EL ENGAÑO Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

April 21, 2018

 

VOXPRESS.CL.- Fruto de la ignorancia y del mal hábito de legislar políticamente, el 'progresismo' está al borde de sacarse los pelos de rabia a causa de la determinación de médicos ginecólogos de negarse a practicar abortos por supuestas violaciones.

 

En algunas clínicas, la negativa se hizo general, e incluso hay ciudades, como Osorno, Huasco, Natales, Panguipulli y San Fernando en las cuales ningún especialista está dispuesto a practicar ese tipo de aborto.

 

Como la negativa de los profesionales se ha extendido a hospitales públicos, el PS encabezó una cruzada para interpelar al ministro de Salud, Emilio Santelices, y citarlo a la comisión respectiva en la Cámara.

 

Arguyen sus parlamentarios, en especial Fidel Espinoza y José Luis Castro, que con dicha actitud se vulnera la Ley de Aborto por Tres Causales, que el 2017 aprobó el Congreso. El primero de ellos manifestó que es "un atentado a las mujeres, quienes tienen  el derecho a abortar y es desconocer la voluntad de  una mayoría de chilenas".

 

Jamás se ha hecho un catastro respecto al número de habitantes femeninas en disposición de abortar; por tanto, esa supuesta "mayoría" a que alude Espinoza es una apreciación de los parlamentarios, por lo que se ignora a cuántas  representa.

No deja de ser decidor  que la negativa de los médicos se reduzca sólo a una de las tres causales consideradas en la ley, la de violación.

 

Los diputados del PS, paladines del aborto libre junto a sus colegas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, consideran que "un funcionario de la salud pública no puede negarse a cumplir la ley", aduciendo que "para eso se les paga con dinero de todos los chilenos". Intencionadamente, los parlamentarios eluden la radical diferencia entre  practicar un aborto y realizar una cirugía.

 

Con el respaldo de Colegios Médicos Regionales, las mujeres que solicitan "una interrupción del embarazo por violación" (…) son trasladadas gratuitamente a servicios donde hay profesionales sin objeción de conciencia.

 

En el sector público, la cifra de objetores de conciencia es casi insignificante respecto del número de profesionales en los servicios de salud.

 

Sin embargo, el punto de inflexión no radica en que los médicos "pagados por todos los chilenos" no pueden, por su dependencia económica, negarse a realizar abortos. Ése es un racionamiento  banal, fruto de intereses políticos pequeños.

 

El dilema no apunta al ejercicio profesional, sino a la objeción de conciencia acerca de una causal tan cuestionada y engañosa como es la violación.

 

Por definición, conciencia es "el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, estados o actos". Agrega que "se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones".

 

Dicho concepto ejemplifica que "una persona de conciencia recta no comete actos socialmente reprobables, como es el aborto".

 

A su vez, la objeción de conciencia  es "la razón o argumento de carácter ético o religioso" que una persona aduce para incumplir u oponerse a disposiciones oficiales".

 

La definición universal de violación es "realización del acto sexual forzado, en el que hay penetración mediante la fuerza o la intimidación". O sea, la víctima es sometida a mantener relaciones en contra de su voluntad.

 

Dada esta descripción universal, un embarazo por violación es originado  por  un delito, y tiene que manejarse como tal.

 

Esto, sin mediar una ley, era lo que ocurría en Chile hasta antes de esta norma de las tres causales: la agredida era trasladada por la policía al IML, donde se le practicaba un raspaje. Era imposible un embarazo, eventualidad que podía producirse sólo si la afectada no hacía la denuncia y, por vergüenza, guardaba silencio sobre el ataque.

 

Ni técnicamente ni conceptualmente puede establecerse una asociación espontánea entre violación y embarazo, como, por ignorancia y autoengaño, lo fijaron los legisladores.

 

Es una burla a la ciencia y al resto de la sociedad que una mujer embarazada,  con varias semanas de gestación, se presente a un centro hospitalario,  pidiendo un aborto aduciendo una violación, la que, además, no consta a la Justicia.

 

Se trata de 'violaciones consentidas' por una excitación pasajera o por un estado de aturdimiento por ingesta alcohólica o de drogas. Es, derechamente, un engaño insertado en la ley, ante el cual un profesional tiene el derecho absoluto a oponerse.

 

Esta objeción de conciencia, incluso corporativa, no se da en los casos de riesgo de la madre y de inviabilidad fetal, porque en éstos no es posible la trampa, como en la violación (simulada).

 

Las mujeres chilenas, en su generalidad,  son nobles y honestas, de ahí que resulta inaceptable que estos legisladores se refugien en sus faldas para atribuirse una aparente e incondicional representación de ellas.

 

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