vez en un tono menor, mucho se habló del gran legado que la pasada administración socialista le dejó al país. Debe tenerse presente que en su último discurso, el de despedida, 'la señora' aseguró que, gracias a ella, "ahora, Chile es otro".

En ambas circunstancias, existe un consenso en la ciudadanía: la invisibilidad de sus grandes obras y la convicción de que, efectivamente, Chile es otro: endeudado, casi en ruinas y cada vez más lejos de los promedios de los países en vías de desarrollo, según la propia OCDE.

En la comprobación del cúmulo de errores de su propio Gobierno, en especial los cabecillas del PS y el PC se prepararon para evitar que las autoridades entrantes "metieran mano" para corregir, cambiar o anular todo lo malo hecho por aquél.

Algunos poco ingeniosos de la Nueva Mayoría alertaron que Chile Vamos llegaba "con la retroexcavadora" -----ello, desde antes de la segunda vuelta presidencial--- y en vista de lo ficticio de su aseveración, cambiaron a "motosierra", en alusión a que corta fácil y rápido.

Como el legado bacheletista es indefendible, porque, simplemente, no existe, los opositores ahora 'denuncian' que vía decretos, el Gobierno pretende cambiar todo lo hecho por 'la señora'.

El presidente del Senado, el socialista Carlos Montes, presentó un requerimiento de información al Ejecutivo para que informara qué y por qué retiró decretos firmados por el Gobierno anterior.

¿Qué tan demoníaca ha sido La Moneda con sus solicitudes para provocar este alboroto en la oposición? Nada del otro mundo: retirar desde la Contraloría General de la República 405 decretos, de nombramientos, bonos, programas, licitaciones, inversiones, etc., firmados por Bachelet antes de irse y en el marco de su conocida política de 'amarre', pero, ésta, puertas adentro, sin conocimiento público.

En la Contraloría y quienes, además, fueron testigos de traspasos de mando anteriores, explican que el retiro de decretos y resoluciones desde ese organismo es una práctica habitual en la instalación de un nuevo Gobierno.

El subsecretario de la SEGPRES, Claudio Alvarado, explicó que “en consideración a que un alto número de decretos, resoluciones y reglamentos se ingresaron en las últimas semanas del Gobierno pasado, cada ministerio consideró necesario revisar en detalle el contenido de estos actos administrativos”.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, no por un capricho, solicitó a la Contraloría que le remitiera con urgencia los decretos firmados en las dos semanas previas al cambio de mando, entre ellos, el que regula los gatos de publicidad de su repartición…

Recuérdese que la misma mañana de la transmisión del mando, 'la señora' le pidió a su ministro de Justicia que firmase un decreto para clausurar el presidio de Punta Peuco.

Era más que previsible -- resultaba lógico-- que el Ejecutivo iba a retirar el Programa Nacional de Derechos Humanos que la odiosa y vengativa extremista Lorena Fries ingresó a Contraloría tras la derrota de la Nueva Mayoría en la segunda vuelta presidencial. La actual subsecretaria de Justicia, Lorena Recabarren, lo retiró apenas cuatro días después de asumido el nuevo Gobierno.

Aquel programa, como era de suponer, planteaba el reforzamiento de la cacería de "funcionarios de la dictadura" que violaron los derechos humanos, ignorando todas las vulneraciones a las libertades individuales que, a diario, sufren miles de ciudadanos.

Lo escandaloso de su plan es que tenía un costo sin respaldo de $90 mil millones, una inversión muy superior a la asignada por Bachelet al SENAME, y lo envió a la Contraloría ¡cinco días antes de irse!

Esta mañosa maniobra fue la que originó el enfrentamiento, a gritos y empujones, en la sala de la Cámara entre los 'honorables' Jiles (Humanismo/FA) y Urrutia (UDI).

Recabarren presentará otro plan que incluye la protección de los derechos de todos por igual y no sólo los de los sirvientes de la Unidad Popular.

Fiel a su conducta, la ex subsecretaria Fries calificó de "grave" el retiro de su programa y consideró que al suyo "no hay que hacerle modificaciones"…

Entre el 11 y el 26 de marzo, ministerios y otras reparticiones públicas retiraron reglamentos, bases de licitaciones, nombramientos, contrataciones y convenios, entre otras resoluciones y decretos, que fueron enviados discretamente durante el periodo presidencial anterior.

De los 405 retiros, 383 corresponden a solicitudes directas de los distintos ministerios, mientras que 22 fueron tramitadas por otros organismos públicos, como Carabineros, Ejército y el Servicio de Impuestos Internos.

El MINSAL retiró 33 actos administrativos, en su mayoría sobre programas de reforzamiento de atención primaria, y paralizó el financiamiento de los Servicios de Alta Resolución (SAR).

Desarrollo Social -antes, en manos comunistas-- fue la cartera que más decretos y resoluciones frenó, 147, y que se refieren a bonos y financiamientos públicos sin respaldo.

Desde la Subsecretaría de Educación, en tanto, se retiraron 75 decretos y resoluciones relativas, entre otras materias, al pago de subvenciones…

Justicia, lo primero que hizo fue retirar el decreto de nombramiento del ex fiscal Luis Toledo, persecutor que de partida eximió de culpa al hijo de la ex Presidenta en el caso Caval, y que, en recompensa, fue mañosamente designado notario de San Fernando.

Otros ministerios que instruyeron el retiro de actos administrativos fueron los de Agricultura, Hacienda, Economía, Deportes, Vivienda, Obras Públicas, Defensa, Medio Ambiente, Minería, Relaciones Exteriores y Transportes.

En su mayoría, esta 'herencia' dejada por el anterior Gobierno en Contraloría, tiene directa relación con gastos para las cuales no hay fondos disponibles, dado el crítico estado en que Chile Vamos recibió la caja fiscal.

En respuestas a las denuncias de la supuesta acción de una "motosierra", hay que dejar en claro que no pocos de estos decretos retirados en las primeras semanas de Gobierno, tras su revisión, ya fueron reingresados a la Contraloría.

Eran los menos dañinos y los que no apuntaban, adrede, a incrementar el gasto público.

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