¿PUEDE OBLIGARSE A UN PAÍS A DIALOGAR?


VOXPRESS.CL.- Concluidos los alegatos de Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resulta indispensable separar la paja ---la ofensiva política de Evo Morales-- del trigo --materia sobre la cual tendrá que decidir el tribunal.

Por la insolente ofensiva del Presidente boliviano, tanto la población chilena como la boliviana han entendido que en este juicio se halla en juego una salida al mar soberana para el vecino altiplánico.

Esa aspiración la clausuró la propia CIJ el año pasado, cuando reconoció categóricamente la validez del Tratado de 1904 y que no tenía elementos ni facultades para entrometerse en él.

Ante aquella imposibilidad, los jueces le sugirieron a Chile que se sentara a conversar con Bolivia respecto del tema, pero sin vincular el desenlace del hipotético diálogo con un cambio al Tratado de 1904.

Fue un modo de que Bolivia pudiese llevarse un premio de consuelo, tal como falló en la demanda limítrofe del Perú, al cual le dio millas marinas económicas exclusivas que antes fueron de Chile.

La CIJ sólo se pronunciará acaso obliga a Chile a conversar con Bolivia. En caso de ser ése el desenlace, nuestro país deberá asumir la decisión de hacerlo o no y de cuándo y cómo.

Morales no le pidió concretamente a la CIJ mar para su país. Su campaña interna y externa, atentatoria contra la historia y la integridad de Chile, no representa a Bolivia en su conjunto: tiene una finalidad política para revertir el rechazo de un 80% de sus ciudadanos que, mediante el voto, rechazaron que se presentase a una nueva reelección. Es tan frágil e ilegítima su posición que debió recurrir al dictador venezolano Nicolás Maduro, socialista como él, para que le diera su respaldo.

Sabe que está solo y que la única vía de aglutinar tras suyo a la población boliviana es aventar una utópica salida al mar a costa de Chile.

El fallo de la CIJ sobre esta supuesta obligación de Chile de sentarse a conversar hay que aguardarlo con prudencia e incluso sin descartar las sospechas sobre las ideologías de algunos jueces. Si bien la sentencia no quitará ni dará mar a nadie, puede originarle algún tipo de daño a la imagen de nuestro país.

Si el tribunal ordena una obligación simple de conversar será un estímulo para que Morales fortalezca su personal campaña, pero si dicha obligación debe ser "de buena fe", como pide Bolivia en su demanda, significa que en todas sus actuaciones precedentes en este tena, se le supone a Chile haber actuado de mala fe, y eso es una afrenta inaceptable, aunque provenga de un tribunal internacional.

"Obligación" es "forzar a hacer algo" y puede tratarse de una imposición legal o de una exigencia moral. Por la existencia del Tratado de 1904, Chile no tiene compromiso moral alguno con Bolivia, de forma tal que esta vía hay que descartarla del fallo de la CIJ.

En cuanto a una eventual obligación legal --que emana de una autoridad jurídica--, el Derecho establece que puede ser un vínculo que lleva "a hacer" o a "abstenerse de hacer algo, fijado por la ley" o por una normativa.

Más claro imposible: no existe una ley que obligue a Chile y el Derecho le otorga la opción de abstenerse de cumplir una eventual imposición de dialogar.

Para acentuar estos conceptos que pondrán en jaque la imparcialidad de los jueces de la CIJ, uno de los más contundentes argumentos del equipo jurídico que abogó por Chile es que una sentencia que lo obligue, vulnera --ni más ni menos-- la libertad de determinación de los Estados, un

postulado intransable en la historia de los pueblos.

Si esta vez --y no como en la anterior-- la CIJ no recurre a un subterfugio para dejar contenta a la parte sin razón, debería prevalecer la certeza de que Chile no puede ser obligado a dialogar.

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