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LA OBSTRUCCIÓN COMO PARTE DEL LEGADO

April 14, 2018

 

VOXPRESS.CL.- Días atrás, el Gobierno de Chile Vamos cumplió un mes en el poder y, aún en ese plazo más que prudente, no ha podido instalarse en su totalidad: una mayoría de cargos de confianza, sobre todo en las Regiones, continúa en manos de la Nueva Mayoría, cuyos funcionarios se niegan a entregarlos.

Los pocos despojos humanos del bacheletismo anunciaron la puesta en marcha de un think tank (centro de estudios) para "defender y propagar" el legado de la ex Presidenta.

Parte activa de este discutible legado es una de las última instrucciones que la ex Mandataria transmitió a los partidos de la Nueva Mayoría antes de entregar el mando: "hay que obstruir lo más que se pueda la gestión de Piñera".

Es de conocimiento que dicha incitación fue asumida de inmediato por el PC y el PS, al negarse a participar en las comisiones sectoriales de trabajo a que invitó La Moneda.

Ahora, en la primea reunión general de Intendentes con Interior en La Moneda, se conoció que 600 cargos de confianza en dichas reparticiones se mantienen en poder de la Nueva Mayoría, en especial de militantes del PS. Se trata de jefes de servicios, jefes de gabinete, asesores 'técnicos' y jefes de comunicaciones en un buen número de los gobiernos  regionales.

La Intendencias son la representación oficial política y administrativa de la Presidencia en cada una de las Regiones.

Si bien la renuencia de los enemigos del régimen a salirse de en medio era cosa sabida, dada la vergonzosa política de 'apernamiento' ordenada por Bachelet, es de una inmoralidad sin límites negarse a entregar puestos de exclusiva confianza.

Hace un par de semanas, la senadora/símbolo de la DC, Yasna Provoste, inventó y divulgó el concepto de 'motosierra administrativa' para criticar las solicitudes de renuncias a funcionarios de confianza en servicios públicos de Regiones, pero calló respecto a la inmoralidad de quienes rehúsan hacer entrega de ellos.

Previo a la transmisión del mando de Piñera a Bachelet en marzo de 2014, el Gobierno saliente envió un instructivo para que todos los funcionarios designados por dicha administración, renunciaran. Así se hizo. Incluso, en la Secretaría de Comunicaciones de Gobierno, en La Moneda, una profesional aguardó para entregar la oficina a   los designados por la Nueva Mayoría, los que en tropel  se pelearon los mejores puestos de trabajo.

La obstrucción ejercida por funcionarios opositores regionales, significa que la instalación del nuevo Gobierno en ese sector público apenas sea de un 20%. Se estima en 600 el número de profesionales que no han podido asumir en sus puestos de exclusiva responsabilidad de los Intendentes.

En La Araucanía sólo 20 personas han logrado hacerlo entre 150 puestos de confianza.

En Magallanes el recambio alcanza el 17%, ya que de los 150 cargos, solo 25 han podido ser ocupados. En Arica esperan a sus nuevos dueños 55 puestos.

Entre los 'apernados' hay  quienes se autodefinen como "asesores técnicos", pero son simples operadores políticos que nada aportan al servicio público, ni menos ayudarán al Gobierno. También hay jefes de comunicaciones, una labor particularmente sensible, pues es imposible correr el riesgo de entregar esa misión a  quienes, para obstruir,  difundan informaciones sesgadas o falsas.

La Intendenta de Coquimbo,  Lucía Pinto, comentó haberse reunido con  funcionarios nombrados por la anterior administración --por cuoteo, todos PPD y DC--  para abordar su situación, y la mayoría de ellos le respondió que sólo se irían si les pagan las indemnizaciones.

Los funcionarios 'apernados' se amparan en recientes dictámenes y cambios legales que dificultan las desvinculaciones.

Este paquete de nuevas medidas de protección laboral en la administración pública se materializó, precisamente,  previendo el escenario actual. El camino para las nuevas autoridades no es otro que la solicitud de renuncia, pero ésta va acompañada de la judicialización como consecuencia, lo que implica importantes desembolsos para un Fisco que ya debió apretarse el cinturón en US$ 600 millones por estar en cero las finanzas públicas.

El antiguo método de 'congelar' a los funcionarios adversarios en oficinas aisladas y sin trabajos que realizar, fue desechado por el alto costo de mantener a una planta pasiva.

Como es una utopía apelar a la moral y a la ética de quienes encarnan a uno de los Gobiernos más corruptos que se recuerde, en el Ministerio del Interior terminó prevaleciendo la idea de que no existen fórmulas amistosas ni intermedias para convencer a estos 'apernados' que no es racional ni bien visto que se sientan de confianza de un Gobierno que no les tiene ninguna confianza.

Increíblemente, a ellos la fecha del 11 de marzo nada les dijo. Son fieles al legado de la obstrucción.

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