¿QUÉ TAL UN 'NUNCA MÁS'?
VOXPRESS.CL.- Nadie, ni siquiera un amplio sector de la izquierda, imaginó el patético final del Gobierno de Michelle Bachelet.
No hay recuerdos de un término de administración más bochornoso y desvergonzado que el protagonizado por la anterior.
Se le criticó su frenesís de última hora en el envío de proyectos de ley al Congreso, no en un gesto de utilidad para el país, sino en beneficio propio con la finalidad única de engrosar un imaginario legado de sus obras. Incluso, prometió escribir un libro, destacándolas.
Manejó los tiempos para incidir en la Justicia y evitar que el juicio a su nuera e hijo no reventara durante su mandato, sino finalizado éste. Protegió sin rubor a correligionarios y parientes y favoreció con descaro a amigas y amigos.
Desconcertad, la ciudadanía no se explicó cuál fur la poderosa razón para que un oficial cuestionado y, por su mando, responsable de actos dañinos para su institución, se mantuviese en su cargo de General Director de Carabineros.
Todo ello parecía más que suficiente para recordarla cono una muy mala Presidenta, pese a que su entorno se empeñó en convencerla de lo contrario. Casi como una burla se percibió la gran fiesta de despedida en La Moneda, donde el tema central fueron la autorreferencia y el autoelogio.
No obstante, estaba por venir lo peor de lo peor: la escandalosa designación de un notario en retribución por haber ayudado a Sebastián Dávalos en la investigación por Caval; el asqueroso engaño por una supuesta firma de un misterioso decreto que ordenaba el cierre del penal de Punta Peuco y el hallazgo del ministro de Hacienda de que la deuda fiscal es de US$ 1.100 millones superior a lo informado por su antecesor Nicolás Eyzaguirre.
Se trata de episodios que revelan el modus operandi en actuaciones de la ex Presidenta y su equipo.
Es oportuno recordar cuántas veces la propia ex Mandataria recurrió al concepto de transparencia para enrostrárselo a otros. Ella fue la primera en no proceder de cara a la ciudadanía.
El caso del 'notario a dedo' alcanzó a ser corregido por el nuevo Gobierno, el cual hará la designación mediante un concurso público a vista de toda la ciudadanía.
El ex ministro de Justicia, Jaime Campos (PR) apareció involucrado en dos de estos repudiables hechos. Él envió a la Contraloría General el nombramiento de Alberto Ortega como nuevo notario de San Fernando, pero recibió un llamado de Lya Uriarte, jefa de gabinete de Bachelet, para que lo retirara y en su lugar ingresase a Luis Toledo, ex fiscal del caso Caval y quien eximió de cualquiera responsabilidad al hijo de la entonces Presidenta.
Campos acató de inmediato la orden de su superiora.
En cambio, no habría actuado igual con el supuesto decreto de cierre del penal de Punta Peuco. La activista del PC y hasta el 11 de marzo subsecretaria de dd.hh., Lorena Fries, declaró "haber visto" el decreto de cierre firmado por Bachelet, aludiendo a que no llegó a la Contraloría antes del cambio de mando porque Campos no puso su sello en el documento.
Esto no fue más que una maniobra puntual de la gente más cercana a Bachelet, para que no quedara ante la izquierda como una incumplidora de su palabra. En la semana previa a la entrega de la Presidencia, ella dijo que "aún faltan cinco días", dando a entender que en ese plazo aún podía decretar el cierre del penal. Pero, simplemente, no lo hizo.
La continuidad del recinto carcelario fue conversado no pocas veces en la intimidad del Ejecutivo, siendo resumido, en la víspera del adiós, por el ministro de Justicia, José Antonio Gómez (PR): "por motivos administrativos no existen motivos valederos para cerrarlo".
Este salvataje de la imagen de la ex Presidenta fue discurrido por Fries, ex directora del INDH y perenne perseguidora de los carabineros "represores". En esta sucia treta de última hora --generada el día antes del cambio de mando--, la ex Presidenta no emitió un solo juicio y ni siquiera deslizó una opinión al respecto.
Para salvarla de la decepción que le originó a las incombustibles organizaciones de derechos humanos, Fries, engañosamente, hizo recaer toda la responsabilidad en Jaime Campos, sin reparar en que, sólo horas antes, éste firmó sin chistar el nombramiento de un notario que no era su candidato, exclusivamente por órdenes provenientes de La Moneda.
La defensa de Campos fue un desafío: "muéstrenme el decreto", lo mismo que pidió el presidente del PR, Ernesto Velasco. Lo definitivo es que jamás existió ese documento. Pero lo más inaudito ocurrió entre el sábado y la mañana del domingo de la transmisión de mando en La Moneda, cuando, según confesó el ex ministro, Bachelet le pidió verbalmente ---¡en ese momento!-- que cerrara Punta Peuco.
Campos le respondió que no estaba en condiciones de hacerlo por hallarse fuera del horario de funcionamiento del aparato del Estado.
Lo ocurrido es para no dar crédito al nivel de las que fueron nuestras máximas autoridades.
La coronación de tanta trampa fue la conducta de no revelar, en su momento, al nuevo Gobierno la real magnitud de la deuda fiscal. Éste ya había efectuado estudios urgentes de sus primeros movimientos financieros de acuerdo a la "información oficial" manejada en la reunión de Piñera con Eyzaguirre y, más tarde, entre el nuevo y el anterior ministro de Hacienda.
Eso fue, simplemente, una bajeza, y deja en entredicho la cacareada conquista del Gobierno socialista en cuanto a la gratuidad universal en la educación. A nadie le merece reparos que los pobres no paguen sus estudios ----pero sólo los pobres, no los ricos--, aunque nadie ha podido garantizar hasta ahora que dicho beneficio vaya acompañado de calidad, un derecho tal vez más importante que el anterior.
El punto de inflexión radica en el descomunal costo en la implementación, una mala implementación, de la gratuidad, inversión sin respaldo que comprometió por años al país con una deuda fiscal gigantesca y que hasta se presume impagable.
Al tanto de los vaivenes propios de la política y de las mutaciones de los sentimientos sociales, en un futuro, próximo o distante, el socialismo, el más duro o el moderado, puede llegar de nuevo al poder en el país. Por ello, resulta conveniente, entonces, ir registrando en un archivo los nombres de estos muchos personajes transgresores de una mínima decencia en el servicio público para que nunca más se les considere para ocupar un cargo, aunque sea el de importancia menos significante.