UNA REALIDAD INDESMENTIBLE
VOXPRESS.CL.- Da gusto escuchar a autoridades que se animan a exponer públicamente hechos veraces, infinitamente comprobados, pero que por conveniencia o temor, el resto lo calla o lo elude.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, sin pelos en la lengua, afirmó que "la mayoría de los magistrados que fallan en la Justicia chilena son de izquierda".
Su reflexión no la hizo en un contexto político, pero es una certeza que permite explicar la vertiginosa izquierdización en los tribunales.
El ministro Larraín, en el marco del Consejo Programático de la UDI, anunció que el Gobierno aspira a una serie de modificaciones en el Poder Judicial, sobre todo en la actual "y subjetiva" designación de los jueces. "Debido al modo de nombramientos ---dijo--, la mayoría de los magistrados es de izquierda, porque hemos tenido 4 años de Gobierno de centroderecha y 24, de izquierda. Como son los ministros de Justicia quienes los designan, el resultado es dos más dos".
Para Larraín, la solución es tener "un mecanismo de designación público, transparente y fundada en el mérito".
Aunque, para variar, políticamente mal interpretada, la suya fue una deducción procedimental y técnica acerca de una metodología secreta y arbitraria.
La más contundente prueba de esta real mayoría de jueces de izquierda es el hecho de que, por mayoría de sus pares, el actual presidente de la Suprema, Haroldo Brito, es un 'progresista' de los duros, reconocido activista de su gremio y quien, hace años, dio la pauta para que la Academia de Formación Judicial sea el sitio donde se adoctrina políticamente a los postulantes a magistraturas.
Sólo él, y no el Pleno de la Suprema, fue consultado por el vocero de la Corte, Milton Juica, para responder en tono insolente al ministro Larraín. No se olvida que siendo alumno de Derecho, Juica se ayudaba en sus estudios voceando en las calles El Siglo, periódico del PC.
Siendo juez, Brito pudo, y debió, enviar a la cárcel por desfalco a un dirigente nacional del fútbol, pero buscó resquicios para no condenarlo por haber sido interventor de un banco, como delegado de la Unidad Popular.
Durante el Gobierno anterior, hubo decisiones judiciales que superaron todos los márgenes de tolerancia en cuanto a arbitrariedad, y la población se tragó argumentos leguleyos que ni remotamente pudieron maquillar el proceder parcial en todos los escalafones del sistema.
Así como opera hoy la 'institucionalidad' de la Justicia, es obvio que se dicten frecuentes sentencias 'cargadas' políticamente. La carrera judicial se juega en las hojas de vida de cada juez y si un fallo no satisface a un superior, el futuro ascenso profesional queda automáticamente cuestionado.
De ahí que la izquierdización de la Justicia hoy se da en todos los estamentos en forma piramidal.
La población aún no entiende cómo un ministro de Estado ---Rodrigo Peñailillo-- que públicamente reconoció un primer delito de copy paste para cobrar dinero a un empresa y un segundo delito de violación a la ley de aportes a las campañas, al entregarlo al comando presidencial de Michelle Bachelet, ni siquiera haya pisado un tribunal.
Todavía peor, cuando, no siendo ministro, fue interrogado no se informó públicamente de ello y se le facilitó ingresar secretamente al estacionamiento de la Fiscalía para que se ocultase. Ante la misma instancia, a un dirigente opositor se le expuso a la violencia política…y fue condenado.
Pese a que ejecutivos de OAS, la misma empresa brasileña que coimeó a Rousseff y Lula, reveló haber violado la ley chilena para ayudar a Marco Enríquez, la Justicia no lo condenó, al igual que a su ex padrastro, Carlos Ominami, quien reveló que parecía no tener más expectativas que ir a la cárcel, pero, sorpresivamente, se informó en el tribunal que sería sobreseído…por la prescripción de su delito.
Claramente, no fueron pocas las conexiones del Ejecutivo con jueces en la administración anterior, y varios funcionarios y parientes del Gobierno socialista quedaron libres de polvo y paja, ya sea por corrupción o variados delitos por malas prácticas.
Como funciona hasta hoy, es imposible garantizar ecuanimidad en el sistema judicial. En el caso de los fiscales, éstos no disimulan públicamente sus inclinaciones ideológicas y hasta se prestan para irregularidades, como Luis Toledo, el frustrado notario de San Fernando.
Es larga la lista de sentencias en que los juicios parten condicionados por la sensibilidad política de los magistrados. Todo Chile sabe lo ocurrido con, al menos, dos procesos que involucran a los subversivos comunistas en La Araucanía: sin culpables.
El escenario tiene una lógica, como lo explicó el ministro de Justicia, pero, al margen, es de una parcialidad descarada, con la que nunca nadie soñó que llegaría a suceder. No existen fórmulas para extirpar al 'progresismo' desde los tribunales, porque dicha ideología ya se enquistó en ellos.
La designación pública y exclusivamente por méritos es, apenas, un amortiguador que, eventualmente, puede frenar algo el planificado aluvión izquierdista en la magistratura, pero es imposible recuperar su imparcialidad, el motor de la Justicia en el mundo.